Ya faltan sólo 10 días para que termine sin pena ni gloria la controvertida gestión presidencial de García Pérez y su alicaída organización política, de la misma manera muchos “ funcionarios” públicos apristas tendrán que renunciar y dejar libre a la nueva administración de Gana Perú, la que como prometió debe ser un ejemplo y cero corrupción.
Pero es necesario y por el bien del país, de la misma manera por respeto a todos los peruanos, que se tiene que hacer un examen de control minucioso y detallado de todas la administración pública, por parte de la Contraloría General de la República, no se puede dejar pasar las irregularidades dejadas por el gobierno que se vá, esto ya es de siempre y por lo tanto, es necesario hacer un corte y buscar si hay o no corrupción.
Si lo hay que se sancione a los responsables, y si no hay; que se les otorgue una felicitación en nombre del pueblo peruano.Como es de conocimiento público, durante nuestra historia política y democracita, y hasta de las dictaduras, al cambio de gobierno no se ha hecho investigación severa.
Salvo con el desaparecido ex Presidente, Valentín Paniagua, quien inicio a judicializar la dolorosa corrupción del gobierno fujimontesinista. Hoy los corruptos responsables ya están en la cárcel. Esta misma acción se tiene que hacer, no se debe dejar sin hacerlo, es bueno para la moral y la ética de los peruanos.
Hay que tener en cuenta que el voto electoral fue para Ollanta Humala; para que acabe con la corrupción y no puede hacer: “Borrón y Cuenta Nueva”, tampoco una cacería de brujas, hay que dejar que la policía nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y la Contraloría General de la República cumplan con sus leyes orgánicas y ejecuten operaciones urgentes en contra de las presuntas corrupciones de la gestión aprista.
De la misma manera la nueva representación parlamentaria de La Libertad, deben avocarse a verificar y controlar como fue la gestión del actual gobierno regional de La Libertad, que despacha, José Murgia Zannier, porque ya es conocido las graves irregularidades encontradas con la construcción de las carreteras en varias provincias andinas liberteñas, de la misma manera la venta de terrenos de La Apiat, en puerto Morín, irregular venta de tractores, los controvertidos contratos con la UNOPS, es decir hay bastante trabajo y desde el primer día del mes de agosto tendrán que pedir explicaciones al Concejo Regional de La Libertad.
Un acápite aparte es la renovación del “directorio” de SEDALIB, el mismo que administra esta empresa al margen de la Ley. Si bien es cierto, hay procesos judiciales y este poder dl estado quien debe dirimir lo conveniente, también es necesario que el nuevo Ejecutivo revise los controvertidos decretos de urgencia, los mismos que vienen favoreciendo a un directorio ilegal y derogue todo lo que se oponga a la convocatoria de la Junta General de Accionistas de esta empresa, por el bien de los usuarios liberteños.
Y si hay irregularidades- como así se presume- que se imponga todo el peso de la ley penal a los responsables, sobre todo de la administración aprista, y de esta manera se recupere Sedalib en beneficio de los liberteño y no de cuatro vivos apristas que se enquistan bajo un decreto de urgencia distinto a la Ley de Sociedades Mercantiles. Ojalá, lo que se comenta se haga realidad, sobre todo por parte de la Contraloría General de la República.(la primera)