Representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional llegaron la madrugada de este miércoles a la vivienda del hermano de la presidenta Dina Boluarte, en San Borja.
Representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizan un operativo de allanamiento en la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el distrito de San Borja.
La diligencia se inició la madrugada de este miércoles y se realiza bajo la dirección del fiscal adjunto provincial, Raúl Guerrero Quispe.
El operativo en la casa del hermano de la presidenta Boluarte formaría parte de un operativo que incluye allanamientos en otros inmuebles.
De acuerdo con información recogida por RPP, el allanamiento de este miércoles respondería a una investigación distinta al caso 'Los Waykis en la sombra', que aún continúa bajo las indagaciones del Ministerio Público.
Caso 'Los waykis en la sombra'
Como se recuerda, el hermano de la mandataria es investigado por el caso 'Los waykis en la sombra', una presunta organización criminal que, de acuerdo con la tesis fiscal, habría captado a personas para colocarlas en puestos claves de entidades del Estado como Prefecturas y Subprefecturas a nivel nacional.
Por este caso, el Poder Judicial ordenó prisión preventiva por 36 meses para Nicanor Boluarte y otros investigados en noviembre de 2024. No obstante, en enero de este año un juzgado declaro improcedente dicho mandato.
A inicios de este mes, el Poder Judicial también rechazó el pedido de Nicanor Boluarte de que se archive la investigación en su contra por el presunto delito de organización criminal.
La defensa legal del hermano de la mandataria alegó que los hechos que se le imputan a su patrocinado no superarían el estándar establecido por el delito de organización criminal, al amparo de la Ley 32108, pues el entramado criminal no presentaría una estructura compleja y los delitos fines en su extremo mínimo no superarían los 6 años de pena privativa de la libertad.
No obstante, el juez Richard Concepción Carhuancho determinó que debe descartarse la aplicación de la Ley 32108 al presente caso concreto, en vista de que se trataría de una ley anterior al momento en que se produjeron los hechos materia de imputación.
Asimismo, precisa que el planteamiento de la defensa técnica del investigado supondría una aplicación ultractiva de la ley penal, lo cual está prohibido por nuestro ordenamiento jurídico.(RPP)