El informe Lava Jato. El grupo de trabajo que investigó presuntas coimas y sobornos en funcionarios públicos de diferentes niveles de gobierno halló responsabilidad en los expresidentes Toledo, Humala y Kuczynski, así como en alcaldes Villarán y Castañeda, pero ni siquiera indicios en Alan García ni en Keiko Fujimori.
Después de más de 180 días de investigación, la comisión Lava Jato elaboró un informe cuyas conclusiones se empezarán a debatir en el pleno del Congreso de la República el lunes 5 de noviembre.
El día de la entrega del documento final a la Oficialía Mayor, Rosa Bartra, la presidenta, declaró que el informe refiere que los sobrecostos por adendas, incrementos, nuevos contratos o cancelaciones superan largamente los 3,000 millones de dólares.
A lo largo de 1446 páginas, los miembros de esta comisión han consignado recomendaciones y conclusiones de 11 informes por 11 proyectos adjudicados a las empresas brasileñas y sus consorciadas. En ellas se indica diferentes niveles de responsabilidad en expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, además de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y el alcalde Luis Castañeda; pero se libra al expresidente Alan García y a la excongresista y candidata presidencial Keiko Fujimori.
Proyecto Olmos
Respecto al proyecto de Irrigación, Hidroenergético Olmos, Trasvase e Irrigación; el informe profundiza en los vínculos del expresidente Pedro Pablo Kuczynski a través de su empresa Westfield Capital con la constructora Odebrecht. Reitera que cuando Kuczynski fue ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, suscribió los decretos supremos N° 100 - 2004 - EF y el N°014 - 2006 -EF que beneficiaron a la concesionaria Trasvase Olmos en el proceso de "colocación de bonos corporativos". Además, denuncia que en este proyecto se reconoció irregularmente US$ 50 millones a favor de la constructora investigada hoy por corrupción. Por lo tanto la Comisión recomienda denunciar a PPK por el delito de cohecho pasivo impropio.
Interoceánica Sur
En la obra del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil, el grupo Bartra recomienda acusar al expresidente Alejandro Toledo de los delitos de colusión, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias y lavado de activos. Mientras que a PPK piden imputarle delito de colusión junto al expresidente del Consejo Directivo de Proinversión José Ortiz Rivera y el expremier Carlos Ernesto Ferrero; al exministro Fernando Zavala, cohecho pasivo impropio, al exsocio de PPK Gerardo Sepúlveda.
Para los empresarios Josef Maiman, José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña solicitan indagarlos por lavado de activos. A las constructoras Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao; instan procesarlas por colusión.
Metro de Lima y Callao
En el Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, el informe no recomienda que se le procese al expresidente Alan García, pese a que el documento confirma que sí tuvo 15 reuniones con Jorge Barata y que en el segundo gobierno aprista se emitió el Decreto 032-2009 que favoreció el Tren Eléctico. La pesquisa se limita a presentar solo las declaraciones del líder aprista cuando fue citado. A quien sí recomiendan acusarlo es al exministro Enrique Cornejo por asociación ilícita para delinquir, negociación incompatible y colusión agravada. Mientras que al exviceministro Jorge Cuba por colusión, cohecho y lavado de dinero. Otro imputado es el exsecretario del MTC Jorge Luis Menacho por colusión contra el Estado.
Línea Amarilla
El informe señala que se favorecieron a las empresas brasileñas OAS, en el proyecto Línea Amarilla, y a Odebrecht en Vías Nuevas de Lima.
Según el texto Susana Villarán y Luis Castañeda dejaron de lado los proyectos de mejoras al sistema vial a cambio del financiamiento de la campaña del NO a la revocatoria y beneficios personales, respectivamente.
Se señala que hay evidencias de que la ex alcaldesa de Lima recibió una coima para favorecer a OAS, por lo que recomienda denunciarla por lavado de activos, negociación incompatible, cohecho pasivo y falsedad ideológica.
Respecto a Castañeda, se afirma que incurrió en tráfico de influencias al haber suscrito los contratos de concesión del proyecto línea amarilla (que ha sido observado) y la suscripción del contrato de fideocomiso del proyecto Río Verde Respecto al alcalde Castañeda, sostienen que incurrió en supuesto tráficio de influencias, pues es responsable de la firma del contrato de concesión del proyecto línea amarilla (que ha sido observado) y la suscripción del contrato de fideocomiso del Proyecto Río Verde. Se recomienda denunciar además Guiselle Zegarra, ex gerente de la inversión privada del municipio de Lima, y a José Miguel Castro, ex gerente municipal.
