1. Desde 2008, abogados de Manuel Sánchez Paredes y sus hijos han presentado hábeas corpus en distintos puntos del país para detener indagación. 2. Orlando Sánchez Paredes ha intentado desvincularse de las acusaciones contra su hermano pero hay evidencia
En suspenso. Testimonios de informantes, indagaciones de la DEA, transferencias millonarias sin explicar y bienes usados para operaciones de drogas cuestionan la fortuna de esta familia. Ahora una Sala penal deberá decidir si ignora estas evidencias y archiva la más importante investigación por lavado de activos.
Miguel Gutiérrez R.
Desde abril del 2012, hace casi dos años, el expediente más voluminoso por lavado de activos que se tenga memoria reposa en los anaqueles de una vieja oficina del Poder Judicial. En aquella fecha, una fiscal superior adjunta, María Maguiña, decidió archivar el documento judicial con más de medio millón de folios, en menos de un mes, sin evaluar y analizar las evidencias reunidas por la policía antidrogas, y presentadas por una Fiscalía del Crimen Organizado.
Solo hace dos semanas, el fiscal supremo Pablo Sánchez devolvió a la Sala Penal Nacional el expediente del caso Sánchez Paredes, para que el colegiado "D" precise los puntos en los que discrepa de la opinión exculpatoria emitida por la cuestionada fiscal superior María Maguiña.
Ahora, los nuevos vocales que integran dicho tribunal deberán señalar las causas probables por las cuales los hermanos Sánchez Paredes, algunos de sus hijos y socios del grupo familiar deberían ser sometidos a un juicio oral.
Evidencias al canto
Los nuevos magistrados esta vez deberán revisar meticulosamente cada una de las evidencias reunidas a lo largo de tres años de indagaciones.
Entre las numerosas evidencias aparecen testimonios de informantes, transferencias millonarias realizadas en décadas anteriores, bienes que figuran en investigaciones por narcotráfico, y reportes de la policía antidrogas estadounidense, DEA, elaborados desde fines de los años ochenta, cuando nadie en el Perú hacía públicas supuestas conexiones de esta familia en actividades ilícitas.
Gran parte de lo contenido en ese expediente reposa sobre evidencias y antecedentes entregados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Decenas de hojas con información de narcotraficantes que mencionan o involucran a algunos de los hermanos Sánchez Paredes en cuestiones non sanctas.
El 18 de agosto del 2009, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos entregó todo lo relacionado a la familia indagada a la Fiscal Adjunta Suprema y presidenta de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradición de la Fiscalía, Cecilia Hinojosa Cuba
Los documentos de la DEA dan cuenta de transacciones millonarias realizadas entre Sánchez Paredes y el narcotraficante confeso Lucio Tijero Guzmán en 1987 para financiar un cargamento de droga desde el Perú hasta Florida vía Las Bahamas.
Si bien el proceso fue abierto teniendo en cuenta como delito fuente de lavado de activos las actividades de narcotráfico de Segundo Simón Sánchez Paredes, asesinado en 1987 en México, y su vinculación con los procesados, hubo hallazgos en el ámbito judicial que fueron presentados por el fiscal de crimen organizado poco antes de que la fiscal Maguiña decidiera opinar por su archivamiento.
Documento clave
El atestado policial 116 DIE, elaborado en 1980 por la policía antidrogas, desaparecido oficialmente pero cuya copia tiene la fiscalía, se había convertido en la nueva hipótesis de trabajo.
A diferencia de las evidencias del caso Rancho Luna, este documento policial demuestra hechos delictivos que se le atribuyen directamente a los investigados, principalmente Segundo Manuel y Orlando Sánchez Paredes.
Con la información contenida en ese viejo atestado, se ha descubierto que residencias y automóviles relacionados con una operación de drogas en 1980 ahora aparecen transferidos a nombre de Orlando Sánchez Paredes y de sus cercanos o empresas.
"Si el Poder Judicial opina a favor de seguir con la investigación, se podrá continuar el hilo iniciado por el fiscal, porque está previsto que se puede entregar más pruebas al caso mientras no se inicie el juicio oral, comentó una fuente del Ministerio Público.
Precisamente, muchos pedidos de información a la justicia estadounidense no pudieron ser realizados oficialmente por el juzgado penal que veía el caso debido al pedido de archivamiento del caso.
El archivamiento de la investigación en los Estados Unidos a las cuentas bancarias de la familia en octubre del año pasado habría sido también una consecuencia de la lentitud con que marcha el sistema de justicia en el Perú. Ante la falta de información proveniente del Perú sobre los investigados, un juez de la Corte de Nueva York, y la presión de los abogados de la familia, habría decidido suspender el seguimiento de ese caso.
Se espera que finalmente los vocales de la Sala Penal decidan en las próximas semanas con buen criterio el futuro de una investigación que apuntaba a ser una de las más importantes en cuanto a crimen organizado.
Claves
Apertura. En 2010, el Poder Judicial abrió proceso contra siete personas del clan familiar en relación con la constitución de Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa) en 1992.
Indagados.- Además, las empresas Señor de los Milagros, Inmobiliaria Suni, Pool de Maquinarias Industriales Santa Patricia, Minera San Simón, Ganadera San Simón y SAG San Simón.
