La lideresa de Fuerza Popular debe comparecer ante el juez Richard Concepción Carhuancho desde las 9:30 a.m., de este miércoles. La fiscalía pide para ella y 11 miembros de su partido 36 meses de prisión preventiva.
Keiko Fujimori durante la audiencia del pasado 17 de octubre de 2018, en la que se anuló la orden de 10 días de detención preliminar, tras haber pasado siete días en la Prefectura de Lima. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Ernesto Arias
Keiko Fujimori enfrenta este miércoles la audiencia en la que se decidirá si se acepta o no la prisión preventiva de 36 meses solicitada en su contra por supuestos aportes ilegales de Odebrecht a su campaña presidencial del 2011, cuando su partido, Fuerza Popular, a traviesa su peor crisis.
La hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) debe comparecer ante el juez Richard Concepción Carhuancho desde las 9:30 a.m., una semana después de ser liberada por la Sala Penal Nacional tras permanecer siete días detenida de manera preliminar por el mismo caso.
La suerte de Keiko Fujimori debía ser resuelta el último domingo, pero su defensa alegó que le faltaban documentos que debió darle la fiscalía y pidió más tiempo para preparar sus argumentos. La petición fue aceptada por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien reprogramó la audiencia para este miércoles. La líder del fujimorismo no está obligada por ley a asistir, pues basta que acuda su abogada, Giuliana Loza, pero se da por hecho de que lo hará, tal como hizo el domingo.
Discurso conciliador
A menos de 24 horas de la audiencia, Keiko Fujimori adoptó un sorpresivo tono conciliador, invocando al presidente Martín Vizcarra, "a las fuerzas políticas y a la sociedad en general" a construir "una agenda de reencuentro nacional", tras haber mantenido una postura beligerante con el gobierno desde la campaña electoral de 2016, que perdió ante Pedro Pablo Kuczynski (PPK)
"Terminemos juntos esta guerra política reconociendo que todos hemos sido parte de ella", declaró Keiko la noche del martes en una conferencia de prensa en el local partidario de la calle Morochucos en Surco.
Keiko dijo que este anuncio lo hacía "más allá de lo que pueda ocurrir mañana en la audiencia", en alusión a un posible fallo que la envíe a prisión preventiva. Enfatizó, al respecto, que quiere "dejar en claro" que "el camino" para concretar su propuesta "es sin condiciones" y lo impulsará con todas sus fuerzas "esté donde esté".
Apartamientos y renuncias
Fuerza Popular quedó sumido en los últimos días en una crisis interna, con el alejamiento de miembros de la bancada parlamentaria. Tanto Keiko Fujimori como sus cuadros de más alta confianza como las congresistas Úrsula Letona y Luz Salgado anunciaron que el partido ingresó a una fase de "reestructuración", cuando cunde una sensación de desbande entre sus legisladores.
“Hemos puesto nuestros cargos a disposición para que por primera vez tomemos decisiones juntos, antes el Comité Político tomaba decisiones en las cuales no hemos participado, pero teníamos que ejecutar los acuerdos”, dijo el martes Letona, vocera de Fuerza Popular. La disposición de los cargos en la cúpula del partido incluye a los asesores Pier Figari y Ana Herz de Vega, las personas más cercanas a Keiko en el partido, y que también están incluidos en la solicitud de 36 meses de prisión preventiva.
A esas turbulencias se suma la decisión del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de distanciarse temporalmente como militante del partido y la renuncia a sus filas del legislador Francesco Petrozzi, quien acusó al grupo político de ser "sectario".
"Presento mi licencia temporal como miembro del grupo parlamentario Fuerza Popular, con el fin de mantener la imparcialidad que ha primado en cada una de mis decisiones como presidente del Congreso", escribió Salaverry en una sorpresiva carta enviada el lunes a la directiva del partido.
Reunión con Vizcarra y cisma liderado por Kenji
La crisis interna saltó a la vista cuando se hizo pública una reunión de cinco legisladores fujimoristas con el presidente Martín Vizcarra la semana pasada, mientras Keiko estaba detenida bajo prisión preliminar. Luz Salgado minimizó el impacto diciendo que en el partido conviven "diferentes posiciones".
Su versión contrasta con la firmeza exhibida en junio contra Kenji Fujimori, hermano menor de Keiko, a quien el Congreso, de mayoría fujimorista, suspendió en junio pasado luego de que éste adoptara una línea disidente.
Fuerza Popular perdió una docena de legisladores desde que llegó al Congreso, en julio de 2016, con 73 representantes sobre un total de 130. Ello le aseguró una holgada mayoría absoluta con la que acorraló al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que renunció en marzo pasado.
Investigación y pedido de prisión preventiva
La fiscalía anticorrupción ha pedido pidió prisión preventiva por 36 meses, el máximo plazo contemplado por la ley, para Keiko Fujimori y 11 dirigentes y cuadros fujimoristas, lo que representa una amenaza para la aspiración de la lideresa de Fuerza Popular a ser candidata presidencial, por tercera vez, en 2021.
El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez la acusa de recibir y encubrir 1,2 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña electoral de 2011.
La petición debe ser resuelta por el juez Richard Concepción Carhuancho, a quien Keiko acusa de estar confabulado con el fiscal Pérez. "La prisión es para los culpables, no para los procesados", expresó el domingo la excandidata presidencial.
En este caso, la Fiscalía acopió testimonios de un "testigo protegido", lo que llevó a Keiko a decir el domingo que "hay un topo en el partido".
El desgaste causado por sus problemas judiciales y una oposición en el Congreso calificada de obstruccionista por la bancada oficialista (Peruanos por el Kambio) y analistas políticos, le pasaron factura en las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre, donde no ganó ninguna de las 25 gobernaciones regionales ni tampoco alcaldías importantes. Cosechó menos del 3% de votos. En las presidenciales de 2016, Keiko obtuvo 40% de los votos.(RPP NOTICIAS)
(Con información de AFP)