Aseguró tener orden del Poder Judicial y que esta debe cumplirse en un plazo máximo de diez días. Terreno de 415 hectáreas pretende ser vendido a 373 mil dólares, cuando su precio real, según tasación del CEPIP, supera los 800 mil dólares. Estado perdería casi medio millón de dólares y perjudicaría al pueblo liberteño. “No permitiremos faenón”, dice la mayoría de consejeros que asistió a reunión.
Apenas había cumplido un mes al frente del precario cargo de delegada del Consejo Regional de La Libertad, cuando la consejera Olga Yglesias develó la que sería una de las razones por las que ambicionó llegar a ocupar ese cargo, para lo cual no le importó atropellar los derechos constitucionales de los demás legisladores liberteños y desconocer el reglamento del propio Consejo que pretende conducir.
El miércoles, en la primera reunión de trabajo en su condición de “consejera delegada”, conminó a sus colegas a aprobar la venta del terreno donde se proyecta desarrollar el proyecto Virú Mar, operación comercial que de concretarse ocasionaría la pérdida de casi medio millón de dólares al Estado y perjudicaría a la región y al pueblo liberteño.
Olga Yglesias argumentó que hay una orden del Poder Judicial, la misma que otorga un plazo de solo diez días para aprobar la venta, en caso contrario los consejeros podrían ser multados y hasta destituidos de sus cargos, según se apuró en sustentar, tratando de intimidarlos para lograr el acuerdo.
Ante esta propuesta, los consejeros Mayer Haro Rafael (Otuzco), Bandwer Santa Cruz Pardo (Pacasmayo), Enma Cumpa Luján (Santiago de Chuco), Fanny Ruiz Burgos (Julcán), Jesús Quispe Vilcatoma (Pataz) y Helvidia Castillo León (Trujillo), rechazaron la petición y alegaron que no permitirán ninguna venta ilegal del terreno en mención, “porque el pueblo de la provincia de Virú merece respeto”.
“¡No permitiremos ningún faenón en Virú Mar!”, advirtieron los legisladores, quienes rechazaron la supuesta orden del Poder Judicial pues esta vulnera los derechos del Consejo Regional de La Libertad. Luego, aseguraron que no están contra las iniciativas privadas, como el proyecto Virú Mar, pero que estas deben hacerse en un marco de respeto a las leyes, no infringiéndolas.
Así mismo, los consejeros dejaron entrever que habría un supuesto nexo familiar entre el juez que habría dictado la orden judicial y algunos interesados en el mencionado proyecto, razón por la que solicitarán que se investigue exhaustivamente para determinar si existe parentesco entre estas personas.
Después, añadieron que la pretendida venta del terreno para el proyecto Virú Mar, en puerto Morín, fue promovida por tres integrantes del Consejo Regional del periodo 2007-2010 y que la propuesta fue rechazada en dos oportunidades por dicho Consejo.
Además, dijeron, que el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada (CEPIP) advirtió vicios en la tasación del terreno –pues el precio de venta está muy por debajo del precio de arancel– y observó que el proyecto Virú Mar carecía de sustento ecológico.
Los consejeros regionales explicaron que el proyecto ha sido visto el año pasado por la Comisión Ordinaria de Proyectos y Programas Especiales del Consejo Regional, que presidía Mayer Haro Rafael, y que tiene opinión de la Asesoría Legal de la Presidencia Regional, de la Procuraduría Pública Regional y del Proyecto Especial Chavimochic, en donde recomiendan que se debe esperar que el tema lo resuelva de manera definitiva el Poder Judicial, en tanto el Consejo Regional y la mencionada Comisión deben esperar el mandato judicial.
