“Olvídate de tu hermana, de tu hermano, de tu cuñado”, le dijo a Teresa Ávila, hermana de la desaparecida.
“Tenemos derecho a discrepar e impugnar resoluciones”, reclamaba la CNDDHH en documento de 2009 que hoy toma vigencia.
Las nuevas pruebas de compra de testigos que relacionarían al expresidente Ollanta Humala Tasso con el presunto pago de sobornos en el caso Madre Mía, donde fue acusado de desaparición forzada y asesinato de una pareja de convivientes en 1992, toma un giro inesperado.
Incluso estas pruebas –presentadas en audios– han provocado que el juez supremo César San Martín saliera a defender el archivamiento definitivo del caso Madre Mía, lo cual se dio precisamente en diciembre de 2009, cuando presidía la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema y a descartar cualquier tipo de acuerdo bajo la mesa.
Y es que el proceso judicial seguido contra el expresidente Humala Tasso, quien fuera jefe de la base antisubversiva de Madre Mía en 1992, cuando tenía el grado de capitán del Ejército peruano, ameritaba explicar la desaparición forzada de Natividad Ávila y Benigno Sullca pobladores de esta región del Huallaga, en la selva nororiental del Perú. Sin embargo, se archivó.
No solo eso, sino que es preciso recordar que en noviembre del 2009 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) emitió un informe detallado denominado ‘Violaciones de los Derechos Humanos en el Alto Huallaga: El caso de Madre Mía y la responsabilidad de Ollanta Humala’, un documento que a estas alturas resulta necesario citar.
Más aún cuando Ana María Vidal, secretaria ejecutiva adjunta de la CNDDHH, adelantó que en mayo de este año el caso Madre Mía será expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia programada en Buenos Aires. Esto luego de recordar que en el año 2010 se presentó un recurso ante la citada instancia supranacional.
La CNDDHH acogió la denuncia de los familiares de las víctimas, la hermana de la desaparecida Natividad Ávila, y la hija de esta última y del también desaparecido Benigno Sullca, que en su momento reconocieron al entonces candidato presidencial, Ollanta Humala Tasso, como el jefe de la base militar, ubicada en el pueblo del mismo nombre, que dispuso la captura de sus familiares y su posterior desaparición.
¿QUÉ TRAE EL INFORME?
La historia se remonta a la madrugada del 17 de junio de 1992, cuando una patrulla militar llegó al caserío de Pucayacu, en Nuevo Progreso (Tocache), a 10 minutos de Madre Mía: un grupo fue a la casa de Jorge Ávila y se lo llevó; otro secuestró a Natividad y su esposo, Benigno, en presencia de sus hijos.
Carmen Luz Ávila relató, paso por paso, el calvario que ha perseguido a su familia desde esa imborrable noche. Al día siguiente, los hijos de su hermana y la esposa de su hermano le contaron lo sucedido. En ese momento Carmen recordó que tan solo un día antes estuvo en la base de Madre Mía, buscando al “capitán Carlos”
Cuando Carmen fue a la base a indagar por sus hermanos, el capitán le preguntó por los “mandos” de Sendero Luminoso en Pucayacu. Ella le respondió que ya no había, entonces él le advirtió: “olvídate de tu hermana, de tu hermano, de tu cuñado”.
A los pocos días apareció Jorge, asustado, con huellas de haber sido maltratado. Les confirmó la detención de Natividad y Benigno pero les dijo, también, que muy probablemente habían sido asesinados y lanzados al río.
Más de un testimonio ha señalado que este sargento reenganchado conocido como “Huaringa” fue el encargado de hacer cumplir las órdenes del “capitán Carlos”, y era considerado como su mano derecha. Sin embargo, no se ha podido identificar a esta persona hasta la fecha.
Las declaraciones de los testigos reservados permitieron conocer el seudónimo de uno de los suboficiales, que –de acuerdo con sus versiones– fue el de mayor confianza del “capitán Carlos”, aquel que ejecutaba todas sus órdenes sin dudas ni murmuraciones: el citado sargento “Huaringa”. Él participó en el operativo para detener a Benigno Sullca y los hermanos Natividad y Jorge Ávila.
SE RETRACTAN
El fiscal mixto provincial de Tocache, Arturo Campos Vicente, se encargó de investigar los cargos. Realizó una serie de diligencias, recogió los testimonios de los agraviados, de familiares y testigos, del propio Humala, pero, además, la versión de exsoldados que estuvieron bajo su mando y que confirmaron su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos
Extrañamente, en junio y julio, tanto Jorge Ávila como el testigo R-172 se retractaron de sus declaraciones. Ávila ratificó su denuncia sobre torturas y maltratos, así como sobre las ejecuciones de su hermana y su cuñado, pero relevó a Humala de toda responsabilidad.
