Fuerte y claro. El fiscal Luis Landa solicitó a la Sala Penal Nacional que declare inaplicable el derecho de gracia otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Dijo que ha violado el debido proceso y desnaturalizado este beneficio porque no ha sido motivado ni cumplió los plazos exigidos en la Constitución. El tribunal dejó el caso al voto. Los familiares esperan justicia.
Por la falta de motivación y por no cumplir con el plazo legal que ordena la Constitución, el derecho de gracia presidencial concedido a Alberto Fujimori no solo es una violación al debido proceso sino su desnaturalización, dijo el fiscal Luis Landa al tribunal que tiene a su cargo el proceso por los crímenes de seis pobladores de Pativilca cometidos en 1992 por el grupo Colina. Por ello, solicitó su inaplicación para que el ex mandatario sea sometido a juicio oral.
Así se resume la participación de media hora de Landa tras escuchar a los abogados de las víctimas y de los procesados en la audiencia de control de acusación, que terminó centrándose en Alberto Fujimori.
En el recinto estaban los familiares de las víctimas, quienes no perdían la esperanza de alcanzar justicia luego de casi 26 años desde que un contingente militar ingresó a sus casas en la madrugada y se llevó a los pobladores, que dos días después aparecieron muertos con huellas de tortura.
El representante del Ministerio Público recordó que Fujimori es acusado de autor mediato porque en su condición de presidente de la República aprobó e implementó la política antiterrorista, diseñada y ejecutada por Vladimiro Montesinos, consistente en la eliminación de presuntos elementos terroristas.
En este punto, Miguel Pérez, defensor del ex mandatario, quiso interrumpirlo pero fue impedido por la presidenta del Colegiado B de la Sala Penal, Miluska Cano. "Lo que el señor fiscal está haciendo es una síntesis de su tesis incriminatoria", le dijo y luego señaló que al final podía volver a hacer uso de la palabra.
Landa explicó que el caso se inició con el auto apertorio en diciembre del 2012, en el que se incluyó a Alberto Fujimori, pero no se actuó ninguna diligencia en espera del pedido de ampliación de la extradición para los sucesos de Pativilca, lo que ocurrió recién el 5 de junio del 2017. Sostuvo que desde entonces se computa la fecha para el derecho de gracia, que no debe exceder el doble del plazo de instrucción más su ampliatoria.
En ese sentido, aclaró que solo han transcurrido 6 meses y 19 días. Así recogió la posición de la directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, abogada de los familiares de las víctimas.
Descartó los argumentos del defensor de Fujimori, para quien el cómputo del plazo debe hacerse desde la fecha del auto apertorio, es decir, diciembre del 2012.
"La gracia presidencial se ha otorgado fuera del marco constitucional, en una etapa que no corresponde, ni cumple con el estándar mínimo de motivación", dijo el fiscal, ya que ni siquiera se menciona en qué casos se otorga este beneficio.
Añadió que esta gracia presidencial "no solo significa una violación al debido proceso sino también una desnaturalización".
Lesa humanidad
Momentos antes, Cano recalcó que el tribunal chileno que autorizó la extradición señala que los crímenes de Pativilca son graves delitos de lesa humanidad. Agregó que dicha sentencia indicó que "tales ilícitos merecen una reprobación enérgica de la conciencia universal".
Subrayó que la corte chilena advirtió que se debe reconocer el carácter imprescriptible de estos delitos, así como "la imposibilidad de amnistiarlos" y otras medidas que pretendan excluir la sanción de los responsables.
Cuando el abogado de Fujimori justificó el indulto y derecho de gracia para su defendido argumentando que su salud está tan resquebrajada que podía morir, Cano respondió: "El señor abogado ha dicho que las condiciones carcelarias llevarían a la muerta a Alberto Fujimori. Eso no es cierto. Conocemos por las visitas al penal Barbadillo que tenía un departamento y un tópico al lado. Antes de la resolución que le otorgaba el derecho de gracia, recibía centenares de visitas, y había hablado por teléfono con los congresistas cuando se iba a votar por la vacancia del presidente de la República. ¿Eso no le afectaba su salud?".
Al final, la presidenta de la Sala dejó el caso al voto. "Hemos escuchado a las partes, y este tribunal siendo independiente e imparcial, administrando justicia, resolverá en el plazo que la ley le faculta", refirió.
