Escribe: Marco Sifuentes
No alcanza el espacio de esta columna para describir los muchos méritos del destape de Pedro Salinas en su libro Mitad monjes, mitad soldados (con la colaboración de Paola Ugaz y editado por Planeta). Pocas veces la palabra “destape” ha sido tan precisa. La práctica regular de abusos sexuales de menores de edad en el Sodalicio era algo que se sospechaba (después de todo, había ocurrido lo mismo en similares organizaciones católicas en Boston, Irlanda, México y en todo el mundo) pero que nadie se había animado a escarbar en nuestro querido Perú, uno de los países más conservadores del hemisferio occidental.
Las revelaciones de Salinas han tenido varias consecuencias, comentadas ya extensamente a lo largo de las casi dos semanas que tiene el libro publicado. Sin embargo, aquí quisiéramos detenernos en un detalle que todo el mundo asume como normal y que debería abrir un debate: ¿es la Iglesia Católica un Estado independiente dentro del Estado Peruano?
La Iglesia Católica no solo no paga impuestos a pesar de realizar varias actividades cuyo fin, claramente es el lucro (un ejemplo: los costos diferenciados, por ejemplo, de matrimonios y bautizos según el distrito). No solo eso: es la única religión financiada por el Presupuesto de la República, es decir, por todos los peruanos. Según reveló Utero.Pe, en el presupuesto del 2016 se destinan 2 millones 603 mil soles para la Iglesia Católica. Comparemos eso, por ejemplo, con los 100 mil soles de presupuesto que le tocará a la Academia Peruana de la Ciencia o con los 30 mil que recibirá, para todo el año, el Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima.
Todas esas prerrogativas, al parecer, han convencido a la Iglesia Católica que a ella solo le alcanza la ley cuando le conviene. Volvamos al caso sodálite. ¿Por qué todo el mundo, incluso críticos del tema, asume que el Tribunal Eclesiástico es la vía legal para denunciar abusos sexuales contra menores de edad? Peor aún, el juez del Tribunal Eclesiástico, el padre Luis Gaspar, dijo que “desde un primer momento se investigaron los hechos” pero que luego se concluyó, por la alta investidura del fundador del Sodalicio acusado de pedofilia, Luis Fernando Figari, que el Tribunal no era competente y, por eso, el caso “se elevó” al Vaticano.
Un momentito, los abusos a menores de edad no ocurrieron en el Vaticano, sino en el territorio peruano. Desde el inicio correspondió que los sacerdotes enterados de estas graves acusaciones corran traslado de estas al Ministerio Público y al Poder Judicial del Estado Peruano. El Tribunal Eclesiástico es un ente autorregulador, de la misma forma, por ejemplo, que lo es el Tribunal de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Sus decisiones son paralelas a lo que la Justicia “real” pueda decidir. Para decirlo clarito: para la justicia de cualquier Estado laico, una resolución del Tribunal Eclesiástico tiene el mismo efecto legal que una sentencia del jurado de “La Voz Perú”.
Por eso es que el Instituto de Defensa de los Derechos del Menor ha hecho bien en denunciar por encubrimiento y obstrucción de la justicia a los miembros del Tribunal Eclesiástico (Cipriani incluido) que, enterados hace años de estas denuncias, no corrieron traslado a las instancias legales correspondientes. Y todos debemos defender al presidente del Instituto, Daniel Vega, a quien el Tribunal ha amenazado con contrademandar. Ojalá Cipriani, cuando vuelva al Perú, utilice las ondas de su programa radial para ponerse a derecho.(la república)