Amenaza en pausa. Los miembros de la Junta habían enviado una carta al Congreso solicitando la reprogramación de la sesión en la que se iba a decidir su posible destitución para preparar su defensa. Alejandro Soto, presidente del Legislativo, accedió al pedido y postergó el debate. La legislatura se reiniciará en el mes de marzo.
“Son siete gatos que se enfrentan al Congreso y eso no es aceptable”. Un colérico Jorge Montoya (Renovación Popular) soltó esta frase cuando declaraba a los periodistas que cubrieron la sesión plenaria de ayer. Minutos antes, el presidente del Poder Legislativo, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), anunció que el debate de la moción de orden del día que proponía la destitución inmediata de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se postergaba para una nueva oportunidad. No se sabe exactamente para cuándo. Ayer Soto levantó el Pleno y –hasta el momento– la legislatura se retomará recién en marzo.
Fue un golpe para la coalición autoritaria que buscaba tomar la JNJ, institución que nombra y ratifica a jueces y fiscales y también a los jefes de instituciones electorales, como la ONPE y el Reniec.
Tres razones
Una suma de razones hizo que el Legislativo decidiera no seguir adelante con la remoción de la JNJ. La primera, no había votos suficientes. Se necesitaban 87 para que se apruebe la moción y a pesar de que Montoya y Alejandro Muñante (Renovación Popular), los promotores de la iniciativa, querían que esta se votara de todas maneras, lo cierto es que las matemáticas no daban.
La segunda, hacia la una de la tarde de ayer, dos horas antes de que empezara el Pleno, la JNJ hizo pública la carta enviada al Congreso en la que solicitaba la reprogramación de la sesión para que cada uno de los siete integrantes de la Junta supiera, a ciencia cierta, cuáles eran los cargos que les imputaba y así poder preparar una adecuada defensa. Caso contrario, advirtió la JNJ, se estaría vulnerando el debido proceso. “Lamentablemente, de su comunicación, más allá de los hechos contenidos en la moción del orden del día 9525, no advertimos la causa grave ni la base legal de la misma, situación que no solo riñe con los estándares de juridicidad propios de un Estado de derecho, sino que también nos coloca en una grave situación de indefensión institucional y legal”, indicaron.
Los magistrados solicitaron que se les informe “el procedimiento preestablecido para que los suscritos podamos, en cada una de las etapas del mismo, ejercer en plenitud nuestro derecho a la defensa; ello en virtud de la garantía consagrada en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 139.3 de la Constitución vigente”.
Al inicio de la sesión, se leyó el oficio completo que estaba firmado por seis magistrados: Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez (vicepresidente), Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala e Inés Tello. Guillermo Thornberry, al estar internado en un clínica, no pudo suscribir el documento.
Entonces, Soto accedió a la petición y anunció la reprogramación. Cuando el congresista Edwin Martínez Talavera (no agrupado) le pidió una fecha, respondió que no podía ofrecerle ninguna hasta que los promotores de la moción especifiquen los cargos atribuibles a los magistrados. Martínez Talavera es mencionado en los chats de Jaime Villanueva, el exasesor de la suspendida exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
Y la tercera razón es que también a las pocas horas de que empezara el Pleno, el medio Nativa afirmó que al menos nueve congresistas fueron delatados por Villanueva en su declaración como colaborador eficaz ante el equipo especial dirigido por la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
De acuerdo con la versión de Nativa, estos parlamentarios serían los siguientes: Darwin Espinoza, Jorge Luis Flores Ancachi, Wilson Soto Palacios, Hilda Portero Lopez, Katy Ugarte Mamani, Francis Paredes, Patricia Chirinos, Luis Aragón y José María Balcazar.
Premio consuelo
En cambio, lo que sí se aprobó en el Pleno fue la reconsideración para que la Comisión de Justicia, en un plazo de diez días, investigue –de nuevo– a la Junta por supuesta “causa grave”. Esta moción, presentada por Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario) había sido rechazada la semana antepasada. Fue una especie de premio consuelo para la coalición autoritaria, aunque, como en teoría la legislatura se retomará todavía en marzo, ha quedado también en al aire.
Hay que recordar que la Comisión de Justicia ya ha investigado a la JNJ. Fue a partir de la moción de orden del día que interpuso Patricia Chirinos (Avanza País) alegando una serie de supuestas irregularidades. Cuando el informe final que recomendaba la remoción de los magistrados iba a votarse en el Pleno –esto luego de un accidentado debate en la comisión– una cautelar de la Tercera Sala Civil Constitucional de la Corte Superior detuvo todo.
Alguien que sin duda estaba atenta a la decisión que pudiera tomar el Parlamento contra la JNJ era la suspendida fiscal Benavides. Ella se encuentra inmersa en una investigación a raíz de las revelaciones del operativo Valkiria V. De ahí que la hubieran suspendido preventivamente en sus funciones, para no perjudicar las indagaciones que se vienen realizando.
De hecho, cuando Soto anunció la postergación del debate de la moción, Jorge del Castillo, abogado de Benavides, acusó al líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, de arreglos “bajo la mesa”.
“La JNJ logra postergar la audiencia reclamando debido proceso y plazo razonable que ellos no le concedieron a la doctora Benavides. Esto más huele a un arreglo bajo la mesa de César Acuña con el poder oculto para librarse de sus propios problemas”, escribió el militante del APRA en sus redes sociales.
Cabe recordar que Montoya y Muñante alegaban en su moción que hay un conflicto de interés entre los integrantes de la Junta y la exfiscal de la Nación Benavides, a pesar de lo cual se procedió con su suspensión.
De acuerdo con la JNJ, la evaluación al respecto le corresponde exclusivamente al Pleno de la JNJ, según el artículo 17 de su Ley Orgánica, no al Congreso.
La moción también argumentaba que el proceso disciplinario inmediato que la JNJ viene aplicando a Benavides no existe en su Ley Orgánica.
Sin embargo, en un comunicado la institución aseguró que este mecanismo sí se encuentra regulado en su Reglamento de Procedimientos Disciplinarios, que se encuentra vigente desde enero de 2020.
¿Qué podría ocurrir ahora?
Como se ha dicho, esta avanzada contra la JNJ que pretendía un sector del Legislativo ha quedado desactivada. Eso por el momento. “Saludamos la decisión del Congreso, que no ha sometido a votación una moción que presentaba los defectos mencionados en la carta remitida por los miembros de la JNJ”, declaró a La República el abogado de los magistrados, Samuel Abad Yupanqui.
Añadió que “a partir de la información que es de conocimiento público” el debate de la moción podría retomarse a partir de marzo de 2024.
En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el proceso continúa
En la mañana de ayer, los abogados Samuel Abad y Omar Cairo, abogados de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), se presentaron en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Seis magistrados (Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de La Haza Barrantes, Guillermo Thornberry y María Zavala) son acusados por, presuntamente, infringir los artículos 156 y 139 de la Constitución.
“El procedimiento de juicio político por infracción constitucional continúa en la Comisión Permanente. Si esta no archiva la denuncia constitucional, el debate de la misma en el Pleno podrá realizarse recién a partir de marzo del próximo año”, explicó Cairo, quien representa los intereses de la magistrada Tello.
Ahora corresponde que el delegado ponente, Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario), presente el informe final correspondiente.
El oficio de la JNJ
Dos horas antes de que empezara el Pleno, se conoció esta carta firmada por los magistrados de la Junta. Se dio cuenta de ella en la sesión.
