La institución hizo un llamado al Defensor del Pueblo nacional para reconsiderar esta decisión, subrayando la necesidad de trabajar con transparencia e independencia, alejados de intereses políticos o partidarios.
El Colegio de Abogados de La Libertad expresó su preocupación por la reciente designación de María del Carmen Olórtegui Risco como representante de la Defensoría del Pueblo en la región para el periodo 2024, calificándola de inconstitucional.
La institución señaló que Olórtegui Risco mantiene afiliación y cargo directivo en un partido político, Alianza para el Progreso (APP), lo que vulneraría la Constitución. Además, cuestionaron su falta de experiencia para liderar una institución clave.
De acuerdo con el portal del Jurado Nacional de Elecciones, Olórtegui Risco está afiliada a APP desde el 30 de noviembre de 2007 y figura como miembro del comité departamental de La Libertad de dicha organización política liderada por César Acuña.
En respuesta a las críticas, Olórtegui Risco anunció en su cuenta de Facebook su renuncia al cargo de responsable política provincial de APP en Trujillo, intentando reducir las inquietudes por su designación en la Defensoría.
El Colegio recordó que, según el Tribunal Constitucional en el Exp. 5057-2013-PA/TC, los funcionarios públicos deben actuar de manera imparcial. Sin embargo, consideran que los vínculos partidarios de la designada comprometen esta obligación constitucional.
También subrayaron que el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo prohíbe que el titular de este cargo tenga filiaciones políticas, lo cual aseguran que se incumple con esta reciente designación.
Además, señalaron que Olórtegui Risco es psicóloga sin experiencia en derechos humanos ni gestión pública, requisitos que consideran esenciales para liderar una institución que supervisa la administración estatal y protege los derechos ciudadanos.
El Colegio propuso que el perfil idóneo para este cargo sea un abogado especializado en derechos humanos, argumentando que ello garantizaría una gestión acorde con las exigencias constitucionales y sociales del puesto.
La institución hizo un llamado al Defensor del Pueblo nacional para reconsiderar esta decisión, subrayando la necesidad de trabajar con transparencia e independencia, alejados de intereses políticos o partidarios.
Asimismo, advirtieron que decisiones como esta afectan la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, particularmente en un órgano como la Defensoría del Pueblo, que debe actuar como garante de los derechos fundamentales.
Finalmente, el Colegio reafirmó su compromiso de velar por la institucionalidad y el cumplimiento de las leyes, instando a fortalecer las entidades públicas para garantizar la imparcialidad y objetividad en la gestión estatal.(LA INDUSTRIA)