Por: César Lévano
Ahora que está cerca el inicio de clases, los medios de comunicación empiezan a denunciar negocios turbios en la Educación.
En verdad, tales negocios están revestidos con la majestad de la ley. Mejor dicho, del Decreto Legislativo 882 rubricado el 2 de noviembre de 1996 por el dictador Alberto Fujimori, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Pandolfi, y el ministro de Educación, Domingo Palermo.
Ese decreto, titulado Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, expresó el espíritu privatizador de la medida –y el afán que ha conducido al fracaso de la Educación peruana–. Dice su artículo 2:
“Toda persona, natural o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa privada, para realizar actividades en la Educación. Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa”.
A partir de entonces, todo empeoró en jardines, escuelas, colegios y universidades, hasta el punto de que hoy el Perú ocupa el penúltimo lugar en Educación, superado en ignorancia sólo por Haití.
El origen doctrinario de esa quiebra está en el gobierno paralelo que rige los destinos de nuestro país: el Fondo Monetario Internacional. El FMI, consta en las Cartas de Intención que se hicieron firmar al Perú en los años 90 del siglo XIX, inspiró el DL 882.
La idea que se nos impuso es que en materia educativa el Estado sólo debía ayudar a los muy pobres. Había, por eso, que atender la Educación infantil y la secundaria. A las universidades estatales no, pues en los países del tercer mundo los estudios superiores son un privilegio, y ese privilegio hay que pagarlo. Para eso, que se escatimen fondos a las universidades públicas y se fomenten las privadas.
Para los teóricos del imperio, los países pobres no necesitan científicos ni técnicos; lo que requieren son peones agrícolas y obreros no calificados. Basta que sepan leer y sumar, aunque sea mal.
El resultado está a la vista. Hay 110 universidades en el país: 39 públicas y 71 privadas. Muchas de estas últimas son sólo un instrumento de lucro (hay excepciones como la Universidad Católica y la Cayetano Heredia).
Hace poco, la prolongada rebelión estudiantil en Chile, apoyada por la abrumadora mayoría de ciudadanos, expuso el fracaso del régimen educativo privatizador impuesto por Pinochet. En Chile, que desde Andrés Bello tuvo una Educación estatal de primera, se había instalado el neoliberalismo educativo, el negocio, el lucro abusivo. Eso ha empezado a cambiar gracias a la lucha juvenil.
Acá, en cambio, proliferan universidades caras y malas, mientras la universidad pública languidece por falta de fondos para bibliotecas, laboratorios, equipos, y por los sueldos raquíticos para docentes y empleados.(la primera)