Hospital Lorena
Nadine Heredia encabeza la lista de presuntos responsables de irregularidades en la concesión y construcción del hospital Lorena, en Cusco. Se afirma que junto al ex gobernador regional, Jorge Acurio, recibió una coima de parte de OAS equivalente al 2,5% del valor inicial de la obra ( S/ 197 millones). El costo de la obra se incrementó en 103 millones de soles (52%)haciendo un total de S/ 301 milones.
Centro de convenciones
Recomiendan denunciar constitucionalmente al ex presidente Ollanta Humala por supuesta infracción al principio de buena administración por autorizar a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) encargarse de la selección y y contratación de las empresas que ejecutaron y supervisaron el Centro de Convenciones de Lima
El proceso lo llevó adelante la OIM, por encargo del Ministerio de Vivienda, bajo la modalidad de Convenio por Administración de Recursos para la ejecución del proyecto que tuvo como monto referencial la suma de S/454.9 millones y subió hasta S/499.3 millones. Se afirma que hubo concertación con OAS para que se pague el costo, pese al retraso en la entrega de la obra.
Hidroeléctrica Chaglla
Respecto a la concesión de la obra central hidroeléctrica Chaglla y al supuesto millonario perjuicio ocasionado a Electroperú por la compra de energía a entidades privadas, hallan responsabilidad administativa en el ex ministro de Energía y Minas Pedro Sánchez, y en el ex viceminsitro de Energía y Minas Javier Camac, quien concesionó el servicio a la empresa de Generación Huallaga para que construya la central hidroeléctrica, pese a que no cumplió, dicen, con los requisitos exigidos. Pero ni él ni otros funcionarios cumplirían unaa pena, pues los delitos en que habrían incurrido ya prescribieron.
Chavimochic
En la edificación del proyecto Chavimochic III Etapa, la investigación recalca que el Gobierno Central y el Regional de La Libertad priorizaron ejecutar la obra a través del DU N° 047-2008. En ese sentido, la comisión Bartra insta a la Fiscalía a investigar al exgerente del proyecto Huber Vergara Díaz, por delitos contra la administración pública en su modalidad de colusión; y a Edilberto Ñique Alarcón, Kenny Eduardo Heredia García y Miguel Orlando Chávez Castro por usurpación de funciones. La indagación también puntualiza que hubo una deficiente elaboración de las bases y el contrato de la concesión de esta obra, generando la paralización de la construcción y un perjuicio al Estado ascendente a US$ 222´100.958.90.
Gasoducto Sur
La Comisión Lava Jato concluye que en el proyecto de Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano se favoreció ilegalmente a Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, Camargo Correa y sus consorciadas. El oficio presume que el esquema se coordinó en la reunión que tuvieron el expresidente Ollanta Humala, Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luis Mameri en Palacio el 28 de marzo del 2012. En ese sentido, recomiendan acusar al líder nacionalista por colusión simple y agravada; a la exprimera dama Nadine Heredia, por lavado de activos y tráfico de influencias; al exministro de Economía Luis Miguel Castilla, por colusión agravada, y al exministro de Energía y Minas Jorge Merino, por lavado de dinero.
Alto Piura
En la obra de Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura, la Comisión Lava Jato no acusa a nadie. El argumento que alega el informe es que no pudieron investigar la última etapa del proyecto correspondiente a la incorporación del consorco Obrainsa - Astaldi, por no ser empresa brasileña, ni consorciada. Esto limita, según el oficio, la posibilidad de realizar un análisis. Cabe recordar que este proyecto fue iniciado entre las décadas de los 80 y 90, y se reactivó en 2005 durante la gestión del entonces presidente regional César Trelles Lara. Pese a que la obra data del 2010, año en que el proyecto se licitó en la gestión de Trelles sin contar con un expediente técnico definitivo, la indagación del Congreso no revela delitos.
Mywebday y Drousys
La pesquisa identifica que a través de estos sistemas operativos, Odebrecht operó con mecanismos informáticos que "permitieron eludir los controles estatales para pagar coimas" y así lograron adjudicarse de concesiones y disponer del dinero público destinado para las obras de manera discrecional. "Las acciones realizadas mediante la creación y la introducción en el Perú de los sitemas informáticos Mywebday y Drousys podrían haber quebrantado lo establecido en el artículo 8 de la ley 30096, Ley de Delitos Informáticos". No obstante, la Comisión precisa que tiene evidencias de que más allá de abril del 2016, el sistema Mywebday todavía continuaba operando en el Perú. Detalla además que este esquema fue originado en Estados Unidos.(la república)