La Libertad.- Aunque las autoridades regionales y municipales se renuevan, se mantiene la tensa relación entre muchas de ellas y las instituciones que administran justicia.
Entre autoridades regionales y provinciales, son 16 procesos pendientes (judiciales o fiscales) por los que deberán responder.
Varias de ellas han sido reelectas o asumirán un cargo de mayor jerarquía, arrastrando procesos, en la mayoría de los casos, por delitos de corrupción que habrían cometido dentro de la función pública.
También están quienes llevan a cuestas acusaciones de distinta índole pero de gran gravedad.
CUESTIONADOS. En el caso del alcalde aprista del distrito de Chao (Virú), Ney Gámez Espinoza, que ha sido recientemente proclamado alcalde provincial de Virú, tiene un juicio pendiente por supuesta defraudación tributaria.
Gámez fue sentenciado a 10 años de prisión efectiva por haber ocultado en sus declaraciones juradas del 2003 y 2005, el dinero que había obtenido por sus negocios. Debido a ello, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) perdió S/. 3,4 millones.
Tras la apelación de la defensa de Gámez ante la Corte Suprema, en octubre del año pasado ésta resolvió que el proceso vuelva a fojas cero. Debido a la lentitud del sistema judicial peruano, el expediente aún no retorna a La Libertad para que se programe la primera audiencia del nuevo juicio.
El electo alcalde de Trujillo, Elidio Espinoza Quispe, deberá enfrentar un nuevo juicio por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, secuestro y abuso de autoridad en agravio de cuatro supuestos delincuentes. Estos hechos se habrían perpetrado en el año 2007, cuando Espinoza , coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), aún se encontraba en ejercicio.
Luego de que fue absuelto por la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL) en julio de 2013, la decisión fue apelada y el proceso volvió a fojas cero. La Fiscalía solicitó que el caso sea transferido a la Corte Suprema de Justicia, en Lima. La Corte liberteña aún no resuelve si admitirá la solicitud o no.
APEPISTAS. César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), dejó la alcaldía de Trujillo en abril y será proclamado presidente regional la próxima semana, a menos que proceda la impugnación presentada por el Partido Aprista Peruano (PAP).
Durante sus siete años de gestión edil, ha acumulado tres procesos judicializados, por negociación incompatible (2) e incumplimiento de normas de manejo de residuos sólidos.
Asimismo, en la Fiscalía hay siete investigaciones en su contra. Seis de ellas corresponden a los presuntos delitos de corrupción: peculado de uso, negociación incompatible, contra la administración pública y peculado (3).
Uno de los procesos judicializados por negociación incompatible se debe a la supuesta entrega irregular de subvenciones del municipio de Trujillo, presuntamente para favorecer sus actividades proselitistas.
El apepista Carlos Arturo Rebaza López, alcalde electo de Sánchez Carrión, carga con una investigación fiscal por minería informal. En la Fiscalía Provincial Mixta de Sánchez Carrión también existe una investigación preliminar en su contra por el presunto delito contra el patrimonio. No está de más recordar que en el año 1995 fue condenado por el delito de apropiación ilícita.
La Fiscalía inició diligencias preliminares contra Víctor Luján Chero, electo alcalde de Santiago de Chuco por APP, por el supuesto delito de peculado doloso.
Tampoco está libre de cuestionamientos el alcalde electo de Gran Chimú, Diber Pérez Rodríguez (de APP), quien fue denunciado ante la Fiscalía en noviembre de 2013 por el presunto delito de apropiación ilícita.
LOS QUE PARTEN. Quienes se despiden de sus cargos públicos también se llevan consigo preguntas por responder a la justicia.
El actual presidente regional, José Murgia Zannier, cuenta con dos procesos judicializados -por colusión y patrocinio ilegal, respectivamente- y dos en la Fiscalía Anticorrupción, por supuesta colusión y delito contra la administración pública.
El aprista pronto cumplirá 25 años ininterrumpidos de gestión pública dentro de la región. El proceso por colusión que afronta en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo corresponde a los actos de corrupción que se habrían cometido durante el servicio de mantenimiento de la carretera Simbal-La Cuesta-Paranday-San Ignacio-Sinsicap-Collambay-Simbal.
El actual alcalde de Chepén, David Lías Ventura, fue denunciado por un ex funcionario ante la Fiscalía por la compra de materiales para la promoción turística de Chepén con presunto fraccionamiento indebido.
De otro lado, a la alcaldesa de Magdalena de Cao (Ascope), Rosa Elías Ávila -elegida por APP-, también dejará el cargo, pero antes podría afrontar prisión preventiva por presunto peculado.
Aunque todas las autoridades que administran recursos públicos son susceptibles de fiscalización, que varios de ellos carguen ya con serios cuestionamientos, hace prever que al salir, su equipaje podría ser aún más gordo.(correo)