Derechos humanos. Procurador anticorrupción refiere que 400 mujeres han brindado sus testimonios que fueron coincidentes y concordantes.
Para el procurador anticorrupción Christian Salas sí existe material probatorio para formalizar la denuncia contra las esterilizaciones forzadas realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Según dijo hay una serie de víctimas que declararon sobre los procedimiento a los que fueron sometidas, en testimonios que fueron coincidentes y concordantes.
"En este caso tenemos un promedio de 400 mujeres afectadas. Hemos elaborado una argumentación bastante sólida, consideramos que hay material probatorio para sustentar la formalización de una denuncia", señaló.
Por ello, dijo, impugnaron la decisión del fiscal Marcos Guzmán Baca, titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, de archivar la investigación, quien consideró que no existió dolo en la actuación de Fujimori y de tres de sus ministros de Salud a pesar de todas las pruebas e indicios.
"Tenemos las versiones de diversas personas, lamentablemente el Ministerio Público en este caso no ha emitido una resolución que consideramos adecuada, así que la impugnamos", refirió Salas.
Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables exhortaron al Ministerio Público y al Poder Judicial a garantizar el debido proceso de las mujeres que denunciaron haber sido esterilizadas de manera forzada.
A través de un comunicado señalaron que las víctimas están "a la espera de sanciones e indemnizaciones, según corresponda, dentro del marco de la legislación peruana y los estándares internacionales".
Ese portafolio lamentó que a pesar de la existencia de 2.074 casos de mujeres que han denunciado haber sido esterilizadas en contra de su voluntad –18 de las cuales perdieron la vida a consecuencia de las cirugías–, el MP ha decidido el archivamiento de 2.073 casos y solo recoge el de Mamérita Mestanza, quien murió a consecuencia de una infección tras la esterilización.
La defensa de las mujeres esterilizadas forzadamente ha anunciado que esperan que un fiscal superior se pronuncie y decida si ratifica el archivamiento o procede la denuncia para que se inicie el juicio oral. De ocurrir lo primero, recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.(la república)