Testimonio y documentos revelan que una investigación que implicaba a Manuel Burga en el delito de lavado de activos fue desactivada y truncada por la Policía Nacional.
Por: Juan Carlos Ortecho y Carlos Neyra (Revista PODER)
Un policía aplicado recibe el encargo de investigar a Manuel Burga por lavado de dinero. Luego de sus pesquisas, elabora un atestado donde expone en detalle los resultados de su investigación y concluye que existen suficientes indicios para denunciar al presidente de la Federación Peruana de Fútbol y dos de sus asociados por el delito de lavado de activos. El atestado nunca llega a la Fiscalía. Esta es la historia de ese cambiazo.
En lugar del atestado, lo que llega a la Fiscalía es un simple parte policial, es decir, un documento sin contenido incriminatorio, en el que se concluía que no existía evidencia suficiente para denunciar a los investigados. A consecuencia de ello, se archiva el caso. Burga y sus allegados respiran tranquilos, por lo menos por ahora.
Estos hechos, ocurridos entre los años 2010 y 2012 –mientras la afición futbolística vivía una luna de miel con el técnico de la selección Sergio Markarián– fueron comprobados por un equipo de investigación de la revista PODER, en base a testimonios y documentos que apuntan a que habría existido un manejo irregular en sede policial de la investigación al Presidente de la Federación Peruana de Fútbol y otros personajes de su entorno.
EL POLICÍA QUE INVESTIGÓ A BURGA
La investigación periodística de PODER descubrió la historia de Dante Gamarra Zuñé, el diligente suboficial de la División de Lavado de Activos de la PNP, cuyo último caso en su carrera policial era la tarea de seguirle el rastro a la denuncia formulada en marzo del 2010 por la Procuradora contra el Lavado de Activos, Julia Príncipe, por el delito de lavado de dinero en el que estarían comprometidos Manuel Burga Seoane, y sus socios, Enrique Pacheco Farromeque y Enrique Pacheco Velarde.
Los hallazgos del policía cuentan una historia que se inicia con la conformación de una escuela de entrenadores de fútbol denominada “Instituto Alfonso Huapaya Cabrera”. Este instituto fue creado por una resolución del Ministerio de Educación en el año 2001 y operó desde entonces en las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol.
La información detallada en el atestado sostiene que a solicitud de Manuel Burga, el Ministerio nombró como director del referido instituto al Sr. Enrique Alejandro Pacheco Velarde en Octubre del 2003. Pero el suboficial Gamarra refiere que quien en la práctica dirigió la entidad fue el hijo de Pacheco Velarde, el Sr. Enrique Alejandro Pacheco Farromeque.
¿Por qué es importante este dato? Porque como veremos más adelante, el Instituto Huapaya jugará un rol central en el manejo y desvío de fondos y recursos que correspondían a la Federación Peruana de Fútbol.
Es imposible que Manuel Burga niegue conocimiento del funcionamiento irregular de la mencionada institución, pues se tiene constancia en el libro de actas de la FPF de su presencia en la sesión de directorio del 01 de diciembre del 2004, cuando se instala la Junta Directiva del Instituto Huapaya y se otorga facultades a Enrique Alejandro Pacheco Farromeque como director para la correspondiente inscripción de la institución en SUNARP y SUNAT.
Es decir, Burga propuso a Pacheco Velarde como director ante el Ministerio de Educación e internamente designó a Pacheco Farromeque para que maneje el Instituto Huapaya. ¿Por qué lo hizo? El atestado de Gamarra indica que el hombre de confianza de Burga era Pacheco Farromeque, pero que como este último no contaba con título universitario se utilizó al padre, un abogado jubilado y ex trabajador del Estado para que preste su nombre.
LA FUGA DEL DINERO
Con las facultades otorgadas por Burga y su Junta Directiva, en abril del 2005 Pacheco Farromeque registra en la Sunat la Asociación Civil No Gubernamental Instituto Superior Tecnológico Privado Alfonso Huapaya Cabrera.
Durante su investigación, el suboficial Gamarra pudo obtener documentos del Congreso de la República, cuya Comisión presidida por Renzo Reggiardo había levantado el secreto bancario al Instituto Huapaya y a los miembros de su Junta Directiva (incluyendo a Pacheco Farromeque).
Gracias a esta información, el atestado del policía consignó que en virtud de una adenda al convenio específico suscrito por Burga y Pacheco Farromeque en julio del 2007, los millonarios ingresos captados por la Federación por concepto de derechos de televisión y patrocinio fueron administrados por el Instituto Huapaya. De esta manera, se registran solo entre el 2007 y el 2008 ingresos de por lo menos 11’954,572 soles en las cuentas bancarias del Instituto Huapaya, según información consignada en el atestado de Gamarra.
El 2007 es un año de especial atención pues se inician las eliminatorias para el mundial de Sudáfrica 2010. Y no solo porque se lleva a cabo la campaña más desastrosa de la selección peruana en esa instancia, al mando de José ‘Chemo” Del Solar, sino porque la Federación había suscrito un contrato con la Compañía Andina de Radiodifusión (ATV) para la transmisión de los partidos del equipo del ‘Chemo’ por el importe de 6 millones de dólares.
El 2 de Agosto de ese año, días antes del debut contra Paraguay, Burga informó a la Junta Directiva de la Federación que en vista de que se encontraba impedido de ejercer su cargo por una inhabilitación pendiente del IPD, le había solicitado a ATV que abone la primera cuota del contrato en una cuenta del Instituto Huapaya.
