Por: Dionicio Mantilla León
Conforme nos vamos acercando al 5 de junio, fecha de las elecciones presidenciales en segunda vuelta, el escenario electoral en el país se viene clarificando. Más aún con el segundo debate presidencial desarrollado el día de ayer. Nunca como hoy, un acto electoral ha revestido singular importancia por lo que resulta urgente que los peruanos asumamos el rol histórico que nos señala la Patria, el de elegir correctamente nuestro futuro mandatario y, de esta manera, asegurar el logro de un desarrollo económico social en un ambiente de seguridad, alejado de todo tipo de corrupción y viviendo en una auténtica democracia. Un objetivo que, estoy seguro, deseamos todos los peruanos.
En esta circunstancia, los peruanos hemos tenido la oportunidad de conocer, a lo largo de esta campaña electoral, la verdadera intencionalidad política y propuestas de los dos candidatos a la Presidencia de la República, Pedro Pablo Kuschinsky, de Peruanos por el Cambio y KEIKO Fujimori, de Fuerza Popular. Una intencionalidad y propuestas que están acompañadas de un comportamiento que es preciso analizar: El candidato de Peruanos por el Cambio izando las banderas de la democracia, y la candidata de Fuerza Popular, enarbolando las banderas del autoritarismo, aunque no lo diga abiertamente.
El primero, buscando ganar el Poder Ejecutivo para gobernar de manera racional respetando la autonomía e independencia de los otros poderes y aceptando el control gubernativo del pueblo a través de las otras agrupaciones políticas representadas en el Congreso o Poder Legislativo. La segunda, pretendiendo acaparar los poderes gubernativos pues teniendo ya el Poder Legislativo intenta ganar el poder Ejecutivo e influenciar en el Poder Judicial para gobernar sin control popular convirtiéndose así, prácticamente, en una dictadura civil.
Un gobierno democrático implica participación popular y pleno respeto a los derechos humanos. Un gobierno autoritario significa la concentración del poder por un solo partido político ejerciéndolo de manera represiva sin tener en cuenta el respeto a los derechos humanos. El primero, tomando como arma el diálogo y el consenso con las otras fuerzas políticas y sociales y, el segundo, la imposición de las medidas gubernativas y el uso excesivo de los estados de emergencia como solución a los conflictos y problemas sociales. Estados de emergencia utilizados como pretexto para acabar con la delincuencia, pero también para acallar toda voz discrepante del pueblo.
Conocemos que ambos candidatos no garantizan un cambio real de la actual situación económica imperante por ser ambos defensores del modelo económico neoliberal imperante; empero, hay notorias diferencias en cuanto a lo que proponen para acabar con la inseguridad y la corrupción, cánceres que nos agobian desde la dictadura de Alberto Fujimori.
Keiko Fujimori proponiendo acabar con la inseguridad con medidas represivas a través de decretos de estados de emergencia, (Aplicado en El Callao sin resultados positivos), sacar a las fuerzas armadas a las calles, ampliar la aplicación de la pena de muerte, la instauración del 24x24 de la policía. Mientras que Kuschinsky propone la aplicación de medidas de prevención, la reforma integral del Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, mejoramiento tecnológico de las comisarías y el endurecimiento de las leyes penales.
Keiko Fujimori, no toca la corrupción a cabalidad por tener un pasado marcado por la corrupción más denigrante subrayada por el narcotráfico evidenciado por el repetido hallazgo, años atrás, de cargamentos de droga en el avión presidencial de su padre, el pago de cupos del narcotraficante Vaticano a Montesinos, el hallazgo de 100 kilos de droga en un local de Kenyi Fujimori y, en estos días, la investigación a Keiko Fujimori y su esposo por la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de lavado de activos, es decir, por dinero mal habido.
Una investigación en la que también están involucrados trece congresistas fujimoristas electos y el mismo Secretario General del partido Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, este último investigado no sólo por la Fiscalía peruana sino por una dependencia del gobierno norteamericano, la DEA, también por lavado de activos.
Y como si fuera poco, la líder de Fuerza popular ha concretado alianza con grupos sociales cuestionados por la ley: mineros ilegales, contaminadores del medio ambiente, capos de bandas de extorsionadores, transportistas ilegales e infractores, ex terroristas y grupos evangélicos anti homosexuales. ¿Es este el grupo de gente que pretende gobernar nuestro país? Por su parte, Pedro Pablo Kuschincsky, no tiene ningún candidato con investigación judicial abierta por corrupción.
Presentado así el panorama, ¿Cuál de los dos candidatos constituye una garantía para acabar con la inseguridad y la corrupción?¿Cuál de los dos nos asegura un país libre del narcotráfico?¿Cuál de los dos nos garantiza el logro de un Perú democrático y desarrollado? Ud. amigo elector tiene la respuesta y lo hará manifiesto este 5 junio.