Por: Mario Huamán Rivera
El segundo gabinete de Ollanta Humala dejó de ser de concertación y ha sufrido un viraje a la derecha con rasgos autoritarios, lo que ha generado en los trabajadores y el pueblo una enorme frustración y decepción porque los compromisos de cambios asumidos corren el riesgo de no ser cumplidos. Por este motivo, el Presidente Ollanta Humala tiene que sincerarse con el país y decir si cumplirá con las promesas que ofreció en la campaña electoral.
Las primeras declaraciones del nuevo ministro de Trabajo, José Villena, estarían demostrando lo contrario, como el anuncio de que el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) estará condicionado al sustento técnico y el cuestionamiento a la derogatoria del Régimen Laboral CAS (Contratación Administrativa de Servicios), que afecta a más de 160 mil servidores estatales. El ministro se olvidó que son promesas de campaña del mandatario.
Por esta razón, demandamos el cumplimiento de la agenda laboral y social entregada al Presidente desde hace meses, que implica la derogatoria de los regímenes laborales (mypes, textiles, agroindustria, etc), aumento remunerativo para el sector público; recuperación de las empresas estratégicas y no a la privatización; recuperación del Gas de Camisea; defensa de los recursos naturales; respeto a los convenios internacionales, como la consulta previa, entre otros.
El Presidente debe tener en cuenta que los conflictos sociales continuarán si no se usa el diálogo como herramienta para la solución concreta de los problemas, que aquejan a la población y que forma parte de sus compromisos que le sirvió para ganar las elecciones.
Asimismo, le demandamos un ordenamiento territorial del país que permita la zonificación ecológica-económica y la regulación de las competencias de los gobiernos locales y regionales en la planificación y gestión de nuestro territorio, además de la revisión de todos los Estudios de Impacto Ambiental que suscribió el nefasto gobierno de García, debido a que ha quedado evidenciado con Yanacocha y el proyecto Conga, que son estudios parcializados a favor de las empresas, y que no respetan los estándares internacionales, como también ocurriría en Tía María, Southern Perú en Tacna, Andahuaylas, Chincheros, etc.
La central ha convocado a todas las fuerzas sociales para tener un encuentro de unidad en los próximos días con la finalidad de encarar los problemas generados por esta crisis política y encontrar una solución a los conflictos sociales.
Las primeras declaraciones del nuevo ministro de Trabajo, José Villena, estarían demostrando lo contrario, como el anuncio de que el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) estará condicionado al sustento técnico y el cuestionamiento a la derogatoria del Régimen Laboral CAS (Contratación Administrativa de Servicios), que afecta a más de 160 mil servidores estatales. El ministro se olvidó que son promesas de campaña del mandatario.
Por esta razón, demandamos el cumplimiento de la agenda laboral y social entregada al Presidente desde hace meses, que implica la derogatoria de los regímenes laborales (mypes, textiles, agroindustria, etc), aumento remunerativo para el sector público; recuperación de las empresas estratégicas y no a la privatización; recuperación del Gas de Camisea; defensa de los recursos naturales; respeto a los convenios internacionales, como la consulta previa, entre otros.
El Presidente debe tener en cuenta que los conflictos sociales continuarán si no se usa el diálogo como herramienta para la solución concreta de los problemas, que aquejan a la población y que forma parte de sus compromisos que le sirvió para ganar las elecciones.
Asimismo, le demandamos un ordenamiento territorial del país que permita la zonificación ecológica-económica y la regulación de las competencias de los gobiernos locales y regionales en la planificación y gestión de nuestro territorio, además de la revisión de todos los Estudios de Impacto Ambiental que suscribió el nefasto gobierno de García, debido a que ha quedado evidenciado con Yanacocha y el proyecto Conga, que son estudios parcializados a favor de las empresas, y que no respetan los estándares internacionales, como también ocurriría en Tía María, Southern Perú en Tacna, Andahuaylas, Chincheros, etc.
La central ha convocado a todas las fuerzas sociales para tener un encuentro de unidad en los próximos días con la finalidad de encarar los problemas generados por esta crisis política y encontrar una solución a los conflictos sociales.