Problemática ha crecido a niveles galopantes en el país y el Gobierno exhibe una ineficiente respuesta con un estado de emergencia ineficaz y condenado al fracaso.
Pese a que la extorsión ha crecido a niveles galopnates en el país y el Gobierno exhibe una ineficiente respuesta con un estado de emergencia ineficaz y condenado al fracaso, la cantidad de presos por este delito sigue siendo inferior a los años 2015 y 2017, cuando dicha problemática era mucho menor.
Así, lo demuestra el Segundo Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia del Banco de Crédito del Perú (BCP), que revela que, entre agosto y noviembre de 2024, apenas hubo un incremento de 47 reos por extorsión; es decir, menos de 16 por mes, frente a un delito que ha desatado el terror entre empresarios, emprendedores, comerciantes formales e informales, transportistas de los sectores socioeconómicos C, D y E.
De acuerdo al reporte, hasta agosto de 2024 la población penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) era un total de 98,127; de ellos 1,186 estaban presos por extorsión. Sin embargo, a noviembre del mismo año, la población subió a 99,428 y los reos por extorsión a 1,233; lo que significa que hubo un incremento de 1,301 internos, pero solo 47 presos por el delito de extorsión.
"Ocurre que cuando la Policía detiene a decenas de sospechosos, los llevan a la Dirincri para investigar sus antecedentes, pero si está el extorsionador mayor y no tiene antecedentes, no lo pueden detener; hay un trabajo paralelo a la captura, que es investigar, para saber a quién podemos detener, porque si no no sacamos nada", explicó a Perú21 el exministro del Interior, Carlos Basombrío.
Basombrío refiere que años atrás había más internos por extorsión por el trabajo coordinado entre la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial. "Si las tres instituciones están enfrentadas entre sí, es muy difícil, porque para que alguien vaya preso por extorsión, se requiere buen trabajo policial, que el fiscal pida la detención preliminar y que el juez se la dé", subraya.
A su vez, Ricardo Valdés, director de CHS Alternativo, explicó que la Policía Nacional debe implementar una estrategia integral en sus divisiones de Extorsión, Lavado de Activos, Homicidios, Alta tecnología para desarrollar un mejor trabajo de investigación.
"La extorsión no corre por la calle, va por el teléfono, por el WhatApp, y el dinero va a una cuenta bancaria. Se debe sentar en la mesa al sector privado, a los operadores telefónicos, al sector financiero y hacer análisis de tipo legal y trasladarlo al Congreso", añade.
IMPACTO DE INSEGURIDAD CIUDADANA
Asimismo, con el apoyo de Ipsos, el Observatorio del Crimen y la Violencia investigó cómo impacta la inseguridad ciudadana la relación de los peruanos con el sistema financiero.
Así, ante la pregunta sobre la medida en la que la inseguridad afecta las decisiones y hábitos financieros, como el uso de cajeros, realización de depósitos, pagos o manejos de efectivo, el 81% de los peruanos asegura que esta influye algo o mucho en su comportamiento. Una cifra que en Lima asciende al 90%. El mayor impacto, además, se registra en la zona central y oriente del país y en los sectores socioeconómicos B y C.
Ante dicha situación, la amplia mayoría de peruanos ha considerado otras alternativas para satisfacer sus necesidades financieras. Así, el 66% respondió que ha considerado utilizar canales digitales (banca por internet, aplicaciones bancarias y billeteras digitales) para reducir los riesgos asociados con las transacciones presenciales. La cifra asciende a 72% en Lima.
5 MILLONES SUFREN EXTORSIÓN
Con relación a las experiencias con el crimen, Ipsos realizó tres preguntas para el observatorio. La primera fue: ¿En los últimos tres meses usted o alguien que conoce ha recibido alguna comunicación (carta/audio/video/llamada, etc.) amenazándolo o extorsionándolo si no paga un cupo? El 21% de la población a nivel nacional respondió afirmativamente, lo que equivale, aproximadamente, a 5 millones de personas.
En el caso de Lima, el porcentaje sube al 27%, lo que representa a más de 1,7 millones de personas que han experimentado esta situación y/o conocen a alguien que la ha vivido. En el norte del país, la cifra alcanza el 24%, mientras que en el otro extremo el sur llega a un 10%.
La mayor concentración de casos se da en los niveles socioeconómicos C, D, E que, debido a su peso poblacional conjunto (86.7%), representan 4,6 millones de personas que responden afirmativamente.
La segunda pregunta de Ipsos fue: ¿En los últimos tres meses, usted o alguien que conoce ha estado cerca de un tiroteo callejero? Dicho hecho traumático fue experimentado por el 23% de la población, lo que equivale a 5.6 millones de personas afectadas. La concentración en Lima (38%) es sorprendentemente alta.
Finalmente, la tercera pregunta de Ipsos fue: ¿En los últimos tres meses usted o alguien que conoce ha sido afectado en su economía familiar como consecuencia del crimen organizado (extorsión, cobro de cupo, etc.)? Coincidiendo con las dos respuestas anteriores, aproximadamente 1 de cada 5 encuestados respondió positivamente.
Las respuestas permiten estimar que alrededor de cinco millones de adultos son los más afectados por las consecuencias del crimen violento.
Se trata de personas que viven en ciudades, sin distinción de género, en su mayoría mayores de 25 años y concentradas principalmente en los niveles socioeconómicos C y D, seguidos del E. (PERÚ 21)
