Pluspetrol Norte, cuyo contrato de explotación en el lote más importante del país venció en agosto de este año, es la que lidera el ranking de empresas beneficiadas por la Ley 30230. La compañía desapareció una laguna en Loreto y otras petroleras más cometieron graves infracciones ambientales, pero el actual gobierno les perdonó hasta 25 millones de soles.
Por Melanie Betetta*
Convoca.pe
En la cuenca del río Pastaza en Loreto, entre la espesura de la Amazonía peruana, la laguna Shanshococha continúa sangrando hidrocarburos. De la cocha de la que alguna vez se alimentaban cientos de pobladores de la comunidad cercana de Nuevo Andoas queda casi nada: el agua es escasa y está cubierta por un manto de petróleo, no hay peces. En verano, las altas temperaturas hacen que los hidrocarburos se filtren con mayor facilidad a la superficie y el olor lo impregne todo.
“Ahorita ya no es una laguna, sino un caño parece [sic]”, dice Juan José Butuna, monitor de la Federación de Indígenas Quechua del Pastaza (FEDIQUEP). Shanshococha es una herida abierta en medio de la Amazonía.
Los supervisores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que han visitado la laguna desde 2012 han encontrado en sus suelos sustancias químicas de petróleo (TPH) hasta 1.500 por ciento por encima de los estándares de calidad ambiental legalmente permitidos. Según los reportes oficiales, se han contaminado las aguas subterráneas y se han afectado gravemente la flora y la fauna acuática: no hay rastros de las especies de peces, venados, reptiles y variedades de aves que antes vivían en Shanshococha. Donde antes había aguajales, ahora hay tierra y palos secos. “Las plantas no pueden crecer en las tierras mezcladas con hidrocarburos”, explica Butuna.
La fuente de contaminación está apenas a 200 metros: tres pozos petroleros del Lote 192 (ex 1AB), el de mayor producción nacional, que hasta agosto estuvo en manos de la empresa de capital argentino Pluspetrol Norte. Pese a que la compañía ha llevado once procesos sancionadores de OEFA al Poder Judicial para evitar pagar las multas, algunas de ellas millonarias, en junio último este organismo regulador le perdonó el pago de 5,4 millones de soles (1,8 millones de dólares) por la desaparición de Shanshococha y otras multas a una veintena de empresas del sector hidrocarburos en el último año. ¿Cómo fue esto posible?
Dinero congelado
Entre julio de 2014 y marzo de 2015, OEFA congeló y redujo multas firmes por infracciones ambientales en el sector hidrocarburos desde un mínimo de 6 millones 443 mil soles (2,1 millones de dólares) hasta un máximo de 24 millones 710 mil soles (8,6 millones de dólares) gracias a la Ley 30230, conocida como una de las normas del 'paquetazo ambiental' que fue impulsada por el gobierno de Ollanta Humala. La ley permite que, en los procesos por impactos ambientales que se encuentren en primera instancia, OEFA se limite a ordenar medidas correctivas a las empresas sin imponer multas. En los procesos en segunda instancia, las multas son reducidas en un 50 por ciento.
Convoca realizó el análisis caso por caso a partir de las propias resoluciones de OEFA y solo tomando en cuenta sanciones económicas consentidas por las empresas o ratificadas por la última instancia del organismo regulador. Los 6 millones 443 mil soles son un cálculo conservador del monto mínimo que pudo imponer OEFA en multas en primera y segunda instancia. En el 95 por ciento de los procesos analizados en primera instancia para establecer el monto mínimo no se consideró ninguna sanción económica porque en estos procesos la norma vigente no especificaba una unidad impositiva tributaria (UIT) base, que es como se fijan las multas. Casi todo el dinero calculado proviene de los casos de la segunda instancia debido a que en estas resoluciones aparece la multa exacta y el porcentaje perdonado por la ley.
Para calcular el monto máximo en multas que pudo dejar de cobrar OEFA, hasta 24,7 millones de soles (8,6 millones de dólares), solo se tomaron en cuenta las multas menores a 1.000 UIT en primera instancia debido a que en casi todos los procesos sancionadores del sector hidrocarburos antes de la Ley 30230 no se impusieron multas superiores a esta cifra. Tampoco se han considerado los procesos que estuvieron pendientes de resolverse hasta marzo último en la segunda instancia de OEFA, ya que harían que el monto máximo se duplique y supere los 49 millones de soles (17,3 millones de dólares).
Al sumar a estos números las cifras reveladas por Convoca para el sector minero en agosto último ('Los 30 millones que no cobró el gobierno en multas mineras'), se puede establecer que el impacto económico para el país por las multas perdonadas y reducidas a las empresas mineras y de hidrocarburos entre julio de 2014 y marzo de 2015 oscilan entre 26 y 55 millones de soles. No es poca cosa: el 95 por ciento del dinero en multas impuestas por OEFA en 2014 corresponde a estos dos sectores y el monto máximo que se dejó de cobrar equivale a más de la mitad del presupuesto anual de la Dirección Territorial de Lima de la Policía Nacional, que tiene entre sus funciones combatir la delincuencia en la capital; cinco veces lo que gasta cada año el gobierno por la compra de frazadas para las familias afectadas por las heladas, 20 veces el presupuesto de la atención de personas con VIH del Gobierno Regional de Loreto, 30 veces el presupuesto de protección social del Gobierno Regional de Junín.
Las multas que el Estado nunca cobró en el sector hidrocarburos son por infracciones consumadas entre 2008 y 2013 en 12 regiones del país. Según las resoluciones de los procesos en primera instancia, la mayoría son infracciones graves y muy graves por las que el Estado pudo cobrar hasta 10 mil UIT (38,5 millones de soles) por infracción de acuerdo con la norma de Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones del Osinergmín que se continuaba aplicando cuando se publicaron las resoluciones analizadas.(la república)