Según Horna, carecen de fondos para sufragar gastos médicos de heridos e indemnizaciones a las 42 familias de las víctimas
El accidente ocurrió el 13 de abril, a pocos metros de Otuzco| archivo
Las explicaciones que ha brindado Roy Moncada Horna, directivo de la empresa de transportes Horna, deben tomarse con pinzas. El administrador de la empresa, uno de cuyos ómnibus se accidentó en abril pasado provocando la muerte de numerosas personas, sostiene que carecen de los fondos suficientes para sufragar los gastos médicos de quienes resultaron heridos y las indemnizaciones a los familiares de las 42 víctimas.
Puede ser que eso sea cierto. Los gastos deben ser enormes y puede que exista dificultad en conseguir el dinero para cubrir esas obligaciones. Lo que llama la atención es que se haya pasado, en menos de seis meses, a un discurso exculpatorio a uno que acepta las responsabilidades.
En ese sentido, hay una actitud que molesta porque se pretendió, de alguna manera, evadir responsabilidades en un primer momento. Luego de la actuación del Ministerio Público y del sector Transportes y Comunicaciones, que realizaron un informe en el que establecían responsabilidades, la empresa Horna se vio obligada a actuar en consecuencia.
No es que haya existido, entonces, una voluntad explícita por reparar los daños ocasionados a los pasajeros que perdieron la vida en el accidente. Esto ha ocurrido luego de las presiones que ejerció la prensa, luego de conocerse el contundente resultado de los informes. Los deudos de las víctimas contaron con la solidaridad de toda la opinión pública liberteña, horrorizada por el fatal hecho.
Lo que se desprende ahora, tras las explicaciones de Moncada Horna, es que la justicia no ha establecido una metodología para que la empresa cumpla con sus obligaciones. Un juez proactivo habría pedido los estados financieros de la empresa para determinar cuáles son sus egresos e ingresos, de modo que se establezca un cronograma de pagos realista pero a la vez constante.
No hay prisión por deudas y no la exigimos nosotros para los directivos de Horna. El accidente no fue cometido a propósito. Ningún chofer sale a la ruta para matar a sus pasajeros. Pero sí existe una responsabilidad que en un primer momento se intentó eludir, cuando se advirtió que los problemas estaban por venir. Hubo una certeza y una conciencia de que se incurrió en irregularidades que terminaron por causar el accidente.
Por ello, creemos que el juez encargado de dictar sentencia debe pronunciarse acerca de lo que viene ocurriendo con la falta de asistencia a las víctimas. En cualquier otro país, y con otro tipo de justicia diferente a la deficitaria que tenemos en el Perú, se procedería al decomiso y remate de los activos fijos de una empresa que tarda en reparar lo que debe.
Si la justicia sigue tardando tanto para las víctimas y familiares, será el momento de que se evalúen otro tipo de medidas.(la industria)