Ciertas decisiones de la candidata de Fuerza Popular la acercan al pasado del que busca desligarse.
Si en algo se ha basado la campaña de Keiko Fujimori, es en tomar distancia del gobierno de su padre, cuyo período en el poder fue eclipsado, entre otras cosas, por los niveles de corrupción que alcanzó, la ruptura del orden constitucional y el sometimiento sistemático de las instituciones. Con dicha intención se pueden justificar acciones como la exclusión de la lista parlamentaria de figuras emblemáticas del fujimorismo y, también, los virajes ideológicos en el discurso de la candidata presidencial.
Quizá con eso en mente, el lunes en su ponencia en el foro de Proética, la candidata de Fuerza Popular afirmó: “Yo he sufrido y he cargado una mochila muy grande por errores de terceros, por errores de otras personas”. La mochila a la que hizo referencia, sin duda, era el gobierno de Alberto Fujimori que, se puede argumentar, terminó por costarle la elección en el 2011.
La señora Fujimori, no obstante, en su afán de purgar de su campaña todo aquello que por asociación pudiera afectar sus posibilidades de llegar a Palacio, parece haber descuidado la asepsia estructural dentro de su partido, pues la lista de postulantes al Congreso hoy incluye a candidatos sentenciados por diversos crímenes.
Así, entre aquellos que buscan ostentar una curul por Fuerza Popular, se encuentran Moisés Mieses Valencia, condenado por falsificación de documentos y falsedad ideológica; Jacinto Gómez Mamani, sentenciado por peculado, y Ramón Guzmán Ibáñez, sentenciado por abuso de autoridad.
Si bien es cierto que en una democracia no se puede negar el derecho de estas personas a la participación política, es cuestionable que una agrupación que busca quitarse un viejo estigma de corrupción incluya candidatos con sentencias penales en su lista al Congreso. Y es que, si para la preparación de la lista parlamentaria estas personas pudieron esquivar el escrutinio del partido, nada asegura que en un eventual gobierno no pueda suceder lo mismo con otros cargos públicos.
Es curioso, en ese sentido, que Keiko Fujimori afirme que para seleccionar la lista parlamentaria se realizaron “más de 400 consultas a la ventanilla única” del Jurado Nacional de Elecciones, lo que implicaría que la incorporación de los candidatos sentenciados no fue un hecho fortuito.
Asimismo, todo esto resulta aún más incongruente cuando, como parte de los esfuerzos para evitar este efecto, la ex procuradora anticorrupción Yeni Vilcatoma se incorporó al equipo fujimorista. Vilcatoma, por cierto, ha manifestado sentir “incomodidad” por la inclusión de estos cuestionados candidatos y, esperamos, estará atenta para denunciar –como dijo que lo haría– cualquier acto ilegítimo que pudiera observar.
A todo ello se suma lo difícil que resulta para la candidata fujimorista dejar de llamar ‘errores’ a aquellos eventos que configuraron delitos durante el gobierno de su padre. Una falta semántica que dejó en evidencia durante su participación en el foro de Proética y que no hace sino más difícil soltar la mochila que dice cargar.
Los hijos, es cierto, no heredan las deudas cívicas ni los delitos de sus progenitores. Pero si Keiko Fujimori busca ganar la confianza de la población, debería condenar públicamente, y en su exacta dimensión, los hechos que acabaron con la democracia, con la Constitución y con un orden basado en el respeto de los derechos de las personas durante la década del noventa.
No existe, pues, acto de birlibirloque que pueda hacer aparecer en una mano los éxitos obtenidos en materia económica y desaparecer, de la otra, las tropelías contra la legalidad del gobierno fujimorista. Por ello, la candidata de Fuerza Popular tiene que tomar con mayor determinación la decisión de quitarse la vieja mochila que hoy le resulta tan incómoda cargar.
Los electores, finalmente, ante los hechos del pasado y las evidencias del momento actual, serán quienes juzguen si eso es posible. Aunque, para la señora Fujimori, un buen paso sería asegurar la pulcritud de su lista congresal y reconocer, cabalmente, todos los delitos que se cometieron durante el gobierno de su padre.(el comercio)