Son más de medio millar de menores que han sufrido abuso desde el 2010 y quienes, con las declaraciones de Quero y Hernández, reviven la feroz injusticia.
Sin ningún tipo de miramiento, hace unos días, los titulares de las carteras de Educación y de la Mujer, Morgan Quero y Ángela Hernández, intentaron justificar crímenes contra la libertad sexual que sufren las niñas de la comunidad indígena awajún como si fuesen prácticas que deben ser tratadas como actos culturales.
De manera no solo ligera e irresponsable, sino discriminatoria y altamente revictimizante, los más altos representantes del Estado en las materias educativas y de género no solo han desconocido la evidencia abundante que existe sobre el trato a las víctimas de violencia sexual en diversas culturas, sino que han sido un claro ejemplo de lo que implica la revictimización.
Según la organización no gubernamental sin fines de lucro Save The Children, la victimización secundaria (o revictimización) es la respuesta que da el sistema a una víctima, la cual hace que la persona reviva la situación traumática y vuelva a asumir su papel de víctima. En ese sentido, con esos tipos de discursos, las víctimas no lo son solo de un delito, sino de la incomprensión y maltrato del sistema.
Si bien esos dichos infelices tan solo fueron una tentativa torpe y sin éxito que no tardó en recibir el rechazo de la ciudadanía y, sobre todo, de las mismas autoridades awajún, chapra y otras varias que han ejercido su legítimo derecho a la protesta, no deja de llamar la atención el comportamiento sistemático de las autoridades que hoy están en el poder, sin la reacción política que, en tiempos de mayor respeto a los peruanos, hubiera resultado en la renuncia inmediata o el retiro de sus altos cargos en el Gobierno.
Hoy se sabe que tan solo en Loreto son 532 niñas peruanas quienes han visto pisoteadas sus esperanzas de conseguir justicia. Que el Estado, a pesar de las guías que ostentan e ignoran en sus repositorios institucionales, ha dejado proscribir y archivado más de 210 denuncias.
La excomisionada de la CIDH Julissa Mantilla recuerda que ha sido el mismo Estado el que ha incumplido con su deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar. En un país democrático normal, la renuncia de estos ministros ya sería una noticia antigua. Sin embargo, los peruanos sabemos quiénes conforman el pacto de corruptos que los sostienen. Este será un episodio profundamente bochornoso más que se sumará a la serie que, desde diciembre del 2022, escribe este régimen.