Alerta. Según el jefe de esta entidad, Julio Magán, aplicar esta norma llevaría a prisión a 17 mil personas al año.
La implementación de los 126 juzgados de flagrancia, en cumplimiento del decreto legislativo que regula los procesos sumarios, hará colapsar las cárceles que ya están hacinadas, alertó el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Julio Magán.
En tal sentido, pidió a las autoridades del Poder Judicial, que se reúnen este jueves 21, que vean la posibilidad de reorientar la imposición de las penas privativas hacia las penas alternativas como jornadas de trabajo comunitario o arrestos de fin de semana.
Según declaró Magán a Cuarto Poder, si ya de por sí las cárceles han superado su capacidad, la aplicación de la nueva norma con la creación de esos juzgados significaría el ingreso de unos 17 mil internos más al año “cuando ya no hay espacio para uno más”.
“Si nos ponemos a hacer un ejercicio, que ingresarían 10 internos por cada órgano jurisdiccional al mes- como se ha anunciado-, estaríamos hablando de 1,500 internos adicionales nuevos, si lo proyectamos al año, hablamos de 17 mil internos. ¿Dónde vamos a poner a estas personas? Ya el sistema penitenciario está colapsado”, advirtió con preocupación.
Aunque Magán no quiso calificar la ley -que sanciona con la cárcel en menos de 72 horas cuando hay flagrancia-, otros especialistas señalaron que evidencia los problemas que afronta el sistema criminal.
El ex viceministro de Justicia Leonardo Caparrós señaló que “esta norma nos está revelando que tenemos penas excesivas, que se ha manoseado el Código Penal y que por temas mediáticos se han elevado las penas”.
El funcionario destacó que en los 67 establecimientos penitenciarios con capacidad para recibir a 33 mil 300 delincuentes, actualmente habitan 76 mil 400 presos, más del doble de lo que pueden albergar.
“A dónde van a ir a parar los sentenciados con la nueva ley de flagrancia, si en las cárceles no hay lugar para uno más”, coincidió con Magán.
Para el psicoanalista Jorge Bruce, la norma tampoco tomó en cuenta que no todas las personas que son sentenciadas por conductas antisociales deben terminar en prisión. “Para ellos hay que buscar castigos alternativos para lograr su rehabilitación”, comentó.(la república)