Por: Dionicio Mantilla León
Luego de 10 días de paro indefinido que venían impulsando 38 comunidades de Cajamarca reclamando la inviabilidad de Minas Conga propiedad de minera Yanacocha, por el ostensible deterioro de sus fuentes de agua y ecosistemas, medida de fuerza que se estaba degenerando al imponer la dirigencia radical prácticamente un “estado de sitio” en la convulsionada zona, el gobierno del Presidente Ollanta Humala decidió el 4 de este mes decretar el Estado de Emergencia en 4 provincias de esa región durante 60 días al amparo de lo estipulado por nuestra Carta Magna (art.137).Un virtual “estado de sitio” que lesionaba gravemente el Estado de Derecho de la nación y que venía provocando cuantiosas perdidas económicas y la afectación de la paz y tranquilidad de la población.
Sin lugar a dudas que el paro cajamarquino que hubiera tenido un mejor final de no haber sido por la intransigencia de algunos dirigentes de sus dirigentes ha dejado huellas que son necesarias tener en cuenta toda vez que aún quedan latentes a lo largo del territorio serios conflictos sociales en su mayoría anti mineros. La huella mas relevante es el golpe asestado a la súper poderosa empresa Yanacocha concesionaria y operadora de la mayor parte de yacimientos mineros de la región desde hace 18 años, quien se creía intocada dándose el lujo de haber comprometido incluso a varios postulantes al Congreso y, ahora congresistas, para que la defiendan.
Otras huellas relevantes lo constituyen: la oferta del Ejecutivo de revisar el EIA que validan las operaciones en minas Conga, asimismo, la suspensión de operaciones mineras en dicho lugar y el reconocimiento formal de que el orden correcto de prioridades es “agua y luego oro” y no al revés por más exorbitante cuantía de utilidades que se puedan lograr, un orden que se inscribe en la oferta electoral hecha por Ollanta Humala durante la campaña electoral. A ello se añade el interés del gobierno de atender un eterno problema que se repite a lo largo de todo el país: la ausencia del Estado en el Perú profundo el que, en este caso, será afrontada con la elaboración de un Plan de Desarrollo socio económico integral de la región.
Lamentablemente, el paro indefinido que ha concluido ha ratificado una vez más la creencia del pueblo de que la mejor estrategia para hacerse escuchar por el Estado es “incendiando la pradera” a través de paros indefinidos y bloqueo de carreteras aunque se tenga que enfrentar con las fuerzas policiales y todo por serias deficiencias existentes en la Comisiones Especiales de Previsión de Conflictos existentes en varias instancias del Ejecutivo. Sin embargo, en la implementación de estas medidas extremas que muchas veces son justas, los protestantes no reparan en las cuantiosas pérdidas económicas, tampoco en la paralización de actividades y las pérdidas de vidas humanas, algo que en esta ocasión felizmente no ha ocurrido.
Según la Defensoría del Pueblo los conflictos sociales embalsados por el gobierno anterior y heredados por este, pasan de los 300 la mayor parte referidos a los problemas ambientales y la minería formal e informal centrada en muchos lugares del país principalmente en Madre de Dios, Andahuaylas y Chincheros en Apurímac, así como en Ancash, Piura y la Libertad. En esta última, la minera más antigua es Peruvian Silver cuya muestra de lo que no debe hacer una minería responsable en cuanto al desarrollo de su zona de influencia se refiere es, Quiruvilca y Shorey y la visible contaminación de las aguas del río Moche.
Urge prevenir la ocurrencia de conflictos sociales y para ello es necesario fortalecer la Comisión Nacional de Prevención de Conflictos adscrita a la PCM. Conflictos que deben ser prevenidos fundamentalmente a través de 2 vías: Haciendo realidad el Ordenamiento Territorial Geoproductivo Nacional en donde estén ubicadas las áreas para minería, hidrocarburos, gas y las áreas agrícolas y pecuarias. Asimismo, formalizando la minería informal, elaborando y llevando a la práctica el Reglamento de la Ley de Consulta Previa e instituyendo el Concejo Económico Social con representación del Estado, empresario privado, comunidades y las organizaciones sociales de base.
Sin lugar a dudas que el paro cajamarquino que hubiera tenido un mejor final de no haber sido por la intransigencia de algunos dirigentes de sus dirigentes ha dejado huellas que son necesarias tener en cuenta toda vez que aún quedan latentes a lo largo del territorio serios conflictos sociales en su mayoría anti mineros. La huella mas relevante es el golpe asestado a la súper poderosa empresa Yanacocha concesionaria y operadora de la mayor parte de yacimientos mineros de la región desde hace 18 años, quien se creía intocada dándose el lujo de haber comprometido incluso a varios postulantes al Congreso y, ahora congresistas, para que la defiendan.
Otras huellas relevantes lo constituyen: la oferta del Ejecutivo de revisar el EIA que validan las operaciones en minas Conga, asimismo, la suspensión de operaciones mineras en dicho lugar y el reconocimiento formal de que el orden correcto de prioridades es “agua y luego oro” y no al revés por más exorbitante cuantía de utilidades que se puedan lograr, un orden que se inscribe en la oferta electoral hecha por Ollanta Humala durante la campaña electoral. A ello se añade el interés del gobierno de atender un eterno problema que se repite a lo largo de todo el país: la ausencia del Estado en el Perú profundo el que, en este caso, será afrontada con la elaboración de un Plan de Desarrollo socio económico integral de la región.
Lamentablemente, el paro indefinido que ha concluido ha ratificado una vez más la creencia del pueblo de que la mejor estrategia para hacerse escuchar por el Estado es “incendiando la pradera” a través de paros indefinidos y bloqueo de carreteras aunque se tenga que enfrentar con las fuerzas policiales y todo por serias deficiencias existentes en la Comisiones Especiales de Previsión de Conflictos existentes en varias instancias del Ejecutivo. Sin embargo, en la implementación de estas medidas extremas que muchas veces son justas, los protestantes no reparan en las cuantiosas pérdidas económicas, tampoco en la paralización de actividades y las pérdidas de vidas humanas, algo que en esta ocasión felizmente no ha ocurrido.
Según la Defensoría del Pueblo los conflictos sociales embalsados por el gobierno anterior y heredados por este, pasan de los 300 la mayor parte referidos a los problemas ambientales y la minería formal e informal centrada en muchos lugares del país principalmente en Madre de Dios, Andahuaylas y Chincheros en Apurímac, así como en Ancash, Piura y la Libertad. En esta última, la minera más antigua es Peruvian Silver cuya muestra de lo que no debe hacer una minería responsable en cuanto al desarrollo de su zona de influencia se refiere es, Quiruvilca y Shorey y la visible contaminación de las aguas del río Moche.
Urge prevenir la ocurrencia de conflictos sociales y para ello es necesario fortalecer la Comisión Nacional de Prevención de Conflictos adscrita a la PCM. Conflictos que deben ser prevenidos fundamentalmente a través de 2 vías: Haciendo realidad el Ordenamiento Territorial Geoproductivo Nacional en donde estén ubicadas las áreas para minería, hidrocarburos, gas y las áreas agrícolas y pecuarias. Asimismo, formalizando la minería informal, elaborando y llevando a la práctica el Reglamento de la Ley de Consulta Previa e instituyendo el Concejo Económico Social con representación del Estado, empresario privado, comunidades y las organizaciones sociales de base.