El expresidente Ollanta Humala renegoció durante su Gobierno el Lote 88. En la campaña electoral del 2016, los candidatos Alfredo Barnechea, de Acción Popular; Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Kambio; César Acuña, líder de Alianza para el Progreso; y Verónika Mendoza, entonces con el Frente Amplio, también prometieron esa renegociación.
En las recientes elecciones generales, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, también se sumó a ese coro. Igualmente lo hicieron Julio Guzmán del Partido Morado, Yonhy Lescano de Acción Popular y Hernando de Soto de Avanza País.
Al abierto interés de los partidos políticos se suman dos empresas del mismo Consorcio Camisea que, según supo La República, están dispuestas a sentarse a la mesa a negociar con el Estado peruano.
Esto fue reconfirmado por el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Máquez, a quien algunos de los consorciados le expresaron su disposición a renegociar. De esto tiene conocimiento el presidente Pedro Castillo.
Este diario también pudo conocer que se ha conformado una comisión de especialistas que se encargará de definir los lineamientos de la renegociación. Este equipo de trabajo viene reuniéndose y solo falta una resolución que oficialice su creación.
Un elemento, no menos importante, es que para cualquier renegociación se necesita la decisión unánime de Pluspetrol (operador), Sonatrach, SK, Repsol, Tecpetrol y Hunt Oil, los miembros del Consorcio Camisea. Basta que una de estas empresas diga que no y la renegociación no prosperaría.
Presente del gas natural
Actualmente, en el Perú se producen cerca de 1.500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Este volumen se destina tanto para el mercado interno como para la exportación. No obstante, de la parte que corresponde al mercado interno son 300 millones de pies cúbicos los que deben reinyectarse debido a la ausencia de demanda.
En esa medida, son diversas consideraciones las que se deben analizar para tener claro qué se busca renegociar.
De acuerdo con Luis Espinoza, profesor de la maestría en Gestión de la Energía de ESAN, ese volumen de gas que hoy se reinyecta es suficiente para masificar en el territorio por muchos años, por tanto, en su opinión no es un problema de más gas.
“Por ejemplo, para hacer un millón de casas (con gas natural) se requiere 20 millones de pies cúbicos y para hacer 5 millones de hogares se necesita 100 millones y sigue sobrando gas. No es un problema de volumen, como tampoco del precio del gas”, anotó el experto.
Respecto al precio de venta, Espinoza precisa que para la provincia Pluspetrol lo da a US$ 1 el millón de BTU, que termina siendo 10% del precio de venta del gas natural.
Hasta esta etapa es lo que corresponde a la parte del productor (Pluspetrol), que además de gas natural también explota líquidos de gas natural, de donde sale el GLP. Este energético tiene una producción declinante y que, por tanto, necesitará ser suplido con importaciones o un mayor consumo de gas natural.
Situación contractual
En 2028 culmina el contrato de Perú LNG, operador de la planta Pampa Melchorita. Este hecho pondría fin a la exportación porque, “a partir de allí ya no hay gas para ellos”, precisa Espinoza.
Lo que también es cierto es que Perú LNG, a través de Hunt Oil, tiene participación en los lotes 88 y 56.
Otro contrato próximo a vencer, en 2033, es el de Transportadora de Gas del Perú (TGP). Culminada esa concesión, la operación del transporte del gas natural y de los líquidos de gas natural que salen desde Cusco hasta la costa regresa gratis al Estado.
“Teniendo tan cerca la caducidad de esos contratos yo no sé qué habría que renegociar allí. Lo que nosotros como país no hemos hecho es más ductos o ramales, así como tampoco un plan más agresivo de masificación. En el Perú son 5 millones de hogares con GLP, a eso se debe llegar con gas natural”, enfatizó.
¿Qué renegociar?
Aun sin tener certeza de lo que buscará renegociar el Estado con el Consorcio, algunas pistas se desprenden del ideario de Perú Libre. En este documento se menciona que el verdadero impuesto anual -entre canon, regalías e impuesto a la renta- que debe pagar el operador sería de US$ 23.000 millones, empero hoy paga US$ 1.135 millones.
Según los especialistas consultados para este informe, la proyección de ingresos toma marcadores internacionales máximos de un momento coyuntural, por tanto el cálculo de Perú Libre es con base en una cuenta mal hecha.
En opinión de Gonzalo Tamayo, socio de Macroconsult, lo primero que debe tenerse claro es la política energética de este Gobierno, de tal manera “se saldrá de una discusión política, para ir a una discusión técnica”, con el objetivo de masificar el gas y de “consumir menos GLP, y encontrar una solución al tema del transporte y llevar más gas al interior del país”.
Asimismo, el también exministro de Energía y Minas precisó que el Gobierno deberá decidir si la infraestructura necesaria para avanzar con la masificación será encargada a privados, lo cual ve difícil por el nivel tan pequeño del mercado, o se avanza a través de APP o iniciativas públicas.
“Esto es un tema económico y dependerá de cómo se paguen los costos y que el consumidor tenga una tarifa, que se conecte y bote el balón de GLP; para ello la única forma es que cambie el gas natural y se quede con dinero en el bolsillo, que económicamente se beneficie”, subrayó.
Para Germán Alarco, profesor investigador de la Universidad del Pacífico, la prioridad absoluta, en el marco de un posible renegociación, es la atención al consumo interno del gas natural y en segundo lugar la extensión de la mejora en los precios para el mercado doméstico.
“La intensificación del uso del gas natural no solo reduciría las importaciones de derivados del petróleo, sino que reduciría los costos energéticos para familias y empresas entre 1% y 2% del PBI”, estimó.
Según Alarco, además del proceso de renegociación se puede ir avanzando al mismo en otras actividades. Citó, entre ellas, al gasoducto del sur peruano; diseñar y desarrollar otros gasoductos; ampliar las redes de distribución urbana; establecer redes de distribución en otras ciudades de la sierra sur; y obligar el uso del gas natural vehicular en todo el transporte público urbano e interurbano a nivel nacional. “Esto último debe caminar con programas de financiamiento vía el precios del GNV, como se hizo anteriormente”.(LA REPÚBLICA)
