La iniciativa que modifica el Código Penal Militar Policial fue aprobada en primera votación con 60 votos a favor, 34 votos en contra y 10 abstenciones.
Tenso debate por proyecto de ley
La iniciativa generó posiciones encontradas durante el debate en el Pleno del Congreso. El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) sostuvo que la propuesta era positiva debido a la naturaleza de la jurisdicción encargada de juzgar a los policías o militares involucrados en presuntos delitos.
“Creo que es pertinente que, cuando un policía sea procesado por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, sea juzgado por el fuero militar-policial. De esta manera, se puede garantizar una justicia objetiva y especializada. Sobre todo, una justicia que comprenda la labor que nuestros efectivos vienen realizando”, señaló.
Por su parte, la congresista Susel Paredes (Cambio Democrático) cuestionó la iniciativa al considerar que vulnera el principio de igualdad ante la ley entre civiles y miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. En ese sentido, sostuvo que no existen razones para que quienes cometen delitos comunes sean juzgados fuera de los fueros ordinarios.
“Delincuente es delincuente, tenga uniforme o no. Aquí se está faltando el respeto a los jueces y fiscales. ¿Un militar que forma parte de una organización criminal debe ser juzgado por el fuero militar? Ha cometido un delito común. Esto es darle un paraguas y un estatus especial que no corresponde. Porque delincuente es delincuente, tenga corbata y terno o tenga uniforme. Como abogada y ciudadana, al pan, pan; y al vino, vino. Delincuente es delincuente y debe ir al fuero común”, afirmó.
Señalan que iniciativa podría ser ampliamente perjudicial para los DD.HH.
En conversación con La República, el abogado Carlos Rivera, integrante del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló que esta ley responde a una lógica que el Congreso viene impulsando mediante iniciativas que, a su juicio, favorecen la impunidad en materia de derechos humanos. Además, advirtió que, de promulgarse la norma, podrían verse afectados casos en los que estén involucrados policías o miembros de las Fuerzas Armadas, como la reciente matanza de Colcabamba, donde cinco jóvenes perdieron la vida.
“Me da la impresión de que esta norma no está siendo pensada para el futuro, sino porque quieren afectar la mayor cantidad de casos del presente, como los relacionados con el Conflicto Armado Interno o las protestas sociales. Esta no es una norma de carácter penal, por lo tanto, su vigencia no se proyecta únicamente hacia el futuro. (...) Probablemente, la intención de quienes promueven esta norma es que se sostenga que se trata de una disposición procesal y que, por lo tanto, se aplique a todos los casos vigentes. Es una estrategia propia de los años 90, algo totalmente repudiable”, afirmó.
Para Rivera, el proyecto de ley abre la puerta a que delitos que actualmente son competencia exclusiva del fuero común pasen a ser vistos por la jurisdicción militar-policial: “La redacción de la modificatoria señala que el delito de función comprende toda conducta ilícita por acción u omisión. En realidad, se les está otorgando una amplitud que excede los límites establecidos para tipificar un hecho delictivo como delito de función. El objetivo es abarcar la mayor cantidad posible de hechos delictivos que, técnicamente, hoy no son considerados delitos de función, pero que a partir de esta norma podrían recibir esa denominación”.
Según los promotores de la ley, la iniciativa busca evitar una doble persecución judicial contra efectivos policiales o militares. Sin embargo, Rivera afirmó que esa controversia ya fue resuelta hace años y que existe jurisprudencia al respecto.
“La última contienda de competencia entre el fuero común y el fuero militar, debido a que ambos juzgaban los mismos hechos, ocurrió en 2004. En el caso de Indalecio Pomatanta, un joven asesinado por marinos en 1995 en Pucallpa, la Corte Suprema emitió una sentencia que se convirtió en precedente vinculante y estableció con claridad qué casos corresponden al fuero militar y cuáles al fuero común”, explicó.
El proyecto de ley también establece que la Corte Suprema deberá privilegiar la jurisdicción militar-policial cuando un caso sea conocido en ambas instancias. Al respecto, Rivera consideró que esta disposición carece de sustento jurídico: “Es una medida absolutamente atentatoria contra la independencia del Poder Judicial. Están buscando crear un mecanismo de impunidad distinto a los que han venido desarrollando”.
Finalmente, Rivera sostuvo que la iniciativa contradice abiertamente la Constitución: “Se está desnaturalizando el concepto de delito de función, se está ampliando indebidamente el ámbito de intervención de las Fuerzas Armadas y, además, se está atropellando y vulnerando la independencia y autonomía del Poder Judicial, específicamente de la Corte Suprema de Justicia”
Criticas hacia las bancadas que apoyaron este proyecto
Ruth Luque (Cambio Democrático) también conversó con La República sobre esta iniciativa. Para la parlamentaria, las justificaciones esgrimidas para una medida de esta naturaleza no se sostienen en la realidad.
“Actualmente, un efectivo policial que comete delitos de función responde ante los tribunales correspondientes. Sin embargo, a raíz de experiencias que ha vivido el país, en las que efectivos han cometido delitos como violaciones u homicidios, estos deben responder ante el fuero común. Lo que hacen con esta propuesta es retroceder en todo lo avanzado. Es una medida inconstitucional. El mensaje absurdo es que supuestamente están intentando proteger a la ciudadanía y brindar herramientas para ello. En realidad, lo que están haciendo es modificar el contenido del delito de función. Eso significa que, en la práctica, se tendrá además una Policía o un Ejército que puede actuar con impunidad, sabiendo que podría no responder por sus actos”, indicó.
La congresista recordó casos como los asesinatos de Marcelino Valencia y Zacarías Pasco, ocurridos en septiembre de 1990 en el puesto policial de Santo Tomás, en Chumbivilcas, para ejemplificar situaciones en las que policías terminaron siendo juzgados por la jurisdicción policial pese a estar involucrados en delitos comunes. Asimismo, sostuvo que una demanda de inconstitucionalidad sería plenamente procedente si el proyecto llega a ser aprobado de manera definitiva.
“Tiene que realizarse una segunda votación, por eso se ha ampliado la legislatura hasta el 24 de junio. Si esta iniciativa supera esa etapa, estaremos ante una ley inconstitucional. Corresponde presentar una demanda de inconstitucionalidad y eso puede hacerse por distintas vías. Espero que muchos parlamentarios reflexionen sobre lo que esto representa. ¿Cómo se atreven a hablar de reconciliación si promueven una ley de esta naturaleza? Es una norma similar a las leyes procrimen que han generado rechazo y protestas. Espero que sean honestos y no generen una mayor injusticia, una injusticia que finalmente terminan sufriendo los ciudadanos”, afirmó.(La República).