COMUNIDADES AFECTADAS. Después de 15 años de explotación petrolera y a seis meses de que venza su contrato, Pluspetrol –una transnacional que opera en Sudamérica y África– pelea judicialmente para no pagar S/. 39,4 millones por 12 multas impuestas por infracciones ambientales e intenta silenciar un documento que señala su responsabilidad en la remediación de 92 sitios impactados. La petrolera –que además tiene procesos penales por contaminación y controla los lotes más estratégicos del Perú, pues producen el 40% del petróleo nacional y el 95% de gas– ya obtuvo una primera medida cautelar y piensa en quedarse en el Lote 1-AB.
Nelly Luna Amancio
@nellylun / Ojo-publico.com
La vida de Carlos Sandi está asociada al petróleo, aunque él no lo haya decidido. Nació cuando la Occidental Petroleum (Oxy) llevaba 15 años extrayendo el petróleo de territorio indígena achuar, en la región amazónica de Loreto; creció viendo los pastizales sepultados en ese crudo oscuro y pegajoso; cumplió 14 cuando Pluspetrol Corporation adquirió los pozos, y se hizo adulto sorteando las cochas ahogadas en petróleo. Carlos Sandi tiene ahora 29 años, es jefe de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes y desde hace tres semanas lidera una protesta que exige la remediación de los daños ambientales tras cuatro décadas de explotación petrolera.
“Así como el Estado garantiza ganancias, también debe garantizar nuestros derechos”, dice el joven achuar de voz templada y ojos pequeños.
Hace 15 años Pluspetrol Norte –filial de un conglomerado transnacional que opera en Sudamérica y África– explota el Lote 1-AB, ubicado en las provincias de Loreto y Datem del Marañón. Entre el 2010 y el 2014, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) la sancionó en 12 oportunidades por infracciones al ambiente con multas que suman un total de 39'400.592 soles. Sin embargo, la petrolera rechazó pagarlas, llevó seis de ellas ante el Poder Judicial y, además, ha puesto una medida cautelar contra un informe del OEFA que menciona su responsabilidad en la remediación de los 92 sitios identificados con daños ambientales en el lote que explota.
El contrato de Pluspetrol vencerá en seis meses (29 de agosto) y la incertidumbre sobre quién atenderá las zonas afectadas ha despertado nuevamente las demandas de las comunidades indígenas. Lo que empezó hace tres semanas como una protesta en la comunidad achuar de Pampa Hermosa, liderada por Carlos Sandi, en el río Corrientes, se extendió en pocos días –ante la indiferencia de las autoridades– a las otras cuencas afectadas por la contaminación: el Tigre, el Pastaza y el Marañón.
Desde que en 1971 la Oxy perforó el primer pozo de petróleo en esta zona, las condiciones de la población indígena no han mejorado. Las cifras oficiales desbaratan los promedios nacionales de crecimiento. Aquí la desnutrición crónica afecta al 31% de los niños y la pobreza monetaria al 78% de las familias. La contaminación de las aguas y los suelos ha incrementado la inseguridad alimentaria: en estas provincias las comunidades son tres veces más vulnerables a pasar hambre que el promedio nacional.
“El único patrimonio de los pueblos indígenas es su territorio. No estamos en contra de las inversiones, pero estamos hartos de vivir así”, dice Carlos Sandi.
BATALLA JUDICIAL
En los últimos tres años, el OEFA realizó 23 supervisiones al Lote 1-AB y la multó 12 veces. Las resoluciones de sanción detallan cada una de las infracciones ambientales cometidas: exceder los niveles permitidos de hidrocarburos en suelos, perforar pozos sin instrumento de gestión ambiental aprobado, disponer residuos sólidos peligrosos a la intemperie, utilizar un área mayor a la aprobada para la perforación de los pozos, incumplir la rehabilitación de las áreas intervenidas, no tener válvulas de bloqueo instaladas estratégicamente para minimizar el derrame, impactar con hidrocarburos la laguna Shanshococha y luego drenarla, suelos impactados con hidrocarburos y hasta ausencia de permiso para captación de agua.
La lista de faltas es mucho más larga, pero la empresa ha decidido pelear el pago de estas multas en el Poder Judicial. Pluspetrol enfrenta, además, investigaciones penales por daños ambientales, en algunos de esos casos se ha citado a los directivos en calidad de testigos.
El último intento para judicializar e impedir los alcances de las observaciones del OEFA ocurrió el 9 de diciembre del 2014. La petrolera interpuso una medida cautelar en un juzgado de Iquitos para solicitar la suspensión del Informe 411-2014-OEFA/DS-HID, que menciona, entre otras responsabilidades, que la empresa debe incluir en su plan de abandono de operaciones (que aprobará el Ministerio de Energía y Minas) la remediación de todos los sitios afectados.
En la demanda de la petrolera, presentada por el abogado Hugo Cavero Ruiz (socio del Estudio Balbi Consultores), la empresa señala que “el OEFA se ha excedido en sus competencias, que el informe es ilegal, inconstitucional”. El 16 de diciembre, el juez civil de Maynas Alexander Rioja aceptó la medida cautelar y ordenó que “se suspenda su eficacia jurídica”. En el fallo, el juez recoge todos los puntos de vista de Pluspetrol y ordena que ninguna otra persona ni entidad del Estado tome en cuenta el informe.
El documento que Pluspetrol quiere silenciar se denomina “Resumen sobre la situación ambiental del Lote 1-AB operado por Pluspetrol Norte”, del 20 octubre del 2014, y constituye un resumen de las 23 supervisiones realizadas al Lote 1-AB.
