Escribe: Sigrid Bazán
“No me mezclen en coimas de gente sin moral” dijo Alan.
Alan García fue jefe de Estado por primera vez en medio de violaciones a los derechos humanos y abusos que quedaron impunes. Tomemos el caso de Cayara en el 88. ¿Qué pasó? Los testigos fueron sospechosamente asesinados y la Comisión del Senado encargada de investigar los crímenes terminó más bien negándolos. Solo Javier Diez Canseco y Gustavo Mohme Llona discreparon valientemente con este informe.
Este caso volvió a tocarse en el año 2005, pero la fiscal que presentó el caso denunciando a Alan García, a cuatro ex senadores y a 119 militares fue removida de su cargo. Su sustituta, Miluska Cano, excluyó a García de la investigación.
En el 86 estuvo El Frontón y la historia es bastante conocida. Esta vez el apoyo del fujimorismo en Cambio 90 fue crucial. El caso también intentó reabrirse numerosas veces, pero la Fiscalía y el TC impidieron que haya un cierre definitivo y el tema prescribió.
¡Qué decir de los años noventa! La denuncia por enriquecimiento ilícito en el año 92 con el caso del BCCI, la compra de los aviones Mirage, el desequilibrio patrimonial. En el 94, lo mismo con denuncias por colusión ilegal, negociación incompatible, cohecho pasivo… En fin. García viaja a Francia y Colombia hasta que los delitos terminaron prescribiendo, una vez más.
Hace poquito, la nulidad de los informes de la Megacomisión; el caso de los Narcoindultos en donde Peláez Bardales como Fiscal de la Nación terminó archivando todo; Business Track y los Petroaudios con los cambios de fiscales, el borrón de los USB y la desaparición de pruebas… Nuevamente el líder del APRA salía libre de polvo y paja.
El modus operandi está claro. La prescripción de los delitos junto con alianzas en el Congreso –en especial el fujimorismo– han sido las principales formas de escape para quien ahora enfrenta nuevas acusaciones a la luz de la Operación Lava Jato. Quizás una situación parecida enfrentó García en el caso de Sergio Siragusa, empresario que implicó al ex presidente aprista en millonarias coimas por la construcción del Tren Eléctrico en el 93. La prescripción lo salvó entonces y seguramente ahora buscará el mismo recurso.
Pero el contexto actual no es el mismo, ni para el Perú, ni para el Apra. Las confesiones de Odebrecht y Camargo y Correa sobre el pago de sobornos han alcanzado niveles internacionales sin precedentes. La construcción de la Interocéanica Sur y los incrementos de inversión en esta obra, entre otros casos, traerán nuevas luces sobre el destino de García (y de Toledo, Humala, y esperemos que varios más).
El Apra no cuenta con el mismo apoyo político de antes, menos con la misma bancada. Si ya tenemos preso a Alberto Fujimori, por qué no podrían acompañarlo varios ex presidentes más. Estaremos atentos a la justicia.(la república)