Por: Dionicio Mantilla León
De un tiempo a esta parte nuestros pueblos vienen siendo conmovidos por un flagelo que dice mucho del estado de degeneración moral en que viene cayendo nuestra sociedad y que con el pasar de los días se ha convertido en algo insoportable ante la impotencia de quienes tienen la misión de ponerle freno. Se trata del novísimo delito de la extorsión o chantaje pecuniario acompañado de violencia. Un acto delictuoso cuyos afectados no sólo son los medianos, sino también los pequeños empresarios, autoridades municipales y hasta las personas pobres.
Esta situación ha sido motivo para que la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, a través de su presidenta Rosario Bazán, haga un severo llamado de atención a las autoridades del gobierno en todas sus instancias por el desinterés y la forma facilista de enfocar el proeblema. Según la dirigente las empresas liberteñas gastan sumas cuantiosas por seguridad señalando por ejemplo que una empresa mediana gasta cerca de 150,000 dólares anuales en sistemas de seguridad lo cual les resta competitividad. De otro lado, de acuerdo de la DIRTEPOL de La Libertad, en enero del 2012 las extorsiones se han incrementado hasta el 84.6 %, mientras que el delito de apropiación ilícita ha aumentado hasta el 115 %. Pero, lo que es motivo de alarma y gran preocupación es la inseguridad que se viene instaurando paulatinamente en un medio de transporte tan esencial como es el de los taxis. Ahora nadie puede usar de manera segura y confiable ese medio de transporte urbano tan esencial pues puede ser víctima de un asalto, mucho más si es anciano, mujer o menor de edad.
Pero la ola de inseguridad que viene incrementándose en nuestra región, con la marca de la extorsión, ha llegado ya a los predios municipales cuyos alcaldes también son víctimas de extorsión e, incluso, del asesinato más cruel y alevoso tal como los ocurridos con los burgomaestres Diógenes Geldres, de la Municipalidad Distrital de Angasmarca, en Santiago de Chuco, y, últimamente, con las amenazas lanzadas contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, Juan Gabriel Alipio y del alcalde distrital de Santa Cruz de Chuca, de esa misma provincia. Según Juan Gabriel Alipio, la mayoría de alcaldes de la sierra liberteña han recibido amenazas de extorsión y muerte, pero callan por temor pues detrás existen grupos que manejan oscuros intereses políticos y económicos y, entre ellos, delincuentes ligados a personajes perdedores en las elecciones ediles pasadas, al narcotráfico y la minería informal, entre otros. Actividades, estas últimas, ocasionadoras de graves daños a la salud, la vida y el medio ambiente, pero fuentes de un enriquecimiento vedado por la sociedad, con las que las autoridades ediles, por la naturaleza de sus funciones, tienen que toparse necesariamente.
De esta realidad la Provincia de Sánchez Carrión no está exenta de allí que de fuentes bastante confiables se conoce que nuestro burgomaestre provincial y algunos distritales también vienen siendo víctimas del chantaje violentista lo cual no deja de motivar la preocupación ciudadana. ¿Hasta cuándo habremos de vivir en este clima de inseguridad? ¿Cuál Alcalde será la próxima víctima?
A esto se añade la forma como nuestras autoridades de nuestra Provincia encargadas de instaurar la seguridad y administrar la justicia orientan su mirada acusadora hacia el lado equivocado como son las agrupaciones que en los pueblos de la sierra si confiamos plenamente por que brindan aquello que justamente ellas no pueden hacerlo: SEGURIDAD. Decimos esto porque 4 respetables ciudadanos huamachuquinos integrantes de las Rondas Urbanas de Huamachuco han sido detenidos acusados de una serie de delitos a raíz de un robo perpetrado, presuntamente, por una familia muy conocida y con largos antecedentes delincuenciales, caso en el que los ronderos se vieron obligados ha intervenir de acuerdo a sus atribuciones.
Dirigentes populares que pese a contar con el apoyo y la solidaridad de nuestras autoridades provinciales serán sometidos al rigor de la Ley, rigor que no es aplicado en otros casos verdadermanete delictuosos ampliamente conocidos por la comunidad. Un indeseado comportamiento que es motivo de la desconfianza y bajísima aprobación que la ciudadanía tiene de dichas instituciones.
Urge que las autoridades del gobierno nacional, comenzando por el Presidente de la República, continuando con las demás instancias de gobierno, se hagan eco del clamor ciudadano que demanda, con justísima razón, la instauración de un clima de seguridad. No es posible que la extorsión, el crimen y la violencia fratricida se imponga en nuestro país convirtiéndolo en tierra de nadie. LA SEGURIDAD DEBE SER UN PROBLEMA PRIORITARIO A ATENDER y si es necesario realizar reingenierías o reformas profundas en los estamentos del Estado, pues estas deben ser realizadas. No permitamos que la delincuencia sea la que gobierne el Perú o que los pobladores, como ocurre en los pueblos del sur, tomemos la justicia por nuestra propia mano através de linchamientos o asesinatos según la bíblica sentencia del: OJO POR OJO DIENTE POR DIENTE.