| Fuente: Andina
Los transportistas afirman que en reiteradas oportunidades han solicitado audiencia a la presidenta Keiko Fujimori, sin obtener respuesta.
Además, indicaron que la medida de fuerza quedará sin efecto si, antes de la fecha anunciada, el Ejecutivo les concede una audiencia.
La Unión Gremial de Lima y Callao anunció este martes una paralización total del servicio de transporte urbano para el próximo 25 de agosto, como respuesta a la creciente ola de inseguridad y la falta de acciones concretas por parte del Poder Ejecutivo y condicionaron la suspensión de la medida a una respuesta del Ejecutivo para iniciar conversaciones.
A través de un documento, el gremio indicó que la medida de fuerza surge tras el silencio del Gobierno frente a las propuestas técnicas enviadas por los transportistas y la reiterada negativa de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, de concederles una audiencia para abordar la crisis de extorsiones y asesinatos que golpea al sector.
Los Transportistas sostienen que la situación se ha agravado por la ausencia de una política pública articulada que permita frenar el cobro de cupos, un problema que no solo asfixia económicamente a las empresas, sino que también encarece el servicio para millones de usuarios.
En su comunicado señalan que en lo que va del mes de agosto "se ha registrado una serie de atentados contra los trabajadores del volante y los pasajeros, atacados mientras cumplían su jornada o se trasladaban a sus centros de trabajo y estudio" y reseñan como el caso más grave el ocurrido el 6 de agosto en el distrito de Los Olivos, contra el gerente general de la Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego, Eugenio Benítez Tacanga, quien murió tras ser herido de bala.
"No se trata de hechos aislados, sino de una violencia sistemática ejercida por organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y al sicariato, que hoy alcanza no solo a conductores y cobradores, sino también a los directivos de nuestras empresas", se lee en el comunicado.
Ante este escenario, los agremiados afirman que han presentado anteriormente un pliego de propuestas que incluye el fortalecimiento de unidades policiales especializadas, el control estricto de comunicaciones en penales y la presencia permanente de agentes en paraderos de alto riesgo.
Hasta el momento los dirigentes aseguran no haber recibido una respuesta formal sobre la evaluación de estas medidas y enfatizaron que la paralización es un llamado de atención urgente para que el Gobierno informe si cuenta con un plan de seguridad real y si las sugerencias del sector han sido consideradas.
"La medida quedará sin efecto si, antes de esa fecha, el Ejecutivo nos concede la audiencia solicitada", precisa el documento oficial suscrito por los representantes de los transportistas, reafirmando que la movilización será pacífica.
"Reafirmamos nuestra vocación de diálogo y nuestro compromiso con la ciudadanía. La medida es legítima y pacífica, y será levantada apenas se instale una mesa de trabajo efectiva con resultados verificables.
Pedimos comprensión a los usuarios: no exigimos privilegios, exigimos condiciones mínimas para trabajar sin morir en el intento. La seguridad del transporte es la seguridad de todos", se lee al final del comunicado.
Gremios que respaldan la medida de fuerza
El comunicado que oficializa el paro del 25 de agosto cuenta con el respaldo de varias organizaciones de transporte de la capital.
Entre los firmantes se encuentran Héctor Vargas Egas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano; Ricardo Pareja Fonseca, presidente de la Cámara de Transporte Urbano; Manuel Rolando O’Diana Quiroz, presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano (AMETUR); y Waldo R. Poma Gaggluff, secretario de organización de ANITRA.
Asimismo, suscriben el documento Herbert Quispe Yerán, representante de Transportes Unidos del Cono Norte; Javier R. Guzmán Reyna, vicepresidente de AETU; Luis Martínez Fernández, gerente general de la Corporación Empresarial de Transportes SITRA S.A.; Luis Enrique Baca Rivera, presidente de la Corporación de Transporte Urbano de Lima y Callao (CTU); y Emeterio Valdiviezo Kobeñas, presidente de la Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao (ASESTRACA).
Advertencias previas de un paro
La posibilidad de esta paralización ya había sido anticipada días atrás por los agremiados en el programa Prueba de Fuego de RPP.
El último 14 de agosto, Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), advirtió que los gremios estaban evaluando adoptar medidas de fuerza si la Secretaría del Despacho Presidencial continuaba sin confirmar una fecha de reunión con la mandataria para exponer la situación del sector frente a los asesinatos. ç
“Si es que la presidenta, el Gobierno, no nos recibe o se niega a recibirnos, nos tendremos que ir a un paro”, afirmó el dirigente.
A esta postura se sumó la Asociación de Concesionarios y Transportistas Unidos (ACTU), que a través de un pronunciamiento exigió acciones inmediatas con resultados verificables.
El gremio señaló que programas como el Plan Escudo no han sido suficientes para contener la amenaza criminal, resaltando que el Estado no puede diseñar estrategias de lucha contra el crimen organizado sin escuchar a quienes operan diariamente en las calles de la capital.(RPP).