Por: Dionicio Mantilla León
Por 70 votos a favor, 30 en contra y 7 abstenciones el Congreso de la República dirigido por Fuerza Popular aprobó, el día de ayer, la Ley que prohíbe la publicidad estatal en todos los medios de comunicación del país convirtiendola, tal como así lo califica el Presidente dela República, Martín Vizcarra, en una “Ley mordaza”norma que contraviene lo estipulado por nuestra Constitución Política que ampara en su artículo 2*, incisos 4, 5, 6 y 7, el derecho del pueblo a ser informado y, por ende, a conocer el tratamiento y destino que se le da a su dinero.
Una vez más, el país asiste absorto a la forma como un Poder del Estado que debería estar al servicio del pueblo y ser respetuoso de las normas constitucionales se convierte en instrumento de venganza anunciado días atrás por el mismo Presidente del Congreso, Luis Galarreta, al insultar en la localidad de Chimbote a los medios de prensa independientes que critican, con pruebas, la labor congresal calificándolos como “mermeleros”. Una labor congresal tan venida a menos y que viene mereciendo sólo el 11 % de aprobación ciudadana y es objeto del rechazo popular en las calles.
Lo que llama la atención es la actitud pusilánime de algunos congresistas como Jorge del castillo, Víctor Andrés García Belaunde, Marisa Glave y hasta el Premier César Villanueva y el Ministro de Justicia, Javier Heresi, estos dos últimos también congresistas, que en lugar de permanecer en sus escaños para plantear sus puntos de vista durante el debate sencillamente se ausentaron a la hora de la votación de la Ley dejando la mesa servida a quienes la impulsaban.
Es así como el Congreso de la República se ha puesto nuevamente a espaldas del pueblo. En esta ocasión en contra del derecho que tenemos los peruanos a ser informados de las acciones que cumple o no cumple el Poder Ejecutivo y todas sus instancias regionales, provinciales y distritales y, consecuentemente, poder fiscalizarlas o plantear alternativas para un mejor desempeño. Quienes ejercemos el periodismo libre tenemos que hacer manifiesto nuestra indignación y disconformidad con esta ley propuesta por el aprista Mauricio Mulder e impulsado por el fujimorismo.
Una actitud que retrata la esencia antidemocrática y abusiva de quienes no tienen moral para violar los derechos estipulados por nuestra Constitución Política. ¿Cómo pueden los fujimoristas afirmar que la razón fundamental para prohibir la contratación de la publicidad estatal en los medios de prensa se debe a que es un canal de despilfarro de los dineros del estado cuando es el mismo Congreso presidido por ellos son los que despilfarran la plata de todos los peruanos comprando flores carísimas (85 mil dólares) del extranjero para ornamentar por cuatro días (y luego desecharlas) sus lujosas oficinas, aparte de los Televisores y celulares de última tecnología, frio bares, deshumecedores de ambiente, trituradoras de papel, todo por varios millones de soles?
¿Y qué hay de los turrones, canastas navideñas y computadoras sobre valoradas, estas últimas que el Congreso de la Republica intentó comprar a empresas bambas de Trujillo, pero que por los destapes de los medios de prensa no lo pudieron hacer? ¿No significan acaso gastos superfluos que horadan el erario del Estado? ¿Y qué hay de la compra descarada de los medios de prensa hecha por el fujimontesinismo los que se convirtieron en “mermeleros” del gobierno y destructores de sus opositores?
Sostener, tal como lo hacen los impulsores de la Ley mordaza, que la población deberá informarse hoy de lo que hace el Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales y Distritales, Poder Judicial, Ministerio Público y los diversos organismos públicos como Sedalib, Hidrandina, entre otros, sólo a través de los medios estatales como Radio Nacional, TV Perú y el Diario El Peruano o a través de celulares, resulta risible y jalado de los cabellos sólo propio de regímenes dictatoriales.
Según el Presidente de la República, Martín Vizcarra, el gobierno planteará ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad y otra de amparo que impidan este flagrante atropello al derecho del pueblo a ser informado. El Tribunal Constitucional, un ente supranacional de administración de justicia que, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuzchinski, intentara también copar el fujimorismo tal como lo hiciera con otras entidades estatales, intención en la que, felizmente, no tuvo éxito