Por: Dionicio Mantilla León
De
que la minería es una de las actividades económicas generadoras de importantes
ingresos al fisco nacional, es verdad; pero, también es verdad, de que un buen
número_ no todas_ de empresas mineras son contaminadoras del medio ambiente y no
cumplen el rol social que la ley les obliga, ni que decir de la minería ilegal
que, en su totalidad, se ha convertido en una suerte de pesadilla para miles de
peruanos pues destruyen la ecología y la salud de los pueblos que tienen la
mala suerte de vivir en las inmediaciones de sus centros de operaciones. Una negativa
realidad que provoca, como es lógico, la protesta de los afectados surgiendo
así conflictos sociales que, lamentablemente, no son atendidos oportunamente
por nuestras autoridades y si lo hacen es para encender aún más la hoguera.
Es
lo que ha ocurrido recientemente en varias comunidades de Ayacucho. específicamente
en donde operan cuatro empresas mineras ubicadas en las provincias de Lucanas,
Parinacochas y Paucar del Sara Sara: las que fueron cerradas de manera
unilateral por disposición de la Premier, Mirtha Vásquez, generando un problema con grandes
repercusiones socioeconómicas en el acontecer nacional y como siempre, días
después, el Presidente de la República aparece declarando, contradictoriamente,
que su gobierno “promueve una minería responsable, moderna y sostenible y
respeta el orden jurídico.” Y, antes que él, el Vice Ministro de Energía y
Minas, Jorge Chávez Cresta, aclarando que el gobierno está dispuesto a otorgar
una prórroga a las operaciones mineras. O sea el mundo al revés: primero se
cierra y luego se busca el diálogo para no cerrar. Una cosa de locos. ¿Empero, cuál fue la raíz del problema?
LOS PORMENORES DEL PROBLEMA
Como es conocido todas
las empresas mineras formales antes de iniciar sus operaciones tienen que
presentar al Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Medio Ambiente su
“Plan de Cierre” por la compresible razón de que es una actividad no permanente
y al acabarse el mineral lógicamente acaban sus operaciones. ¿Y cómo fue el
caso de las 4 minas de Ayacucho? Una de ellas estuvo a punto de cerrar y las
otras persistían en una ampliación del permiso de operaciones. El problema fue
que algunas de ellas, asentadas en cabecera de cuenca, no respetaban la norma
de no contaminación entre ellas Apumayo, afectando las aguas de sus ríos y la
salud de la población esto encendió la chispa que motivara hechos violentos que
desencadenaron en el incendio de las instalaciones de dicha minera.
Para atender este conflicto las
dirigentes de los pueblos afectados pidieron la intervención del gobierno
motivando el viaje apresurado de la Premier. Mirtha Vásquez, quien, sin previa
coordinación, lanzó la solución: ”No habrá ninguna ampliación más para procesos
de exploración y explotación. Vamos a exigirles que terminen y cierren lo más
inmediato posible”. Una declaración que
causó un terremoto político en el sector empresarial privado lo que motivara
que saliera en plan de contención el Vice Ministro de Energía y Minas, el
Presidente de la República y el mismo Congreso de la República que la invitó a
aclarar sus expresiones. Ante este convulso escenario nuevamente salió la
Premier a declarar, pero todo al revés: “Nos ratificamos en lo que hemos venido
sosteniendo el gobierno respeta el estado
de derecho, no hay cierre unilateral”
Considero que temas trascendentes como
el minero debe ser tratado con suma prudencia y capacidad gubernativa siendo el
Presidente de la República el responsable de liderar el equipo político y
técnico orientado a analizarlo y viabilizar su solución antes de que un
representante salga al público, así estaría enterado y no haría lo que él hace hoy:
Dejar toda la responsabilidad a la Premier reservándose para él sólo las
ceremonias protocolares, visitas inoportunas a Chota e incendiarios discursos en mítines. Un estilo
gubernativo que trae consigo este tipo de conflictos que perjudican al país y
producen inestabilidad. Y pensar que existen en ciernes más de 200 conflictos
sociales sin resolver.
La falta de capacidad gubernativa del actual Presidente de la República motiva su gran desaprobación ciudadana que llega al 58 % y es argumento para que el Congreso esté planteando su vacancia. ¿Cambiará este negativo comportamiento? Para bien de la Democracia esperamos que si, de lo contrario, Pedro Castillo podría no llegar a terminar su gobierno.