Estarán 18 meses privados de su libertad; sin embargo, podrían lograr su libertad en una segunda instancia, es decir en la Sala de Apelaciones.
Desde ayer, uno a uno las 27 personas detenidas durante un operativo ejecutado el pasado 17 de noviembre empezaron a conocer la suerte que correrán tras ser imputados por la policía y la fiscalía de pertenecer a la organización criminal denominada ‘El Grande del Valle’ que –según las investigaciones- se dedicaba a cometer asesinatos, extorsiones, asaltos y robos en agravio de empresarios, transportistas y agricultores de la provincia de Ascope.
La audiencia, donde se determinará si se les dicta o no prisión preventiva por un lapso de 18 meses, empezó a las 8 de la mañana en la sede de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, ubicada en el sector Natasha Alta, y se prolongó hasta la madrugada de hoy. La decisión está en manos de la titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope, Ruth Viñas Adrianzen.
Los abogados de los sospechosos de formar parte de esa banda se concentraron en cuestionar las pesquisas de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizada (Fecor) de La Libertad y restar credibilidad a las declaraciones ofrecidas por dos colaboradores eficaces (hampones arrepentidos) y cinco testigos con identidad reservada, quienes aseguraron que sus patrocinados perpetraron actos delictivos. Se basaron en el artículo 158 del Código Procesal Penal que indica que “en los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva”. En este caso –según los defensores- no hay otros elementos que los incrimine, como escuchas telefónicas, por ejemplo; mientras que la Fiscalía argumentó que si bien no había esto, sí existen otras evidencias.
Variaciones legales
Sin embargo, llamó la atención que durante al audiencia, la misma Fiscalía retrocediera en su pedido de prisión preventiva contra Cristhian Arturo Ruiz Miranda, miembro del Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Ascope, y solicitó se le varíe por comparecencia restringida. Al principio, el órgano persecutor del delito que sí existía graves y fundados elementos de convicción como son los testimonios; sin embargo después se dijo que en el allanamiento de su vivienda no se halló más pruebas en su contra.
Frente a eso, la jueza Ruth Viñas Adrianzen aceptó el pedido fiscal y dispuso su libertad inmediata bajo comparecencia restringida para que cumpla reglas de conducta y el pago de una caución de mil soles. La Fiscalía también solicitó que se le varié prisión por comparecencia restringida para Juana Margarita Vásquez Puente, a quien se le imputa el cobro de cupos y vender droga, según los testimonios. La jueza también aprobó el pedido y la mujer salió libre.
No hay elementos
También se dictó libertad por comparecencia restringida a favor de Ronald Edwar Ruiz Muñoz y Heber Lamec Castillo Tapia. De acuerdo a testigos y colaboradores, el primero tenía la función de robar y desmantelar partes de vehículos y el segundo compraba los chips de celulares para que usen los integrantes de la organización delictiva y guardaba armas de fuego. La magistrada advirtió que no había otro elemento que corroborara esos dichos, por lo tanto no le correspondía prisión preventivas. Hasta el cierre de esta edición se dispuso encerrar en el penal El Milagro a: Sandra Anthonelly Castillo Calvanapón, Carlos Alberto Estrada Tapia, José Santos Rojas Medina, Luis Gerardo Llanos Mendo, Edilberto Jonathan Vigo Guarniz, Carlos Gabriel Abanto Roncal, Gandhi Maribel Guarniz Frías y Jhordy Brando Uriarte Muñoz. La jueza consideró que contra todos ellos existía elementos de convicción de que sí pertenecen a la organización criminal ‘El Grande del Valle’.(la industria)