Gobierno de Fujimori permite salida de Betssy Chávez hacia México, mientras Sheinbaum ratifica su defensa del golpista Castillo.
Fernán Altuve denuncia que decisión “blanquea la impunidad” y Humberto Abanto plantea llevar controversia ante La Haya.
Mientras el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori otorgó el salvoconducto que permitió a Betssy Chávez Chino abandonar el Perú y acogerse al asilo concedido por México, el gobierno de la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum ratificó su posición política de respaldo al expresidente Pedro Castillo Terrones.
Chávez, quien se desempeñó como presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Castillo, dejó territorio peruano durante la madrugada de este viernes 7 de agosto y llegó a México horas después.
El gobierno peruano sostuvo que la entrega del salvoconducto respondió al cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país en materia de asilo diplomático.
La salida de Chávez se produce en medio de las discrepancias que durante los últimos años han enfrentado a Lima y Ciudad de México por la situación de Pedro Castillo y por la posición adoptada por las autoridades mexicanas frente a la crisis política peruana.
Desde México, Sheinbaum dio la bienvenida a Chávez y mantuvo la posición de su gobierno en defensa de Castillo. “Vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo”, dijo, en una declaración que vuelve a generar cuestionamientos en el Perú por una nueva vulneración del principio de no intervención en asuntos internos.
La postura mexicana vuelve así a colocar sobre la mesa el debate respecto a los límites del principio de no intervención en asuntos internos, luego de los cuestionamientos que, desde distintos sectores políticos peruanos, se han formulado contra los pronunciamientos de las autoridades mexicanas sobre la situación judicial y política de Castillo.
Esta posición se basó inicialmente en que el derecho de asilo, regido por la Convención de Caracas de 1954, establece restricciones para su otorgamiento a personas sometidas a determinados procesos judiciales.
“No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas (...)”, precisa la citada convención.
Es precisamente el caso de Betssy Chávez, procesada por tribunales ordinarios por su presunta participación en el fallido golpe del 7 de diciembre de 2022 y sentenciada en primera instancia a 11 años y cinco meses de prisión. Además, está encausada en un proceso anticorrupción que también sigue las vías ordinarias.
Gobierno muy institucional
Ante la prensa, Fujimori Higuchi afirmó en la víspera que su gobierno priorizó el respeto al derecho internacional al otorgar el salvoconducto a Betssy Chávez, quien dejó el Perú rumbo a México.(Expreso).