El especialista en derecho electoral, José Naupari, precisó que se trata de la inconducta de un o varios funcionarios y ello no es imputable o extensible a la organización política. Desde la bancada de Fuerza Popular intentaron desligarse del escándalo.
Similar actitud tuvo la congresista Patricia Juárez quien sostuvo que de haberse utilizado la cámara del Parlamento para grabar el mitín de Keiko, se trataría de una "iniciativa" del mismo funcionario; sin embargo, no descartó que el tema deba ser investigado. "Tendríamos que preguntarle si es que ha tenido alguna dirección de alguna persona que le haya pedido que haga eso", agregó-
¿Fuerza Popular sería sancionada?
Sin embargo, pese al constatado uso de una cámara del Congreso en el mitin donde Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial, Fuerza Popula saldría bien librada. Para el abogado experto en derecho electoral José Naupari, el acto no implicaría una sanción de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), debido a que no se ejerce potestad sancionadora de manera directa.
"El jurado solamente, digamos, sanciona, por decirlo de alguna manera, en caso de reincidencia o de renuencia de adoptar medidas correctivas. Lo primero que se tramita, sea propaganda, neutralidad, es un procedimiento de determinación de infracción y, solo en caso de renuncia o reincidencia, va tras esta sanción", precisó.
Después de ello, en el caso específico de la cámara del Parlamento usada en un mitin de Fuerza Popular, indicó que se podría aludir de una eventual infracción al deber de notoriedad, que hace referencia a la obligación de una persona o entidad de dar a conocer sus actos. "No estamos ante un tema de propaganda, pues se trata de un bien en concreto", dijo.
"En ese caso (deber de notoriedad) el sujeto responsable no es el partido sino, en sentido estricto, sería el propio funcionario o servidor que infringe el deber. Por lo tanto, esta conducta no sería imputable o extensible en principio a la organización política", resaltó.
¿Existirán sanciones a nivel de Congreso?
Desde el Congreso, anunciaron que el último 31 de octubre se aperturó una investigación preliminar para sancionar a los que resulten responsables de lo sucedido. Por medio de un comunicado, recordaron que el uso de bienes públicos está prohibido para actividades privadas.
El Parlamento mencionó que se trata de la presunta inconducta funcional de un trabajador, sin embargo, congresistas como Ruth Luque y Sigrid Bazán mencionaron que un hecho así implica una cadena de mando, es decir, la responsabilidad no solo recae en una sola persona.
Ruth Luque solicitó un informe legal sobre el hecho al presidente del Congreso. "Hay que recordar que el cumplimiento de las normas y la supervisión laboral de los servidores se encuentra a cargo de sus jefes inmediatos", dijo la parlamentaria.
"Solicito el informe legal del Congreso de la República en donde se establece la supuesta responsabilidad del servidor que habría renunciado, así como su ubicación y cargo dentro de la entidad. Debe recordarse que, sin perjuicio de la individualización de hechos, la supervisión de bienes y del cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso también se encuentra a cargo de los jefes inmediatos de la dependencias donde incurren las inconductas", se lee en el documento. (La República).