Bajo lupa. Los procesados son siete: Santos Orlando, Segundo Manuel y Fortunato Sánchez Paredes por presunto delito de lavado. Los hermanos Fidel y Miguel Sánchez Alayo, Blanca Sánchez Príncipe y el administrador de Orlando, Belisario Esteves.
PISTAS A SEGUIR
1971: Manuel Sánchez Paredes preso en Tumbes
La familia señala que se ha intentado cuestionar su fortuna desde los años 80 cuando el hermano mayor, Perciles Sánchez, fue procesado por tráfico ilícito de drogas, y cuando se descubrió en 1988 que otro de sus hermanos, Simón Sánchez Paredes, fuera asesinado en un rancho en México que era usado para albergar y procesar cocaína.
Sin embargo, el antecedente más remoto que se tiene de la familia con el negocio de la droga vincula directamente a uno de los actuales investigados. Diarios del norte del Perú dan cuenta de la detención de dos ciudadanos cuando intentaban sacar del país 3 kilos de pasta básica por la frontera Norte. Uno de los detenidos es Manuel Sánchez Paredes, actual administrador de la compañía de oro, Comarsa. El diario El Tiempo de Piura del 16 de marzo de 1971 da cuenta de su identidad y de la edad que contaba en el momento de su captura, la cual coincide con el año de nacimiento que figura en el Reniec. La indagación fue abierta pero el expediente fue desaparecido y los detenidos liberados.
1980: Atestado N° 116: piedra angular de investigación
Hasta el 2011, las autoridades peruanas tenían como principal evidencia de los hermanos Sánchez Paredes en el mundo del narcotráfico los sucesos de diciembre de 1987, cuando las autoridades mexicanas descubrieron que Simón Sánchez Paredes, asesinado por uno de sus empleados, refinaba droga peruana en su finca en el Estado de Hidalgo. Sin embargo, un atestado policial de la policía antidrogas de 1980 detalla la participación de Manuel y Orlando Sánchez Paredes en el negocio de la droga. Si bien el expediente policial fue desaparecido del caso de los archivos al igual que otros, La fiscalía ha confirmado que la copia que posee asocia hechos delictivos confirmados y que sugiere que los investigados adquirieron y ocultaron bienes conectados con el trasiego de droga. Esta nueva hipótesis de trabajo no ha sido explotada debidamente por estar suspendida.
1987: Ocultaron casa con identidad suplantada
El 15 de julio de 1987 el narcotraficante peruano Lucio Tijero fue arrestado con posesión de 353 kilos de cocaína y US$ 198 mil. En el registo en su vivienda, ubicada en 10241 S.W. 84th, Miami, la policía halló entre otros documentos evidencias de numerosas cuentas en Panamá, Perú y Colombia. La DEA encontró también un voucher que daba cuenta del depósito de un millón 800 mil dólares hecho por Segundo Sánchez Paredes desde una cuenta en España a una cuenta de Tijero, en el banco ganadero de Panamá. La operación, según el mismo narcotraficante, sirvió para financiar la compra y procesamiento de droga que sería incautada en su casa de Florida. Pese a que la DEA afirma que en esa cuenta y otras se revelan importantes depósitos y transacciones, la justicia peruana no ha pedido a las autoridades estadounidenses información financiera más detallada.
1989: Informante DEA: Familia tenía narcopistas
La policía estadounidense, DEA, entregó el 2009 a la Fiscalía de la Nación, a través del Departamento de Justicia, un informe basado en el testimonio de un peruano vinculado a los negocios de la droga. Luis Tafur Mesones reveló al agente especial DEA Kenneth Johnston que "conocía a Perciles, Orlando y Manuel Sánchez Paredes desde mediados de los 70". Tafur alega que la familia antes de ser una de las más grandes organizaciones, "usaba pistas en la costa norte para enviar pasta y pasta básica de cocaína.
2009: Transferencias millonarias sin respuestas
Movimientos millonarios realizados años atrás y que no fueron reportados como sospechosos por las entidades bancarias fueron resaltados en la investigación financiera de la Dirandro. El 30 de noviembre del 2009 Manuel Sánchez Paredes no explicó los depósitos en efectivo a su cuenta del Banco de Crédito por U$ 1 millón 396,983, entre el 2000 y el 2001. Tampoco explica una transferencia de U$ 949 mil 960 el 2001 desde España. No ha presentado documentos que demuestren contar con dinero en el extranjero.
2010: DEA sospecha que se lava activos con oro
El argumento, entre otros, que convenció al fiscal Preet Bhararam, titular del distrito del Sur, a ordenar el 7 de setiembre del 2012 el congelamiento de las 13 cuentas bancarias a nombre de las empresas de los Sánchez Paredes, en ese país, fue la forma cómo la familia intentó ocultar el manejo de sus finanzas. En julio del 2010, la División de Campo de la DEA entrevistó a un representante de la Republic Metals, compañía dedicada a la refinación y el reciclaje de la minería y perteneciente al grupo familiar. El representante, cuya identidad fue guardada en el anonimato por la DEA, señaló que la empresa minera San Simón contrató a una empresa privada "para generar un extenso informe, que costó a la compañía 700 mil dólares, para hacer que parezca que la minera era un negocio legítimo. Lo anterior era necesario para que su relación de negocios con República Metals pueda continuar.(la república)