La realidad social de las provincias del ande liberteño y que los nuevos congresistas de La Libertad deben saber, para presentar propuestas de ley, es triste y precaria.Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe de fines del 2019 sobre Desarrollo Humano , busca compartir estudios, propuestas y compromisos sobre las brechas de acceso a los servicios básicos de las provincias de Sánchez Carrión, Julcán, Bolívar, Santiago de Chuco, Pataz, Gran Chimú y Otuzco.
El documento denominado “Por una densidad del Estado al servicio de la gente” indica que las jurisdicciones antes mencionadas se encuentran entre las primeras 33 jurisdicciones con menos acceso a los servicios básicos del Estado (identidad, salud, educación, saneamiento básico y electrificación).
Lo anterior amerita exigir a los flamantes congresistas que tomen lectura de esta difícil realidad social de La Libertad. Al igual que las mencionadas provincias liberteñas, en el Perú hay todavía enormes brechas en el acceso a los servicios más elementales para el desarrollo humano.
El estudio indica que en La Libertad, con una población de más de 1’617, 000 habitantes, tiene todavía el 3.66% de sus habitantes indocumentados, sin acta de nacimiento o sin Documento Nacional de Identidad (DNI).
Sin embargo, en provincias como Pataz, una de las más postergadas en este rubro, el porcentaje de indocumentados alcanza el 6.42%. El estudio no dice nada sobre la extrema pobreza de los distritos de la provincia de Bolívar, la más abandonada por el gobierno aprista y sobre todo por el regional.
Refiere, que esta brecha se explica por los avances impulsados por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), entre ellos la participación del Sistema de Registro Civil, la puesta en marcha del Plan Nacional de Restitución de la Identidad 2005-2009, campaña de gratuidad de DNI para los más pobres, entre otras políticas dispuestas por el Gobierno. Pero esta actividad tendrá que seguir con el nuevo gobierno nacional.
En el tema de salud, La Libertad tiene 14.7 médicos por cada 10,000 habitantes, de acuerdo a los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 2007, ubicándose por encima del promedio estándar establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de diez médicos por cada 10,000 pobladores. No obstante, la brecha en este servicio básico es notoria entre la capital del departamento y las provincias andinas liberteñas.
Por ejemplo, la provincia de Virú cuenta con 2.1 médicos, la de Sánchez Carrión con 2.6 y la de Julcán con 2.7, siendo las provincias con menor razón de médicos por habitantes en el departamento.
El PNUD estima que a nivel nacional se requiere un incremento de 4,445 médicos para que atiendan las necesidades de las 153 provincias que se encuentran por debajo del promedio establecido por la OMS de médicos por habitantes, como las tres mencionadas en La Libertad.
En educación, según los censos de 2007, la provincia liberteña de Sánchez Carrión muestra la menor tasa de asistencia a secundaria de la población de 12 a 16 años (36.6%).
Esto significa que 11,341 jóvenes no asistían a secundaria en esa localidad. Respecto al tema de saneamiento, según los censos de 2007, las provincias de Trujillo y Sánchez Carrión son las que cuentan con mayor número de viviendas (27,463 y 26,946, respectivamente) sin acceso a agua ni desagüe.
En electrificación, si se consideran las brechas al interior de cada provincia, las que presentan los mayores déficits en este servicio son: Julcán (79.9%), Sánchez Carrión (74.8%) y Gran Chimú (72.3%). El documento, elaborado por la Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, propone -en el ámbito nacional- para identificar y atender a las provincias con menor cobertura de servicios básicos, priorizando el gasto público en estas zonas para mejorar la cobertura y calidad de los servicios básicos, sobre todo en la población rural.
Plantea, además, priorizar la atención a la niñez en las provincias más alejadas, extender los servicios de salud materna y planificación familiar en las provincias amazónicas y de la sierra norte. Asimismo priorizar la atención en servicios básicos a las comunidades nativas de la Amazonía, pueblos quechuas y aimaras.(la primera)