Los dos primeros meses del 2019 cerraron con 25 feminicidios, tres más que el año 2018. Recordemos algunos casos, cuyos autores no han sido identificado ni capturados. Hay al menos siete mujeres que aún no obtienen justicia.
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Lizbet, Elizabeth, Cristina, Carmen, Nickol, Irma y María son algunas de las víctimas del 2019 que aún no pueden descansar en paz. Sus asesinos están no habidos y se suman a los casos de feminicidios que están impunes tras la fuga del victimario.
Hasta el cierre de esta nota, se han registrado 26 feminicidios en lo que va del 2019, según el Ministerio de la Mujer. En enero fueron 14 y en febrero, 11. El primer caso de marzo fue reportado este martes cuando Preidi Emerson Chullo Méndez era auxiliado por los Bomberos después de intentar quitarse la vida en un hostal de Santa Anita. El sujeto confesó que horas antes había asesinado a su pareja Malú Carmen Anyosa Huauya en la vivienda que compartían en Huachipa.
Los números son crudos. Entre enero y febrero se han cometido 13.6% más feminicidios que los registrados en el mismo periodo de tiempo en el 2018, según cifras del Ministerio de la Mujer.
Hace unos días el ministro del Interior, Carlos Morán, indicó a RPP Noticias que la Policía había capturado a 16 feminicidas. A ellos hay que sumar la reciente detención de Chullo Méndez.
Consultado sobre casos de mujeres asesinadas cuyos victimarios no han sido capturados o no han sido identificados, Morán afirma que la Policía Nacional “por lo menos va a hacer su trabajo capturando a los autores”. Aunque manifiesta que los feminicidios “no son responsabilidad policial nada más”.
“Tienen que participar todos los sectores del Estado y la sociedad para erradicar esta nociva practica del machismo. Estos patrones socioculturales que están arraigados en la sociedad. Hay que atacar el machismo porque el machismo mata”, indica.
Casos sin cerrar
De acuerdo con información recopilada por la Defensoría del Pueblo, estos son casos de feminicidios cuyos principales sospechosos no han sido capturados ni identificados.
*Lizbet Daniela Torres Recuay (22) (Junín): Fue encontrada muerta tras haber recibido varias puñaladas en la vivienda de su pareja, Ricardo Carlos Chávez Torres. El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo dictó nueve meses de prisión preventiva y orden de captura. Sigue no habido.
*Elizabeth Maquera Maquera (36) (Arequipa): Ella y su hijo de 13 años fueron encontrados en costales abandonados en una carretera. Su expareja Fredy Ramos Ginez es el principal sospechoso del crimen, según la Divincri de Arequipa. Está no habido.
*Cristina Lanudo Morocco (32) (Puno): Fue encontrada en una zanja situada en un descampado, con signos de haber sido ultrajada y torturada. La última vez que la vieron fue con su pareja, Fredy Huisa Cucho, quién está no habido. La Fiscalía Provincial Penal de Carabaya formalizó la denuncia contra este sujeto por el presunto delito de feminicidio.
*Carmen Mendoza Flores (26) (Junín): Fue encontrada desnuda y con signos de ahorcamiento en la vivienda que había compartido con su expareja, Eder Solín Chagua Reyes. Según reportaron medios locales, el feminicida llamó a sus familiares para pedir que recojan el cuerpo de su expareja. Tiene orden de prisión preventiva, pero está no habido.
*Irma Guerrero Morales (51) (Piura): Su cuerpo fue encontrado con signos de haber sido estrangulada y presentaba rasguños y golpes en distintas partes de su cuerpo. La Fiscalía de Huancabamba todavía no identifica a los sospechosos del crimen.
*Nickoll Dayanne Arrasco Barrionuevo (22) (Ica): El cuerpo de la víctima fue encontrado dentro de un cilindro de plástico al interior de una vivienda desocupada. El caso se encuentra en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha. Todavía no se ha identificado al autor.