El proyecto Virú Mar es una iniciativa privada de la empresa ECO S.A., que tiene planificado desarrollarlo en el puerto Morín, sobre un terreno de 415 hectáreas por el que pretende pagar 373 mil dólares, cuando en realidad el costo del predio, según una tasación del CEPIP, supera ampliamente los 800 mil dólares, lo que ocasionaría una pérdida para el Estado de casi medio millón de dólares y perjudicaría a la región y al pueblo liberteño. (trujillo informa)
Apenas había cumplido un mes al frente del precario cargo de delegada del Consejo Regional de La Libertad, cuando la consejera Olga Yglesias develó la que sería una de las razones por las que ambicionó llegar a ocupar ese cargo, para lo cual no le importó atropellar los derechos constitucionales de los demás legisladores liberteños y desconocer el reglamento del propio Consejo que pretende conducir.
El miércoles, en la primera reunión de trabajo en su condición de “consejera delegada”, conminó a sus colegas a aprobar la venta del terreno donde se proyecta desarrollar el proyecto Virú Mar, operación comercial que de concretarse ocasionaría la pérdida de casi medio millón de dólares al Estado y perjudicaría a la región y al pueblo liberteño.
Olga Yglesias argumentó que hay una orden del Poder Judicial, la misma que otorga un plazo de solo diez días para aprobar la venta, en caso contrario los consejeros podrían ser multados y hasta destituidos de sus cargos, según se apuró en sustentar, tratando de intimidarlos para lograr el acuerdo.
Ante esta propuesta, los consejeros Mayer Haro Rafael (Otuzco), Bandwer Santa Cruz Pardo (Pacasmayo), Enma Cumpa Luján (Santiago de Chuco), Fanny Ruiz Burgos (Julcán), Jesús Quispe Vilcatoma (Pataz) y Helvidia Castillo León (Trujillo), rechazaron la petición y alegaron que no permitirán ninguna venta ilegal del terreno en mención, “porque el pueblo de la provincia de Virú merece respeto”.
“¡No permitiremos ningún faenón en Virú Mar!”, advirtieron los legisladores, quienes rechazaron la supuesta orden del Poder Judicial pues esta vulnera los derechos del Consejo Regional de La Libertad. Luego, aseguraron que no están contra las iniciativas privadas, como el proyecto Virú Mar, pero que estas deben hacerse en un marco de respeto a las leyes, no infringiéndolas.
Así mismo, los consejeros dejaron entrever que habría un supuesto nexo familiar entre el juez que habría dictado la orden judicial y algunos interesados en el mencionado proyecto, razón por la que solicitarán que se investigue exhaustivamente para determinar si existe parentesco entre estas personas.
Después, añadieron que la pretendida venta del terreno para el proyecto Virú Mar, en puerto Morín, fue promovida por tres integrantes del Consejo Regional del periodo 2007-2010 y que la propuesta fue rechazada en dos oportunidades por dicho Consejo.
Además, dijeron, que el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada (CEPIP) advirtió vicios en la tasación del terreno –pues el precio de venta está muy por debajo del precio de arancel– y observó que el proyecto Virú Mar carecía de sustento ecológico.
Los consejeros regionales explicaron que el proyecto ha sido visto el año pasado por la Comisión Ordinaria de Proyectos y Programas Especiales del Consejo Regional, que presidía Mayer Haro Rafael, y que tiene opinión de la Asesoría Legal de la Presidencia Regional, de la Procuraduría Pública Regional y del Proyecto Especial Chavimochic, en donde recomiendan que se debe esperar que el tema lo resuelva de manera definitiva el Poder Judicial, en tanto el Consejo Regional y la mencionada Comisión deben esperar el mandato judicial.
El proyecto Virú Mar es una iniciativa privada de la empresa ECO S.A., que tiene planificado desarrollarlo en el puerto Morín, sobre un terreno de 415 hectáreas por el que pretende pagar 373 mil dólares, cuando en realidad el costo del predio, según una tasación del CEPIP, supera ampliamente los 800 mil dólares, lo que ocasionaría una pérdida para el Estado de casi medio millón de dólares y perjudicaría a la región y al pueblo liberteño. (trujillo informa)