Familiares piden que suspenda la licencia de Horna.| Foto:La Industria
Los familiares de las víctimas claman. Y la justicia no debe ser indiferente ante las evidencias que ya arrojan las primeras investigaciones.
Ha transcurrido más de un mes del fatídico accidente del bus de la empresa de transportes Horna, ocurrido en el desvío a Otuzco, donde fallecieron 42 personas y otras seis resultaron con heridas de consideración, y para un grueso de trujillanos la historia aún aparece tan fresca como si fuera el 13 de abril, día en que ocurrieron los hechos.
Los familiares de las víctimas lloran y reclaman que la muerte no quede impune. Que se sancione a los responsables y que se suspenda definitivamente la licencia de circulación a la empresa, por considerarla la absoluta responsable de una tragedia que no debe repetirse.
En nuestra edición de hoy resucitamos lo ocurrido la madrugada del 13 de abril, porque creemos que lo avanzado hasta ahora en las investigaciones representa evidencias de irresponsabilidad, que ninguna persona o empresa vinculada con el tema de transporte interprovincial debe cometer, si lo que desea es no exponer la vida de los usuarios.
Según el primer informe técnico, el conductor de la unidad, identificado como Santos Rivera Chacón, excedió su jornada máxima de conducción en 90 minutos aproximadamente. Así lo atestigua el expediente de Fiscalía en el que se precisa que el vehículo siniestrado partió de Huamachuco a las 10:33 de la noche del viernes 12 de abril y en el que Rivera Chacón era el único chofer.
Para el momento del accidente, registrado a las 4:00 de la mañana del sábado 13 de abril, el chofer ya había conducido cinco horas y media durante la noche y parte de la madrugada. ¿Dónde está la falta? Pues bien, el Reglamento Nacional de Administración de Transportes establece que la jornada máxima de conducción debe ser de cinco horas durante el día y cuatro durante la noche. Sí, Rivera Chacón ya había excedido ese período y la tesis de que el sueño lo venció ahora es más creíble que nunca.
Lo segundo tiene que ver con el GPS. Las investigaciones han detectado que al momento del accidente, la unidad no tenía activo este dispositivo. El por qué de esto describe varias hipótesis. La más importante tiene que ver con la que la empresa de transportes intentó evitar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sepa a qué velocidad se desplazaba el bus.
Otro dato –y muy importante– es que se confirmó que la unidad llevaba a bordo a siete pasajeros no registrados en el manifiesto. Horna defiende esta irregularidad con varias excusas, pero ninguna convence. Las autoridades policiales y la Fiscalía tienen en claro esto.
La justicia tiene que sentar un precedente en este caso. No se puede permitir que la muerte de 42 personas quede impune. Los familiares de las víctimas claman justicia. Y la justicia no debe ser indiferente ante las evidencias que ya arrojan las primeras investigaciones.
Si en más de una ocasión hemos reclamado la defensa absoluta de la vida, entonces frente a estos casos nuestra posición tiene que ser contundente: esta tragedia no tiene que quedar impune.(la industria)