Luces y sombras. Medidas obtienen respaldo de hasta 83%. Sin embargo, la aprobación de Kuczynski baja a 35%, 11 puntos menos que en diciembre. No es el único que cae. También ocurre igual con Keiko Fujimori, Verónika Mendoza y Julio Guzmán.
Escribe: Isabel Carreño
El descontento y el pesimismo se han incrementado entre los peruanos y, aunque una gran mayoría está de acuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno –especialmente con aquellas orientadas a frenar los asaltos y la corrupción–, el respaldo popular a Pedro Pablo Kuczynski no pasa por su mejor momento tras seis meses de su mandato.
La última encuesta nacional urbano rural de GfK, elaborada para La República, indica que, entre las medidas dadas por el Ejecutivo, el 83% está a favor de que los celulares robados no puedan volver a ser usados y el 81% aprueba que las empresas corruptas no vuelvan a contratar con el Estado.
La población también respalda que los funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción no puedan trabajar en el Estado (80%), las sanciones para los abogados que busquen retrasar procesos judiciales (77%) y la reducción de la tramitología en la administración pública (73%).
En contraste, la aprobación del jefe del Estado cayó en el primer mes del año. Es así que solo el 35% de los peruanos respalda su gestión, registrando una caída de 11 puntos con respecto al mes anterior. En promedio, la aprobación de Kuczynski en los últimos tres meses es de 44%.
En tanto, su desaprobación se incrementa en ocho puntos y alcanza el 52%.
Por otro lado, los líderes políticos también muestran caídas en respaldo popular; en el caso de Keiko Fujimori pasa de 43% a 37%, Verónika Mendoza de 29% a 26% y Julio Guzmán de 29% a 25% (ver página 4).
El apoyo al gabinete ministerial disminuye y alcanza en enero un 26%; mientras que el 32% aprueba la gestión del presidente del Consejos de Ministros, Fernando Zavala, y el 38% lo reprueba.
El politólogo Eduardo Dargent afirma que existe un desgaste de la política nacional y precisa que también estas cifras responden a una demanda en temas como la lucha contra la inseguridad y el alza de precios.
"En el caso concreto de este gobierno, diría que se parece mucho a los anteriores en su forma de hacer política. Y segundo, existe una demanda muy fuerte en el tema de la criminalidad, a pesar de que es en lo que más está actuando esta gestión", comentó.
Entre otros aspectos, Dargent considera que hay patrones que se repiten como los casos de corrupción, errores y problemas de comunicación de la actual gestión.
En su opinión, la población no responde solo a la idea de la reducción de trámites en el Estado si esto no se traduce en otro tipo de medidas.
La analista política María Cecilia Pérez apunta que la población esperaba medidas de efecto inmediato. "El efecto del caso Odebrecht lo está afectando y en la población existe inquietud. Pero, por otro lado, todavía no se ven los efectos de los decretos legislativos", añadió.
Huaico
Hernán Chaparro, gerente de GfK
Acemoglu y Robinson (Por qué fracasan los países) plantean que el desarrollo económico está relacionado con el tipo de élite que se tenga.
Cuando estas actúan pensando en su beneficio particular, afirman, no se puede esperar prosperidad. En la mirada ciudadana, las élites políticas andan muy distantes de los intereses de la población.
En la presente encuesta vemos que solo un 19% está de acuerdo con la frase: “A los que gobiernan el país les interesa lo que piensa la gente como yo”. Si a eso se suma que la gran mayoría (cerca de 80%) no se siente representado por líder o partido alguno, no sorprende que el 70% afirme que no está “…suficientemente informado de lo que ocurre en la política en el país” y que un 65% diga que “no tiene paciencia con los actuales políticos”.
En ese pozo de descreimiento e impaciencia generalizados, el caso Odebrecht lacera un campo ya frágil de soporte político. Decepción, vergüenza y rechazo eran los sentimientos predominantes en el 2013 frente a los juicios o cuestionamientos a ex presidentes y los siguen siendo ahora.
Un escenario difícil para cualquier político y en particular para el actual mandatario que ve descender su aprobación de manera significativa. El perfil del que no apoya a PPK es el de un personaje más limeño o del norte del Perú, de niveles socioeconómicos bajos, mayor de 40 años y que se reconoce poco informado de lo que pasa en la política.
¿Cómo llegar a gente que no se informa mucho, que no tiene expectativas y que solo espera resultados porque ya está cansada de ofertas?
El reto es semejante para la oposición. Si bien las relaciones entre ejecutivo y congreso ya no se ven tan conflictivas como el mes pasado, igual se observa una baja en el nivel de aprobación de Keiko Fujimori y de los demás líderes del país. En la opinión pública siempre se construyen estereotipos y se necesita mucha fuerza y acción para romperlos, a ver si alguien lo entiende.
Sospechosos comunes
Paula Muñoz, Universidad del Pacífico
La encuesta revela que la ciudadanía aún percibe al primer gobierno del APRA como el más corrupto, seguido por los gobiernos de Alberto Fujimori.
Efectivamente, la memoria de la corrupción en esos años está arraigada y explica, en parte, los altos niveles de desconfianza en el sistema político e instituciones estatales. Esta desconfianza se mantiene e incrementa por las persistentes denuncias asociadas a gobiernos más recientes. Incluso PPK está bajo la lupa.
El caso Odebrecht es conocido principalmente por ciudadanos de sectores altos y medios y de Lima, y llama la atención que el gobierno de Toledo sea percibido como el menos corrupto a pesar de las denuncias reciente del caso de Camargo Correa. Con estos niveles desiguales de información se hace difícil generar una presión que obligue a los gobernantes y funcionarios a ir más allá de medidas efectistas.
Un círculo vicioso
David Sulmont, analista
La caída de Keiko Fujimori es significativa ya que son 6 puntos, a diferencia del caso de Verónika Mendoza y Julio Guzmán, cuyos cambios están dentro del margen de error. Ellos tienen una aprobación interesante, ya que es similar a la aprobación que tenía Fujimori hace 10 años.
Por otro lado, hay un gran desconocimiento de la ciudadanía sobre los roles de cada poder del Estado. No es el Gobierno quien debe 'castigar' a los vinculados en el caso Odebrecht, es el Poder Judicial. Y esta desconfianza hacía el mismo Gobierno es porque no está preparado para estos grandes temas de corrupción.
Es un círculo vicioso, porque esta debilidad institucional refuerza la desconfianza de todos. Deslegitima el conjunto de la política y ahí algunos líderes como Guzmán o Mendoza –que no tienen nada que ver con Odebrecht– tienen la posibilidad de marcar una diferencia.
(la república)