Directora de la Oficina de Administración de la Grell, estaría vinculada a exjefe de Abastecimientos destituido por haber comprado bienes a una empresa suya.
Después de numerosas denuncias administrativas y penales en diferentes instancias, inclusive periodísticas, el gobernador regional, Luís Valdez Farías, suscribió la resolución Nº 1951 mediante la cual cesó en el cargo de confianza a la directora de Administración de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), Ruth Mery Acosta Zevallos, acusada de supuestos actos de corrupción.
Esta funcionaria está vinculada a la contratación del exjefe de la oficina de Abastecimientos de Grell, Joptan Santos Sánchez Andrade, quien fue destituido del cargo en agosto último, tras descubrirse que había realizado compras a una empresa que supuestamente es de su propiedad a través de una testaferra, lo que derivó en un proceso administrativo y una denuncia penal impulsada por la procuraduría anticorrupción.
A Acosta Cevallos se le cuestiona por haber variado los términos de referencia para contratar al jefe de Abastecimientos este año, luego de descubrirse que Sánchez Andrade había presentado un título profesional carente de validez. Ella dispuso que este cargo sea asumido por una persona que solamente tenga título de técnico, que facilitó el ingreso de quien ya era su ‘socio’ en las compras y contrataciones irregulares que están en investigación.
Los argumentos que sustentan el cese del cargo precisan el “incumplimiento reiterativo de las funciones que le son inherentes al cargo” que tenía Acosta Cevallos.
Agrega que esta exfuncionaria tiene 17 denuncias, las que están referidas a abuso de autoridad, negociación incompatible o aprovechamiento indebido en agravio del Estado, colusión desleal agravada, aprovechamiento indebido del cargo, cohecho activo genérico impropio, colusión con defraudación patrimonial, peculado y tráfico de influencias.
Interviene contraloría
Otro caso que pone en tela de juicio la idoneidad de Acosta Zevallos se refiere a la compra de 38 carteras de cuero por la suma de 8 mil 360 soles, en setiembre 2014. Asimismo, 38 billeteras y 38 portatarjetas por el monto de 8 mil 360 soles.
Lo curioso es que las beneficiarias aseguran que solo recibieron dos carteras, pero no billeteras ni portatarjetas, lo cual vulnera el correcto funcionamiento de la administración pública, ya que la compra se debió hacer mediante el procedimiento de menor cuantía.
Este hecho fue detectado por el Órgano Instructor del Norte de la Contraloría General de la República que el 30 de mayo de este año le inició un proceso sancionador, en base al informe de setiembre del 2015 catalogado como “fraccionamiento indebido en la adquisición de carteras” que puede derivar en la suspensión temporal de sus funciones hasta por 360 días o la inhibilitación para trabajar en el sector público hasta por dos años.(RPP)