Por: Dionicio Mantilla León
El 28 de julio el Presidente de la República, Martín Vizcarra, recogiendo el sentir de la población que reclama a gritos por las calles del país el cierre del Congreso, tomó la decisión de proponer el adelanto de las elecciones generales del 2021 al 2020, según el cual no sólo se irían los 130 congresistas sino, también él. Una medida calificada como sorpresiva, insólita y audaz, pero completamente apegada a lo normado por la Constitución Política pues para ello propone la reforma constitucional de los artículos 90 y 112 que fija 5 años de duración para el mandato congresal y presidencial, respectivamente.
Ahora bien, según el artículo 206 de la carta Magna la citada propuesta deberá ser aprobada por el Congreso por mayoría absoluta y ratificada por referéndum y, según el Presidente Vizcarra, de lograrse la aprobación las elecciones tendrían lugar en abril del próximo año. De esta manera, la ciudadanía asiste a un acontecimiento que conmueve el normal discurrir de la historia nacional motivado por la confrontación permanente con el Congreso que comenzara al día siguiente de la asunción de Pedro Pablo Kuzchinski como Presidente de la República, en donde la candidata perdedora, Keiko Fujimori, evidenció su notoria disconformidad por la derrota con visibles gestos de descortesía ante al ganador y luego, de triunfalismo con sabor a desquite por el hecho inusual del logro en el Congreso de una mayoría aplastante de 73 parlamentarios.
Una confrontación que dura ya tres años por la permanente obstrucción del Congreso dominado por el fujimorismo con sus aliados los apristas a los proyectos de ley alcanzados por el Ejecutivo, así como los descarados blindajes a personajes corruptos de sus propias filas y de funcionarios de alto nivel haciendo abuso de una inmunidad sólo aplicable para el ejercicio congresal y no para delitos comunes.
En su discurso del 28 de julio el primer mandatario enfatizó con claridad: “Con esta acción se reforzarán los cimientos de nuestra República aunque ello implique que todos nos tengamos que ir. Debemos definir juntos el futuro de nuestro país y nuestro legado a las futuras generaciones”. Expresiones acordes con el clamor popular de disolver el Congreso, pero no de renuncia del Presidente.
Ahora bien, ¿La medida adoptada por el Presidente Vizcarra conviene al país?¿No habría otra salida al problema? ¿Qué riesgos traería consigo?
El desprestigio del Congreso tiene larga data y se ha ido agudizando con los crecientes escándalos protagonizados en el hemiciclo, un desprestigio que se fuera incubando desde que se descubrieron las estafas en las hojas de vida de buen número de fujimoristas, la casi nula producción legislativa y el comportamiento grosero y bravucón sobre todo de fujimoristas y apristas todo ello indigno de estadistas parlamentarios. Pero, ”la cereza del pastel”, fue la desnaturalización de los proyectos de reformas políticas alcanzadas por el Ejecutivo aprobándolos al gusto de los parlamentarios y no de lo que la ciudadanía reclama, todo lo cual propició la excesiva baja en la aprobación del Legislativo a solo 5%. o sea, casi nada.
Si bien estos problemas han obstaculizado el accionar del Ejecutivo es evidente que este no ha acometido la superación de graves problemas latentes como la inseguridad ciudadana, el destrabe de los mega proyectos económicos nacionales, la reconstrucción del norte, los problemas de educación, salud, infraestructura vial. No se acometen proyectos de fomento agrario ni industrial y se incurren en gruesos yerros en los temas de la gran minería (Bambas, Tía María) etc. Como se advierte la labor del Ejecutivo tampoco es el ideal, pero la aprobación ciudadana no es baja, pues llega al 44%.
El adelanto de las elecciones no es lo más conveniente para el país porque sienta un precedente negativo a futuro pues implicaría incapacidad de las autoridades democráticas para resolver los problemas nacionales y que por cualquier crispación política retacean nuestra Carta Magna. Por eso conociendo que la consigna de obstaculización del fujimaprismo va a continuar el gobierno debe buscar la oportunidad de proponer proyectos de iniciativas públicas a las cuales el Congreso nuevamente rechace planteando entonces la cuestión de confianza procediendo a disolver el Congreso. De este modo, tendríamos un nuevo Congreso, pero seguiría el Mismo Presidente de la República a cumplir su mandato en el 2021, pero con un gabinete ministerial idóneo que gobierne de manera eficiente y servirá para enviar a su casa un año antes a todos los escandalosos, bronqueros y mediocres que ojalá nunca más regresen.
Al parecer, al Presidente Vizcarra le ha faltado “muñeca política” habida cuenta que no cuenta con partido político propio y carece de asesores y operadores políticos. Este escenario ha propiciado la adopción de la medida extrema del adelanto de las elecciones. Ojalá que la nueva jornada electoral que se graficará a partir de abril del otro año arroje un parlamento con verdaderos estadistas, que no exista mayoría aplastante, que el nuevo Presidente cuente con un partido político orgánicamente sólido, ideológicamente consistente y que el partido que gane cuente con un Plan de Gobierno debidamente estructurado y de cara al Bicentenario de la Independencia Nacional.