Reglaje y chuponeo. Durante la gestión de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se ordenó realizar una videovigilancia y seguimiento a periodistas de La República y del portal web Sudaca. Otros periodistas también habrían sido objeto de seguimiento. Benavides dice no haber intervenido.
El periodista y editor judicial del diario La República, César Romero Calle, y el director del portal web Sudaca fueron objeto de videovigilancia, seguimiento y chuponeo telefónico, durante la gestión de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en represalía por artículos críticos a la labor de los fiscales.
Las acciones de reglaje y chuponeo comenzaron el 5 de abril y se mantuvieron activas hasta un par de días antes del operativo Valkiria V, que precipitó la caída de Benavides, al ser suspendida por la Junta Nacional de Justicia.
Fuentes del Ministerio Público no descartan que otros periodistas estén siendo objeto de las mismas prácticas abusivas. En todos los casos, se seguiría la misma pauta: incluir a los periodistas entre los sospechosos de una investigación en curso para dar un marco legal y justificar las actividades contra la prensa.
En el caso de La República y Sudaca, se utilizó la investigación a la red de corrupción judicial ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
Benavides niega todo
El responsable directo del grave atentado contra la libertad de información fue el fiscal provincial Andy Junior Rodríguez Domínguez, cuando ocupaba el primer despacho de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, con competencia para el caso Cuellos Blancos del Puerto.
Tras la publicación de esta información en la web de La República, allegados a la suspendida fiscal de la Nación se comunicaron para deslindar con Andy Rodríguez.
“La doctora Patricia Benavides no tiene nada que ver con actos de seguimiento y vigilancia a periodistas. Eso fue una decisión del equipo especial. Ella no les ordenó nada, no intervino”, habría dicho Benavides.
Lo concreto es que Rodríguez es fiscal titular de Arequipa. La doctora Benavides lo trasladó a Lima el 25 de agosto de 2022, a la Unidad de Ciberdelincuencia y, tres meses después, lo pasó a ver el caso Cuellos Blancos del Puerto.
En ese despacho permaneció hasta el 15 de julio de 2023. En esa fecha, la suspendida fiscal de la Nación creó una Fiscalía de Ciberdelincuencia en Lima Centro, a la que fue reasignado Andy Rodríguez. Los motivos de su salida del equipo especial no se conocen.
Pero, para ese momento, el seguimiento a los periodistas estaba por cumplir cuatro meses y se debía ampliar el plazo de las indagaciones que justifiquen el reglaje. Sin embargo, para eso, se necesitaban nuevos o mayores elementos. Eso no había, nunca hubo, nunca habrá.
Criminalizar la noticia
La República tomó conocimiento de las acciones de seguimiento, a fines de noviembre. El 27 de noviembre, al domicilio de César Romero se notificó la resolución de archivo de una investigación reservada contra los periodistas que resulten responsables de integrar una organización criminal.
A partir de ese momento iniciamos una indagación periodística para saber qué es lo que estaba pasado. Con fuentes del Ministerio Público y el Poder Judicial hemos podido reconstruir este grave atentado a la libertad de información y el ejercicio del periodismo en el país.
Las disposiciones fiscales muestran que cualquier reportero corre el riesgo de ver afectada su libertad, su vida privada y la de su familia si un fiscal o la autoridad del Ministerio Público se siente tocado por un artículo periodístico.
El fiscal Andy Rodríguez utilizó como excusa para los actos de seguimiento un artículo del 30 de marzo, en el que se informó que el fiscal Abelardo Caycho Ramos, de la Fiscalía de Santa Rosa-Callao, lo había denunciado por interferir en una investigación al detenido expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos Montalvo.
Además de un informe emitido por el fiscal Max Castro, de fecha 20 de marzo de 2023, en el que se indica que una fiscal adjunta habría buscado tener acceso a diversas carpetas y disposiciones fiscales, que no eran de su competencia.
La verdad sale a la luz
A partir de esos dos hechos, se ordena a la Policía iniciar las labores de seguimiento y videovigilancia en sus domicilios, desplazamientos públicos y a su centro de trabajo.
Rodríguez no incluyó los nombres de los investigados en la disposición de inicio. Los camufla bajo el rótulo de “los que resulten responsables” y declara en reserva la investigación.
Tras la salida de Andy Rodríguez del equipo especial, la investigación contra los periodistas queda en suspenso, circula por varios despachos, pero nadie quiere hacerse cargo de ella.
En noviembre, el caso fue asignado al tercer despacho del equipo especial, a cargo del fiscal Cristhian Alfaro Cáceres. Pocos lo saben, pero la caída de Benavides está cerca.
Alfaro Cáceres revisa todos los documentos y llega a tres conclusiones, que plasma en la resolución del 23 de noviembre del 2023: 1) no hay nada ilícito en el inicio y durante los ocho meses de seguimiento no se ha encontrado nada; 2) advierte un grave peligro de criminalizar la libertad de información; y 3) el plazo de investigación había concluido el 5 de agosto de 2023 y ningún otro fiscal lo había ampliado.
Con todos estos elementos, procede a no formalizar investigación, dispone el archivo del caso y levanta parcialmente la reserva del proceso para revelar los nombres de los afectados: Juan Carlos Tafur, César Romero Calle y los abogados Percy León Alva y José Luis Castillo.
Hay más
Un hecho que con la luz actual adquiere otro significado. En abril del 2023, al pedir la detención del abogado José Luis Castillo, en su argumento final, el fiscal Andy Rodríguez menciona la existencia de llamadas telefónicas entre César Romero y dicho abogado.
El juez Leodán Cristóbal Ayala descartó ese argumento, pero eso pone en evidencia que también se habría producido un levantamiento del secreto de las comunicaciones o chuponeo de las comunicaciones de los periodistas.
Hay un grave atentado contra la libertad de prensa
“Estoy horrorizado de la forma arbitraria con que el Ministerio Público atenta contra el ejercicio de la libertad de información. Dudo que sea legal utilizar un caso penal para perseguir a periodistas. Las autoridades del Ministerio Público deberían pronunciarse”, señala Juan Carlos Tafur.
“Anoto que es terrible saber que uno ha sido vigilado, espiado, sin saber los motivos y sin la posibilidad de poder defenderse, por el simple hecho de ejercer el periodismo”.
“Se sienta un grave precedente. Es un claro abuso de poder que una autoridad que se sienta afectada por una nota periodística no recurra a una carta aclaratoria, a un pedido de rectificación, sino que utiliza su poder para involucrar a un periodista en un proceso penal”, subrayó.
Indicó que, hace unas tres semanas, fue notificado de una resolución de la Fiscalía, en la que se le informó del archivo de una investigación preliminar, de la que no conocía nada.
Las pruebas
La resolución que ordena las labores de seguimiento y vigilancia domiciliaria y de desplazamiento público, del 5 de abril.
El 23 de noviembre, se dispone archivar la investigación y se notifica a Juan Carlos Tafur y César Romero.
En los ocho meses de seguimiento no se ha encontrado nada ilícito ni una actuación indebida de los periodistas.(LA REPÚBLICA)