Solo piden justicia
Los familiares de las seis víctimas de Pativilca escucharon atentos a los abogados de las partes, al fiscal y al procurador. No entendieron las leyes que señalaron, tampoco las doctrinas que aludieron, pero sí tuvieron claro que en la sala había dos defensores: el de Alberto Fujimori y el de las víctimas. Así lo percibió Nicanor Vilca Quispe, suegro de Ernesto Arias Velásquez.
"Ha terminado la audiencia y no sabemos cómo quedará este crimen. Nosotros no entendemos mucho la teoría, solo escuchamos. Así es el campesino, pase lo que pase, sufre, grita, llora, y solo le pide a Dios justicia. No hay más", dijo con pesar en la puerta de la Sala Penal Nacional.
Acotó que mientras Alberto Fujimori ahora vive en una lujosa casa, los hijos de las víctimas quedaron en abandono, como su nieto Keny Arias.
Padres, hermanos e hijos hicieron el esfuerzo de llegar a Lima para demandar justicia. Fue notoria la presencia de Cesáreo Calderón, padre de John Calderón. Él es uno de los que no han cejado en esa lucha a pesar de su avanzada edad.
"El grupo Colina mató a mi hijo. Lo sacaron a las 2 de la madrugada y al día siguiente a las 8 de la noche lo encontramos muerto dentro de un cañaveral. Son 26 años en esto. Ya tengo 86 años y a veces se me hace difícil seguir andando en busca de justicia", lamentó.
Otros como Pedro Ortiz, hermano de Toribio Ortiz, apelan a su juventud para continuar dando batalla por el ser amado que no han podido olvidar. "Yo quiero que este caso se esclarezca y se sancione a los responsables", reclamó.
Ayer los deudos no estaban solos. Tuvieron la solidaridad de la Asociación de Familiares de Víctimas y Desplazados de Cayara, así como de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú.
Ellos hicieron un plantón en la puerta de la Sala Penal Nacional donde a voz en cuello demandaron la nulidad del derecho de gracia otorgado a Alberto Fujimori. Han empezado a llegar desde distintos lugares del país para sumarse a la movilización del próximo martes 30, previa a la audiencia que el 2 de febrero realizará la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedido de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Esperan que el tribunal internacional les garantice la justicia que les robaron con el indulto.
Datos
- Recurso. El Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y otras organizaciones presentaron un amicus curiae a la Sala Penal, señalando que tal como se ha dado la gracia presidencial, colisiona con obligaciones internacionales.
- Deber. El secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos, Jorge Bracamonte, sostuvo que los magistrados tienen en sus manos una decisión histórica. Recalcó que el país tiene un compromiso internacional de sancionar los graves delitos contra la humanidad.
- El 15 de enero el procurador anticorrupción Amado Enco se apersonó en el proceso de los crímenes de Pativilca porque uno de los delitos de los que es acusado Alberto Fujimori es asociación ilícita para delinquir. Sin embargo, el jueves último el Ministerio de Justicia lo apartó subrepticiamente del caso al enterarse que un día antes había presentado un escrito sentando posición contra el derecho de gracia.
Tal como el presidente Pedro Pablo Kuczynski hizo con el indulto, el Minjus no esperó y el jueves cerca de las 9 de la noche publicó una resolución en la edición digital de las Normas Legales, nombrando a César Augusto Romero Valdés como procurador ad hoc para el caso Pativilca.
Como era previsible, en apenas diez minutos, el nuevo representante legal del Estado expuso que el derecho de gracia se dio en el marco constitucional. Justificó la falta de motivación de los delitos y procesos señalando que no lo exige el reglamento.
“El lunes se cumplen 26 años y hasta ahora no encontramos justicia. Queremos que se sepa toda la verdad. Los propios miembros del grupo Colina culpan a Fujimori. Este caso se esclarecerá cuando se enjuicie a ese señor”.
José Agüero Rivera (Hermano de Pedro Agüero)
“En 1992 ingresaron a mi casa como treinta militares y se lo llevaron. Mi esposo tenía 32 años, era agricultor. Él como los otros cinco eran humildes, no eran terroristas como dijeron. Yo me quedé viuda con tres hijos".
Ada Ochoa Solano (Esposa de Felandro Castillo)
“Cuando pasó yo tenía 6 años, mi hermana 8 y otro hermano estaba por nacer. Prácticamente no he conocido a mi padre. Le pido a los magistrados que hagan justicia, aunque la justicia para los pobres no existe".
Nelson Rodríguez (Hijo de César Rodríguez)
(la república)