*María Lisbet Paulino Vásquez (30) (La Libertad): La víctima falleció en el hospital de Trujillo tras 15 días de agonía. Según denunciaron sus familiares, sufrió una golpiza por parte de su conviviente, quién está no habido. El caso lo investiga la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Trujillo.
Decirle no a la impunidad
“La impunidad genera tolerancia social”, señala Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Considera que el sistema de justicia no va al mismo ritmo que los feminicidas y teme que los casos de violencia contra la mujer ocasionen un “colapso institucional”.
“Estamos en una progresión de dos feminicidios por día entre enero y febrero. Esto puede llegar a cifras alarmantes”, dice.
La funcionaria señala que en el 2018 solo hubo ocho sentencias por casos de feminicidio. Una cifra muy baja, considerando que al año se registran más de cien. “El nivel de punición tiene que ser alto para que tenga efecto preventivo. Debe ser un mensaje para aquellos que están agrediendo mujeres, si no el tema se ve normalizado y llegamos a una situación en que la justicia no está respondiendo a un problema que ya tiene dimensiones muy grandes en el país”, afirma.
Revollar recuerda un caso emblemático: el asesinato a Marisol Estela Alva. La joven procedente de Cajamarca fue hallada enterrada en un cilindro. El principal sospechoso de su muerte, según la Policía Nacional, es su expareja, el suboficial del Ejército Luis Estebes Rodríguez, quien fue incluido en el programa Recompensas, donde se ofrecen 20 mil soles por información sobre su paradero. “Si la justicia fuera oportuna, no estaríamos buscando a los que fugaron”, afirma.
El protocolo para identificar el delito
Beatriz Ramírez, abogada y especialista en temas de género, indica que la impunidad también es visible cuando el sistema de justicia “no sabe identificar” cuando ha ocurrido un delito cuya base ha sido la discriminación sexual. Por ello, sostiene, el Ministerio Público aprobó en agosto de 2018, su protocolo: Investigación de los delitos de feminicidio desde la perspectiva de género.
“Que el Ministerio Público se dé cuenta que necesita darle elementos, como un ABC, [a los fiscales] de cómo se reconoce la discriminación sexual cuando matan a mujeres o cuando intentan matarlas es un avance en medio de una problemática que todavía no hemos logrado revertir”, indica.
El documento de 56 páginas establece una serie de pautas para el fiscal desde el momento en que llega a una escena de crimen: la recolección de evidencias, la dirección de las pesquisas, las entrevista al presunto autor, testigos y familiares; y la elaboración de su teoría del caso, entre otros actos de investigación.
“El protocolo te dice cómo se debe realizar una autopsia. Por ejemplo, qué tipo heridas tienes que ver, qué cantidad de heridas te dan un patrón sexual. El protocolo también te dice las circunstancias de la muerte. Por ejemplo, si la víctima fue dejada desnuda o si fue violada antes. Esas son circunstancias que te pueden decir si un caso es feminicidio o no”, detalla Ramírez.
La abogada cree que, si un fiscal realiza una investigación sólida y no hay corrupción ni prejuicios de por medio, va a obtener una sentencia condenatoria. “Por eso se necesita que la investigación sea contundente y que se haga con perspectiva de género”, afirma.
Desde su experiencia, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, estima que un magistrado “en menos de un año” debería tener una sentencia condenatoria. Aunque reconoce que “depende de que cada fiscal tome interés y sea eficiencia en cada caso concreto”, porque recuerda que la carga procesal para los magistrados es grande.
Según Chávez Cotrina, el principal reto de los fiscales para poder hacer una investigación eficiente es el tema logístico, las pericias y las capacitaciones.
“Necesitamos personal administrativo, fotocopiadoras, papeles, además de que los peritos cuenten con sus insumos para pericias de ADN, de grafotecnia y de balística, según cada caso”.(RPP NOTICIAS)