Curiosamente, cinco meses antes advirtió que habían intentado sobornarlo para que cambiara su manifestación.
Tras seis meses de diligencias, a mediados de agosto, el fiscal resolvió denunciar penalmente a Ollanta Humala por los delitos de desaparición forzada y homicidio contra Natividad Ávila y Benigno Sullca, así como lesiones graves e intento de asesinato de Jorge Ávila Rivera. El expediente pasó al Cuarto Juzgado Supraprovincial de Lima, a cargo de la jueza Miluska Cano.
Dos semanas después la magistrada ordenó la apertura de instrucción al considerar que había elementos suficientes para realizar una investigación más profunda. Tanto así que dictó una orden de comparecencia con impedimento de salida del país, y una caución de 20 mil soles.
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
En septiembre de 2006 Ollanta Humala dio su declaración instructiva, ratificando su inocencia ante el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial para Casos de Terrorismo. Si bien admitió haber usado el apelativo de “capitán Carlos”, afirmó no haber ordenado ni participado en ningún tipo de violaciones a derechos humanos. Aseguró que las denuncias respondían a una persecución política por haber participado en la contienda electoral (Expediente 25-2006).
Además, si bien en esta etapa del proceso Jorge Ávila y dos exsoldados que eran testigos reservados, persistieron en retractarse de sus denuncias iniciales, otros mantuvieron sus versiones iniciales, como el testigo reservado CHR-20, y los otros familiares de las víctimas.
Es el caso de Teresa Ávila, quien se ha mantenido firme en su denuncia primigenia no obstante que le habían ofrecido 20 mil dólares para comprar su conciencia, según su testimonio desgarrador publicado en El Comercio.
POR 4 MIL DÓLARES
El 25 de agosto de 2006 María Sullca Ávila –hija de Natividad y Benigno– presentó un escrito ante la fiscal superior coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y las Fiscalías Supraprovinciales, denunciando que cuatro días atrás Rubén Gómez Reátegui se acercó a ella y a Teresa Ávila para proponerles que se retractaran, como había hecho Jorge Ávila. Relató que Gómez les aseguró que por su retractación le habían pagado 4 mil dólares.
En agosto de 2008, es bueno recordar, el Cuarto Juzgado dio por concluida la etapa instructiva del proceso, tras haberse cumplido los plazos de ampliación otorgada, y envió el expediente a la Primera Fiscalía Penal Nacional, la que, inexplicablemente, no halló argumentos para que se abriera juicio oral y no formuló acusación.
Y, como corolario, a inicios de mayo 2009, la Sala Penal Nacional archivó definitivamente el proceso iniciado por la desaparición de Natividad Ávila y Beningno Sullca, así como por las lesiones sufridas por Jorge Ávila. Esa es parte de la historia.
Luego, no obstante la denuncia de compra de testigos en esos años, la Sala Penal Nacional archivó el caso Madre Mía, argumentando que no había pruebas suficientes para pasar a juicio oral porque algunos testigos se retractaron. Ignoraron las declaraciones que se mantienen firmes en la responsabilidad de Humala. La Corte Suprema tendría entonces la última palabra.
Casi tres años duró la investigación fiscal e instructiva por la desaparición de Benigno Sullca y Natividad Ávila, así como por las torturas contra Jorge Ávila.
Fueron tres años en los que, día a día, los familiares reavivaron sus esperanzas de justicia, pero que culminaron con la impunidad: El 27 de abril de 2009 último la Sala Penal Nacional, presidida por la jueza Jimena Cayo, archivó el caso.
En esta primera etapa del caso Madre Mía, que reseña la CNDDHH, se conocen de once casos de violaciones a derechos humanos cometidas por personal de la base de Madre Mía durante 1992. Se trata de seis desaparecidos y cinco pobladores torturados, maltratados y humillados por orden del “capitán Carlos”. Y no pasó nada en el sistema de justicia.
En la última campaña electoral de 2011 el caso se reabrió, con resultados similares. Esta ya es otra historia.
CASO JORGE ÁVILA
Tres meses después de que Jorge Ávila asegurara que Ollanta Humala era el jefe de la base de Madre Mía que ordenó su detención y tortura, así como la de sus familiares, se retractó: reafirmó los vejámenes sufridos, pero sostuvo que dicho oficial no fue responsable. Unos días más tarde, refaccionó su vivienda y su esposa pagó 1,600 dólares por una mototaxi, dice la CNDDHH.(el comercio)
ERICK SÁNCHEZ NORIEGA