Por: Dionicio Mantilla León
Completamente asqueados observamos desde el 28 de julio de este año la manera como se viene haciendo uso y abuso de la democracia en nuestro país en donde aquella noble misión humana como es la política se viene convirtiendo en una sucia politiquería. Una prueba de ello, entre otras tantas, es lo que ocurrido en el debate parlamentario en donde se decidiría la permanencia del economista Jaime Saavedra Chanduví al frente del Ministerio de educación.
El escenario, el Congreso de la República, convertido hoy en el cuartel de una dictadura parlamentaria en donde con descaro, asumiendo poses matonescas y haciendo gala de expresiones groseras de una mayoría aplastante de congresistas del partido Fuerza Popular afloran su sub consciente de frustración de no haber ganado las elecciones presidenciales enrostrándole diariamente al actual gobernante, Pedro Pablo Kuczhinski, que los “auténticos ganadores” son los fujimoristas porque tienen en sus manos el Congreso de La República denominado usualmente como primer poder del Estado.
La bandera del fujimorismo es “el combate a la corrupción” supuestamente enquistada en el Ministerio de educación dejando entrever que el jefe de la banda delincuencial, según ellos, sería el Ministro de Educación a quien dentro de algunas horas habrán de censurar para demostrar que son ellos los que tienen “la sartén por el mango” y no PPK. No les importa el veredicto que pueda dictar el Poder Judicial contra los supuestos corruptos existentes en una de las dependencias del MINEDU, y sin reconocer que la jefa de dicha dependencia, Ruth Vilca Tasaico, fue contratada por el dictador Alberto Fujimori considerado el sétimo gobernante más corrupto de la historia mundial.
Realmente el descaro no tiene límites. Los paladines de la corrupción de ayer, son, ahora, los paladines de la moralidad y de la lucha contra la corrupción, hoy. Muy pronto se olvidaron también de los 100 kilos de droga encontrada en una propiedad de Kenyi Fujimori, la investigación que siguen al ex Secretario General de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, por lavado de activos o las denuncias por serias irregularidades a 8 congresistas fujimoristas.
Para los congresistas que quieren censurar al Ministro de Educación lo que vienen haciendo sus militantes no es corrupción. Olímpicamente son ignorados. Para su vocero, Luis Galarreta, (Quien antes fuera del PPC y de Peruanos por el Cambio), lo supuestamente cometido por el actual Ministro de Educación si es delito por ello sádicamente habría dicho en mensaje por celular a los demás fujimoristas: ”Ja, Ja, recién veo que hoy está temblando (el Ministro de Educación); pero, antes, para jodernos, si era terrible”, posiblemente por el impulso que viene brindando al SUNEDU y a la Reforma Universitaria por la cual muchas universidades privadas ligadas a fujimoristas y apristas se verán afectadas.
Como en anterior comentario sostuviéramos y, hoy seguimos sosteniendo, Jaime Saavedra no es el indicado para abanderar la solución de los innumerables problemas centrales que aquejan al sistema educativo peruano, pero esto no significa avalar una salida de este funcionario de la manera como lo pretenden los fujimoristas, utilizando su censura como un vulgar chantaje al partido de gobierno, para hacer sentir su peso político y así seguir obteniendo favores con el nombra miento de funcionarios de alto nivel de gobierno como en los casos de la SUNAT y Banco Central de Reserva y, posiblemente, deseando poner su propio Ministro de Educación.
Gestos que lamentablemente se topan con un gobierno débil, sin estrategas políticos idóneos y con un gobernante sin una pizca de dotes de estadista. Aun así, un gesto contundente que podría detener esta suerte de “dictadura parlamentaria” del fujimorismo sería que PPK haga uso de un arma de la Democracia, esto es, del recurso constitucional de la cuestión de confianza (Art. 133 al 136 de la Constitución) y si pese a ello el Ministro Saavedra es censurado proceder a designar un nuevo Gabinete Ministerial y si a este nuevo Gabinete el fujimorismo le niega la confianza el gobierno sencillamente procedería a disolver el Congreso y los 72 congresistas fujimoristas se irían a sus casas. Lo que siguiría sería la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso en donde el fujimorismo lo vería negra para repetir el plato de lograr el mismo número de congresistas.
Para que esto ocurra se requiere audacia y coraje de parte del actual Presidente de la República. ¿Lo tendrá? Esperemos que sí para bien de la gobernabilidad si no los 4 años y medio que le falta de mandato estará sometido a la “dictadura parlamentaria” del Fujimorismo.