Presidente de la Comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos, dijo que han solicitado a la Asesoría legal del Congreso su opinión sobre si los cuatro parlamentarios deberían ser indagados por la comisión especial Orellana. Ellos podrían sumarse a la lista de 81 personas naturales y 52 jurídicas que acaban de pasar a la condición de investigados.
Rocío Maldonado
Tres semanas después de haber iniciado su trabajo, la comisión especial del Congreso que investiga a Rodolfo Orellana Rengifo solicitó una opinión consultiva a Asesoría Legal del Parlamento a fin de determinar si está facultada para investigar a cuatro de sus colegas vinculados con la red que lideró el hoy prófugo abogado.
Se trata de los legisladores Heriberto Benítez (Grupo Parlamentario Especial), Pedro Spadaro y Ángel Neyra (Fuerza Popular) e Hildebrando Tapia (parlamentario andino), quienes han sido relacionados con Rodolfo Orellana.
"Hemos realizado una consulta a asesoría legal para que nos diga si nuestra comisión está habilitada para investigar a un par. En los antecedentes no se ha visto esta circunstancia (...), este es un caso sui generis y queremos tener la opinión de asesoría legal para no pasar por una situación de violación del debido proceso", refirió Vicente Zeballos, presidente de la comisión especial.
"De ser positiva la respuesta, los parlamentarios mencionados pasarían a la condición de investigados", precisó el parlamentario.
RAZONES DE PESO
Diversos testimonios señalan al congresista Benítez como integrante de la organización del ex presidente regional de Áncash César Álvarez, la cual, a su vez, estaría estrechamente vinculada con la red de Orellana.
Benítez, mencionado como el operador político de Álvarez, ha rechazado las acusaciones, pero la avalancha de críticas lo obligó a renunciar a la bancada de Solidaridad Nacional.
En tanto Ángel Neyra habría participado en la fundación de Coopex (Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras), cuyo gerente general es Rodolfo Orellana Rengifo. Sin embargo, el fujimorista asegura que las actas de creación fueron falsificadas.
Por último, Spadaro y Tapia fueron vinculados a la organización delictiva de Orellana por el empresario educativo Jorge Pazos Holder, quien durante su presentación en la comisión investigadora identificó a 100 personas –entre jueces, fiscales, registradores y testaferros– como integrantes de la red.
Pazos Holder señaló que Spadaro participó en la organización delictiva cuando se desempeñó como secretario general de la Municipalidad de Lurín. También vinculó al parlamentario andino Hildebrando Tapia, la ex ministra de Trabajo Nancy Laos, el ex vocal superior de Lima Javier Vega Vega, entre otros.
Ante la denuncia, Pedro Spadaro se presentó ante la propia comisión y rechazó ser parte de la red del prófugo abogado.
Vicente Zeballos dijo que si bien se ha señalado una relación entre sus colegas y la organización de Orellana, este vínculo no necesariamente implica "un nivel de responsabilidad" pues la comisión se encuentra en una fase indagatoria y las responsabilidades se determinarán en el informe final de la investigación.
"Quiero ser claro en esto: la condición de investigado no significa que sea responsable. Lo que nos va a permitir determinar la condición de investigado es iniciar y formalizar un proceso indagatorio. El informe final determinará si hay responsabilidades o no", indicó.
81 INVESTIGADOS
Zeballos dio estas declaraciones luego que el grupo especial que preside aprobara investigar a 81 personas naturales y a 52 personas jurídicas, presuntamente involucradas en las actividades ilícitas de Orellana.
Entre los investigados se considera además del empresario, Benedicto Jiménez Baca, Hernán Villacrez Torres, Nadal Arturo Rueda Manrique, Pedro Rolando Landa Niada, Óscar Cánepa Ruiz, Churchill Bruce Orellana Rengifo, Ludith Orellana Rengifo.
También están en condición de investigados Daniel Ramsay Romero (ex asesor principal del Fiscal de la Nación), Wilmer Arrieta Vega, Xin Jian, Rómulo Muñoz Arce, Robinson Gonzales Campos, Jorge Daniel Bravo Manco, Percy Oca, Juan Zúñiga Asencio, Carlos Camacho, Jorge Marticorena Cuba, María Augusta Roncalla Loayza, Henry Valverde, entre otros.
Durante la sesión, Zeballos planteó una lista de 74 personas investigadas,a las cuales se añadieron siete nombres propuestos por el parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde.
En la condición de investigados también se consideró a 52 empresas, entre ellas Orellana, Asesores y Consultores, liquidadora Delta, Consorcio Gerencial SAC, Investigaciones Corporativas SAC, Asociación Civil Juez Justo, UCONA, Orellana & León Abogados y Consultores SAC.
Luego que la comisión Orellana aprobó la nómina de investigados, lo que procede ahora es notificar a los organismos competentes, como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sunarp y otros, para solicitar el levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil y de las comunicaciones de los implicados.
Pero también, según explicó Zeballos, se notificará a los 81 investigados y se les explicará por qué se encuentran en esta condición.
El parlamentario no descartó que la relación de investigados se amplíe conforme aparezcan nuevos elementos de juicio.
VÍCTIMAS DE ORELLANA
En la sesión de ayer de la Comisión Orellana se presentaron Enrique Arias Asián, presidente del Frente de Defensa de la Comunidad de Telecomunicaciones de la Compañía Peruana de Teléfonos SA (CTP), así como Raquel Delgado Ángulo, representante legal de Comunidad de Telecomunicaciones de la CTP.
Esta comunidad denunció haber sido víctima de la red Orellana, la cual se apropió ilícitamente de dos de sus propiedades: el centro de esparcimiento Cervatel, ubicado en Santa Clara-Ate Vitarte, y un local ubicado en la Av. Arequipa.
Ellos acusaron que esta organización operó con la complicidad de alcaldes, notarios, jueces y fiscales. Advirtieron que después de cinco años recién han sido convocados para una audiencia en el 26 juzgado civil.
FISCALES A COMISIÓN
La Comisión Orellana recibirá hoy a Fernando Espinoza Muñante, representante de la cooperativa de ex trabajadores de la Marina de Guerra (Coopemar), y a Fabiola Pasapera, abogada de la Fundación por los Niños del Perú.
Para los primeros días del próximo mes está previsto citar al actual fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia, así como su antecesor José Antonio Peláez Bardales.
BENÍTEZ NIEGA HABER OBSTRUIDO ALLANAMIENTO A “LA CENTRALITA”
El congresista Heriberto Benítez negó haber obstruido la diligencia fiscal a la denominada “La Centralita”, desde donde se habrían realizado espionaje telefónico y planificado actos delictivos a favor del ex presidente regional de Áncash César Álvarez, pese a que existía una orden judicial.
Ante la Comisión de Ética del Congreso que lo investiga, el legislador dijo que dicha diligencia estuvo plagada de errores, que llevaron a los fiscales a ingresar a su vivienda y a la de otras 10 personas, por lo que no solo hubo un allanamiento ilegal, sino también abuso de autoridad.
“Yo no intervine para impedir el allanamiento, como dicen los fiscales en su defensa. El allanamiento se ejecutó y duró 10 horas, como figura en la diligencia.No he cometido ninguna infracción”, sostuvo.
La Comisión de Ética decidiría en 15 días si sanciona a Benítez o no.(la república)