Pocos días después, se verifica el abono de S/ 1’785,000 soles de parte de Andina de Radiodifusión S.A.C. en una cuenta de la Asociación Civil Instituto Huapaya. Esto quiere decir que por un período de tiempo de más de un año entre el 2007 y el 2008, los millones de dólares que correspondían a la Federación Peruana de Fútbol fueron administrados por el representante legal del Instituto Huapaya, Sr. Enrique Pacheco Farromeque.
Coincidentemente, desde el 2005 –y mientras Perú era eliminado en las clasificatorias para el mundial de Alemania bajo la dirección técnica de Freddy Ternero– Gamarra encontró que había empezado el despegue económico de Enrique Pacheco Farromeque, registrando ingresos en sus cuentas bancarias personales por más de un millón de dólares entre el 2006 y el 2008. En el proceso también adquiere a título personal cuatro inmuebles (incluyendo una casa de playa), una veintena de vehículos y una embarcación marítima.
LAS ACUSACIONES PENDIENTES
Estas irregularidades dieron lugar a que el Procurador del Ministerio de Educación denunciara a Burga y los Pacheco por los delitos de apropiación ilícita y contra la fe pública en julio del 2008, denuncia que fue asumida por la 57 Fiscalía. Posteriormente, y con esa investigación en curso, la Procuradora Príncipe presentó una denuncia por lavado de activos y defraudación tributaria frente a la 36 Fiscalía en marzo del 2010.
En el primer proceso, la 57 fiscalía formuló acusación por "peculado impropio y asociación ilícita para delinquir", caso que actualmente se ventila en el 16 juzgado Penal. El segundo proceso –el de lavado de activos– fue dilatado por Manuel Burga y sus asociados con la presentación de un Hábeas Córpus en junio del 2010. A su solicitud, el Octavo Juzgado Penal de Lima ordenó a la División de Lavado de Activos de la Policía Nacional detener la investigación hasta que no se resolviera la acción de garantía presentada por los denunciados.
El Hábeas Corpus fue declarado improcedente. Mientras tanto, y luego del "cambiazo" de atestado por parte, la 36 Fiscalía remitió los actuados a la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios, por disposición de la 8va Fiscalía Superior. En esa instancia, el Fiscal Fredy Eloy Vizcarra Villegas dispone el archivo definitivo de la denuncia.
Sin embargo, la Procuradora Príncipe apeló la decisión y la Tercera Fiscalía Superior dispuso que se amplíe las investigaciones.
Este es el caso al que se refirió recientemente el Fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia en declaraciones a la prensa.
EL ATESTADO PERDIDO
De vuelta a la historia del atestado perdido, Gamarra concluyó al final de su investigación que detrás de los cientos de movimientos bancarios y societarios entre las personas jurídicas y naturales sobre los que puso la lupa, existía una organización criminal que tenía como finalidad desviar el dinero de las arcas de la Federación Peruana de Fútbol, para el aprovechamiento de terceros que nada tenían que ver con la organización deportiva.
Los hallazgos de dicha investigación fueron plasmados en un atestado que el policía entregó días antes de su retiro a su superior directo, el entonces Jefe de la División de Lavado de Activos de la DIRINCRI, coronel Renato Solís Torres.
Grande fue la sorpresa de Gamarra cuando descubrió que el efectivo policial que lo relevó en el caso, el suboficial Pedro Mejía Arias, había elaborado un parte que decía que no era factible pronunciarse “sobre la existencia o no del delito de lavado de activos” de parte de Manuel Burga y sus supuestos cómplices.
Más aún, comprobó que los indicios incriminatorios de su investigación habían sido eliminados del documento que la policía finalmente remitió a la fiscalía. Por ejemplo, en el listado de propiedades de Pacheco Farromeque, se había eliminado la existencia de un inmueble y de la embarcación marítima. La persona que decidió eliminar esta información, sin embargo, no tuvo el cuidado de suprimir el encabezado, quedando en evidencia cómo el atestado de Gamarra fue cercenado:
Gracias a este último documento, el Ministerio Público dispuso el archivo definitivo de la denuncia contra Burga y sus supuestos cómplices, Enrique Pacheco Farromeque y Enrique Pacheco Velarde.
-"¿Por qué lo hicieron?, ¿Para qué lo hicieron?, ¿Qué presión tuvieron?" – son la preguntas que se hace hasta ahora el ex policía Dante Gamarra.
Las respuestas las tienen el entonces Jefe de la División de Lavado de Activos, Renato Solís Torres y el Suboficial Pedro Mejía Arias. Cabe anotar que Solís fue ascendido a general en marzo del 2013 e inmediatamente asumió la jefatura de la Policía Anticorrupción, cargo que ocupa hasta ahora, pese a haber sido separado temporalmente de la fuerza policial un año antes cuando se encontraba todavía en la jefatura de Lavado de Activos y fuera denunciado por presuntamente extorsionar a un empresario investigado.
PODER solicitó una entrevista con ambos oficiales para conocer su versión, pero la división de prensa de la Policía Nacional del Perú, nos contestó que por el momento “no era factible” atender nuestra solicitud.
LOS INDICIOS QUE FUERON ELIMINADOS
En su investigación, el suboficial Gamarra verificó:
1) La existencia de millonarios movimientos bancarios en las cuentas de una institución educativa (el Instituto Huapaya) que apenas contaba con la matrícula de unos 160 alumnos por año.
2) La irregular participación del Instituto Huapaya en el manejo financiero de los ingresos que le corresponden a la Federación Peruana de Fútbol.
3) Un repentino y considerable incremento en el patrimonio de Enrique Pacheco Farromeque, desde el momento en que recibió el encargo de dirigir al Instituto Huapaya de parte del presidente Burga.(la república)