Por: Dionicio Mantilla León
Desde hace un mes las calles de las principales ciudades del país vienen siendo escenario de encendidas protestas de parte de miles jóvenes que vienen reclamando la derogatoria de una norma promulgada por el Presidente de la República, Ollanta Humala, la Ley de Empleo Juvenil, N-- o, peyorativamente, denominada “Ley Pulpín”. Una Ley que viene siendo defendida a rajatabla por el gobierno y por el empresariado agremiado en la CONFIEP quienes argumentan que ha sido hecha por la gran preocupación que se tiene de brindar empleo a los jóvenes desocupados del país, es decir que “es por su bien”.
Y, tal como ocurre con otras normas ya aplicadas por este gobierno, la llamada Ley Pulpín fue elaborada sin la mínima consulta a los interesados y ni siquiera puesta a un debate profundo en el Congreso el que la aprobó prácticamente por unanimidad aunque, luego, al darse cuenta de la repulsa juvenil a nivel nacional los grupos de oposición vienen manifestando hipócritamente su desacuerdo y algunos de los congresistas con todo desparpajo vienen participando en las marchas de protesta. Y el gobierno, con la señora Nadine a la cabeza, viene suavizando el tema afirmando que en el reglamento de la Ley serán incluidos algunos beneficios laborales reclamados a modo de “precisiones”, cuando, como es conocido, esto no es posible por cuanto un Reglamento debe respetar escrupulosamente lo señalado por la Ley sin salirse de ella.
Días atrás, el Primer Mandatario en su ardorosa defensa de la Ley de marras llegó a decir que ante la creciente desocupación juvenil el gobierno la expedía “para que tengan la oportunidad de trabajar, aunque sea temporalmente, pero que, para ello, tenían que pagar derecho de piso”, es decir, “sacrificarse” dejando de percibir beneficios laborales en claro atentado contra lo estipulado por la Constitución Política en su art.23, párrafo 3: “Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”. Y, en el art.24, párrafo 2: “El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador.”
Un flagrante atentado contra la juventud laboral peruana que se inscribe, junto a otras normas expedidas anteriormente, en el marco de lo señalado por la política económica neoliberal que este gobierno sigue disciplinadamente al margen de la famosa “Gran Transformación” e, incluso, de la “Hoja de Ruta”. Una Ley gestada por los Ministros de Producción y de Economía, conspicuos ex funcionarios de grandes empresas transnacionales y nacionales y que es una mala copia de otras leyes similares que se vienen aplicando en otros países, pero bajo otros cánones y otros contextos, pero que a pesar de ello también son materia de rechazo.
Tan injusta y abusiva es esta Ley del Empleo Juvenil que, incluso, algunos honestos dirigentes gremiales del empresariado entre ellas la Presidenta de la Cámara de Comercio de La Libertad, Rosario Bazán, vienen manifestando su abierta discrepancia afirmando que para su elaboración debía tomarse el parecer de los interesados, esto es, de los jóvenes.
Y la llama de la ira juvenil seguirá creciendo a nivel nacional como “fuego en la pradera” hasta que la denigrante Ley Pulpín sea derogada, pues en esta hora histórica que la juventud peruana ha despertado no tienen cabida las “precisiones gubernamentales” o se respeta o no se respeta a la juventud. Pero este despertar juvenil no debe detenerse hasta que este y otros gobiernos comprendan, valoren y ubiquen en el sitial que les corresponde a nuestra juventud como verdadero motor de la historia, como la auténtica reserva moral de la Patria que se desangra por la podredumbre de la corrupción de los políticos y el neo terrorismo establecido por la delincuencia.
En esta hora crucial que vivimos urge poner sobre el tapete la imperiosa necesidad de debatir la Ley General del Trabajo en la cual nuestra juventud laboral debe ser objeto de un trato preferente, digno y justo. Una juventud que clama, con entera justicia, ser tomada en cuenta en todo aquello que le concierne pues es la única garantía para la gesta del futuro liderazgo idóneo que la Patria le tiene señalado.