Por: Dionicio Mantilla León
Hace unos días el gobierno ha iniciado una reforma tributaria orientada a lograr una mayor recaudación para el erario nacional y para ello ha decretado el aumento de los impuestos entre ellos el Impuesto Selectivo al Consumo, el que incide sobre las gaseosas, licores, cerveza y cigarros; pero, también, sobre los combustibles (Petróleo y gasolina). En el primer caso, el gobierno lo justifica porque dichos artículos afectan la salud y, en el segundo, porque generan contaminación del aire.
Junto a ello el gobierno ha iniciado algo que la población aplaude, es decir, un proceso de austeridad eliminando, para ello, los gastos superfluos y frívolos en las instancias del Estado proyectando ahorrar este año hasta 2,500 millones de soles.
Ahora bien, toda reforma tributaria es entendible, pero no son aceptadas en toda su magnitud por la población, verbigracia el caso de un artículo de consumo muy sensible como es el aumento del impuesto a los combustibles el que se ha realizado sin medir el impacto económico social, pues, como base de la economía productiva y comercial, genera negativas consecuencias en cadena: la elevación del precio de los pasajes, del flete de carga, del precio de los productos alimenticios y, con todo ello, la elevación del costo de vida. Por esta razón, este impuesto debe ser anulado inmediatamente, es el pedido del pueblo.
Pero, como si este golpe a la economía popular fuera poco el Ministro de Economía, David Tuesta, anunció colocar un Impuesto a la renta de los trabajadores que ganan menos de 2,075 soles mensuales intento que fuera desautorizado por el Premier y el Presidente de la República, algo que llama la atención pues un Ministro no puede difundir algo si es que no ha tenido la anuencia de estas últimas autoridades, salvo que haya sido una disparada personal. Y eso que falta aplicar el impuesto a la propiedad que ha sido recomendado por el Fondo Monetario Internacional (Diario Gestión: 24_05_18). Todo esto viene motivando el rechazo de la clase trabajadora con y movilizaciones como en Cuzco, Puno, Arequipa, Trujillo.
Sin lugar a dudas, que una mayor recaudación económica habrá de permitir una mayor inversión del gobierno en las obras y servicios que requiere la población obteniendo con ello la reactivación de nuestra economía hasta llevarla a un crecimiento del orden del 3.5 % este año y, al 5% en el 2021 tal como es su objetivo. Empero, debemos decir que la reforma tributaria que viene implementando es unilateral pues afecta sólo a los pobres y no a la clase pudiente para quienes esto es una bicoca.
Si la intención del gobierno es lograr una mayor recaudación fiscal debe cobrar las gigantescas deudas que le tienen las grandes empresas privadas a las cuales no “toca” y no lo hará porque el gobierno aplica un modelo económico que privilegia a la empresa privada, pues según la SUNAT las grandes empresas privadas le tienen una deuda 55 mil millones de soles, deudores entre los que figuran la empresa española Telefónica, los bancos y las grandes empresas mineras transnacionales.
Otro canal de recaudación sería la eliminación de las exoneraciones de impuestos a las 41 universidades privadas con fines de lucro cuyos dueños han formado grandes imperios económicos y políticos. Con ello se recaudaría hasta 1,925 millones de soles anuales, según el Presidente de la Asociación de Universidades Públicas, Jorge Alva, Rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Otro renglón de recaudación sería la recuperación de las millonarias sumas que han robado los corruptos ex presidentes así como el pago de las reparaciones civiles que nadie paga.
Si a esto sumamos lo que se recaudaría por la disminución de los astronómicos sueldos de los altos funcionarios del Estado que van de los 40 a 60 mil soles mensuales y un mayor ahorro en los gastos superfluos del Congreso de la República el gobierno tendría no sólo para invertir en obras públicas, sino para atender todas las demandas salariales, brindar un servicio de educación y salud de calidad y totalmente gratuitos.
Un sueño que será sólo un sueño mientras sigamos encadenados a un modelo económico neoliberal cuyo representante es el F. M. I. que ordena a los gobiernos de Latinoamérica establecer impuestos lesivos a las mayorías, no “tocar” a las grandes empresas privadas y más bien brindarles toda clase de privilegios.