La resolución del juez sorprendió a los funcionarios de la autoridad ambiental, no solo porque el juzgado aceptó la demanda, sino porque esta se presentó en Iquitos, cuando las sedes principales de Pluspetrol y el OEFA están en Lima. “Todo lo tramitado por este juez debe ser anulado. Hubo un error al aceptar esta medida cautelar”, explica Sandra Rossi, procuradora del OEFA. La abogada del Estado ya apeló lo dispuesto por el juez y ha recordado que entre las funciones que la ley le otorga al OEFA está la de emitir reportes públicos de los informes de supervisión directa de las actividades de hidrocarburos.
UNA PETROLERA TRANSNACIONAL
Pluspetrol ingresó al Perú en 1986 y actualmente sus operaciones se extienden en siete lotes: 8, 115, 1-AB (Loreto), 88 y 56 (gas de Camisea, Cusco), 155 (Puno) y 108 (Cerro de Pasco y Junín, en donde se produjeron los últimos enfrentamientos de Pichanaki). Es una empresa transnacional que nació en Argentina en 1976, pero cuya cabeza del grupo se encuentra ahora en Europa.
De acuerdo con el organigrama que presentaron a la Superintendencia del Mercado de Valores en el 2010, Pluspetrol Resources Corporation N.V., de Holanda, lidera la organización que también posee inversiones en diferentes países de Sudamérica, España, Estados Unidos, Angola y en las Islas Caimán (Reino Unido). En el Perú las cinco subsidiarias que pertenecen al grupo dependen de esta y controlan los lotes más estratégicos: producen el 40% del petróleo nacional, abastecen la mitad de la demanda energética y generan el 95% del gas que se consume en el país.
Desde el año 2000, Pluspetrol Norte explota el Lote 1-AB y desde entonces existen –según el OEFA– compromisos contractuales de remediación de las áreas contaminadas que no ha estado asumiendo. La empresa dice que se trata de pasivos ambientales dejados por Oxy, pero el OEFA le ha recordado en su informe que no se puede hablar de pasivos cuando en su contrato ellos asumieron la responsabilidad de remediar todo lo dejado por la operadora anterior.
Ojo-Publico.com pidió al Ministerio de Energía y Minas información sobre los aspectos que contempla el Plan de Abandono que Pluspetrol ha presentado para el Lote 1-AB, pero respondieron que no tenían la información, pese a que esta entidad es la encargada de recibir y aprobar el documento. También solicitamos información sobre el tema a Pluspetrol, pero hasta ayer no respondieron. Sin esta información, la negociación en la mesa de diálogo, entre el gobierno, la empresa y las comunidades, es un proceso ciego.
En las dos semanas de paralización en Loreto nadie llegó a Pampa Hermosa, la comunidad achuar en el río Corrientes en la que Carlos Sandi es apu. El líder indígena tuvo que venir a Lima para reunirse con los funcionarios del gobierno y plantear su demanda: las más espeluznantes distancias del Estado con las comunidades afectadas por la explotación petrolera no son las geográficas. La empresa ha dicho que algunas de las comunidades impactadas, como Marsella, en la cuenca del río Tigre, están fuera del área del contrato. La historia completa, sin embargo, es otra.
Cuando Pluspetrol asumió la conducción del Lote 1-AB en el 2000, este tenía 479 mil hectáreas; pero al año siguiente solicitó un recorte y el lote se redujo a un 42% (casi 200 mil hectáreas quedaron fuera). Con estos cambios, varias comunidades afectadas por la contaminación acabaron excluidas; sin embargo, el Plan Ambiental Complementario ya las reconocía como sitios afectados y, por lo tanto, como establece el OEFA en el informe rechazado por la compañía, esta empresa debería asumir también la remediación.
SIN REMEDIACIÓN
Las protestas han sido constantes en las cuencas afectadas por la contaminación de hidrocarburos. En el 2012 el gobierno conformó una comisión multisectorial para promover el desarrollo en la zona y remediar los daños ambientales. Los dirigentes de las comunidades quechuas del Pastaza, achuar y urarina del Corrientes, kichwa del Tigre y kukama kukamira del Marañón exigen desde entonces la remediación ambiental antes de la consulta previa que se deberá realizar cuando venza el contrato de Pluspetrol Norte el 29 de agosto y se convoque a una licitación pública para elegir al nuevo concesionario.
Pero la remediación parece por el momento un deseo lejano. Daniel Guerra, gerente de relaciones institucionales de Pluspetrol, dijo a Reuters que “muchas de las protestas no solo tienen que ver con Pluspetrol, sino también con el gobierno, son pasivos que vienen de 1970”. La petrolera no acepta la remediación de todos los daños, aunque uno de los numerales del contrato indica que la empresa “asume todos los derechos, responsabilidades y obligaciones de Pluspetrol Perú Corporation S.A. (corporación que adquirió de Oxy el Lote 1-AB)”.
En Perupetro informaron que la licitación pública internacional para otorgar el nuevo contrato del Lote 1-AB (ahora llamado 192) se realizará después de haber efectuado la consulta previa con las comunidades.
“Quedan pocos meses y nadie está atendiendo los temas más urgentes”, dice con voz cansada Carlos Sandi. Ajeno a lo que se viene discutiendo en la capital, el líder achuar insiste en que no habrá proceso de consulta previa hasta que atiendan las demandas de remediación, titulación de tierras y compensación. En Lima, el gerente de relaciones institucionales de Pluspetrol evalúa la posibilidad de permanecer en el Lote 1-AB y presentarse a la licitación. “Nosotros tenemos mucha experiencia, dependerá de las bases que ponga el gobierno para la licitación (de este lote), pero en primera instancia sí tenemos interés en participar”, dijo Daniel Guerra. Mientras en Loreto, 14 pozos siguen paralizados.(la república)