Caso Chavín de Huántar
Defensa aseguró ante Corte IDH que sí se respetaron estándares internacionales en intervención militar de 1997. Abogada de la familia de los emerretistas dice lo contrario y afirma que últimos testimonios fortalecen su versión.
Consuelo Alonzo C.
Durante dos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó la defensa final del Estado peruano a la operación Chavín de Huántar y los alegatos de quienes consideran que sí se produjeron ejecuciones extrajudiciales en el rescate a la residencia del embajador japonés en 1997.
Allí, Juan Jiménez Mayor, representante de Perú ante la OEA, sostuvo que han dejado en claro que sí se respetaron los estándares internacionales durante la intervención militar, con lo cual descartó que los comandos hayan eliminado a algunos miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) cuando estos ya estaban rendidos.
Desde San José (Costa Rica), dijo que le explicaron al Tribunal que la intención primordial de esa intervención militar era salvar la vida de los rehenes.
"Hemos tratado de convencer a la Corte IDH de que este fue un operativo militar exitoso. Que no existió una política de arrasar con las huestes terroristas, sino de controlar la residencia, el orden público y salvar la vida de los rehenes", dijo en declaraciones a RPP.
En ese sentido, Jiménez mencionó que –ante la Corte– subrayaron que se trató de un combate con armas de fuego.
Por su parte, el abogado Ántero Flores Aráoz mencionó que en forma paralela a la defensa del Estado peruano, presentó a la Corte IDH documentos con información clave que sustenta que la operación militar fue "limpia" y que las víctimas de ese hecho fueron los rehenes y los comandos que por 17 años sufren acciones judiciales y sospechas.
Por ello, refirió que resultaría injusto que, como consecuencia de la ardua discusión jurídica y técnica en torno al operativo militar, la Corte IDH acepte la absurda e injusta anulación del proceso militar y civil que se llevó a cabo en el país y ordene el inicio de una nueva investigación a los comandos.
Al respecto, la codefensora de los comandos, Delia Muñoz, sostiene que el caso "debe cerrarse definitivamente".
"Sí fue ejecutado"
En tanto, Gloria Cano, abogada de la familia del emerretista Eduardo Cruz Sánchez, alias 'Tito', señaló que –desde su punto de vista– los testimonios y peritajes presentados "fortalecen su posición de que sí existieron ejecuciones extrajudiciales". "Los propios jueces llamaron la atención al Estado peruano por no centrarse en los tres hechos materia de la controversia (las muertes de Eduardo Cruz, Herma Luz Meléndez y Víctor Peceros). Pero quedó claro para la Corte que las propias autoridades judiciales de Perú reconocieron que en el caso de Cruz hubo ejecución", aseguró Cano.
Al ser consultada sobre la afirmación del médico forense Juan Manuel Cartagena Pastor, quien descartó que 'Tito' haya sido ejecutado, pues mostró pruebas que aseguran que el disparo que recibió fue a larga distancia y de forma lateral, la abogada explicó que es "irrelevante lo que se diga o no" pues las sentencias en el fuero interno dicen lo contrario y nadie impugnó esa afirmación.
Al margen de ello, Cano señaló que siempre reconocieron que el Estado debe velar por la seguridad y la libertad de las personas tomadas como rehenes, y que si esta debía incluir una acción militar, esta es legítima pero cuidando que no se violen los derechos humanos.
Piden investigar muerte de 'Tito'
El procurador público Especializado Supranacional y Agente Titular del Estado Peruano, Luis Alberto Huerta Guerrero, dijo ayer a la Corte IDH que la versión del ex diplomático japonés Hidetaka Ogura, quien afirma que vio con vida a la emerretista Herman Luz Meléndez, "no es creíble, no constituye indicio, probado y concluyente, y menos, grave".
Anoche, el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde recomendó a la Tercera Sala Superior de la Corte Superior de Justicia de Lima que se investigue el extremo de la presunta ejecución extrajudicial de 'Tito', a fin de que se determine la responsabilidad del coronel EP (r) Jesús Zamudio.
Voceros de Aprodeh precisaron que el proceso que se ventila en la Corte IDH solo involucra al Estado peruano por un presunto incumplimiento a los estándares internacionales y no a los comandos de Chavín de Huántar.
"En la Corte no se ve el caso individual de nadie. Solo la responsabilidad del Estado", dijeron.
Claves
La Corte IDH emitiría su sentencia por este caso entre julio y agosto.
La comitiva oficial que defendió al Estado peruano está conformada por Daniel Figallo, ministro de Justicia; Luis Alberto Huerta, procurador público; Joaquín Missiego, agente alterno del Estado Peruano, y la abogada Sofía Donayre.(la república)