El 51.5 % (7´937,000) del electorado que votó por Ollanta Humala para que lograra la Presidencia de la República lo hizo porque quería un cambio en la manera de conducir los destinos del país.
Si bien el Perú goza de bonanza económica esta viene seguida de una asqueante estela de corrupción, exclusión y llevando a extremos el neoliberalismo económico, conceptualizando a la inversión privada como la panacea de la economía nacional satanizando todo tipo de intervención del Estado.
Por ello, el régimen anterior no tuvo reparos en privatizar- ahora denominado “concesionar”- hasta las empresas públicas estratégicas y neurálgicas entre ellos puertos, aeropuertos, empresas eléctricas, energéticas y hasta nuestras tierras amazónicas e islas, reduciendo a su mínima expresión la participación estatal y quien se atreviera a plantear lo contrario era -aún lo afirman- considerado como estatista y promotor de un “salto al vacío”. ¿Cuánta verdad encierra esta afirmación?
Un argumento esgrimido por quienes defienden una posición privatista a ultranza es que el Estado es un pésimo administrador de empresas trayendo a colación algunos casos presentados años atrás, pero “fabricados” adrede por malos gobernantes lo cual jamás se puede considerar como una constante en el tiempo. Esto, sin embargo, no debía ser una justificación para la concesión indiscriminada de las empresas públicas neurálgicas tal como se ha venido haciendo durante el gobierno aprista uno de los últimos flagrantes casos de lesionamiento de nuestra soberanía nacional ha sido la concesión del puerto de Mollendo, Paita, muelle norte del Callao y, algo más cercano, nuestro puerto de Salaverry.
Frente a esta manera de tratar nuestras empresas públicas el Presidente Ollanta Humala durante su discurso en la asunción del cargo presidencial ha anunciado un cambio: “Planteamos una economía nacional de mercado. Recuperaremos el rol empresarial y promotor del Estado”, ha sostenido. Consecuente con ello ha anunciado la potenciación de empresas públicas como ENAPU, SIMA, Electro Perú y Petro Perú, que adrede habían sido llevadas casi a la quiebra por Alan García. Asimismo, se promoverá la industria petroquímica, la marina mercante, se creará una línea aérea de bandera, entre otras obras. El nuevo rol del Estado en la conducción de la economía nacional implica, también, su incursión mixta con el empresariado privado, amén de su rol subsidiario tal como lo estipula la Carta Magna (art. 60, 2-párrafo).
Si junto a estos anuncios agregamos una línea de capacidad gerencial y una honestidad a toda prueba se daría forma a un paquete de gestión empresarial del Estado orientado al objetivo de servir a los intereses nacionales sin exclusiones, pero en convivencia con el empresariado privado y sin predominancia de ningún tipo, esto es, sin estatismos, ni privatizaciones a ultranza. De esta manera, el “cuco” de un Estado incapaz y corrupto que han venido manejando gobiernos corruptos en complicidad con grupos de poder económico interesados quedará atrás y un futuro promisor con un Perú para todos, será una feliz realidad.
“El fortalecimiento de las empresas estatales resulta una necesidad moderna sobre todo para asegurar el ahorro interno”, sostiene el investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Dr. Jorge Manco Zanconetti, opinión que es compartida por muchos economistas y que es implementada en Brasil y Chile, por ejemplo. A lo que acotamos nosotros: Un Estado eficiente y honesto administrador de empresas públicas y promotor de la producción nacional no tiene por que generar temores; un Estado promotor de las inversiones privadas, tampoco.
Un argumento esgrimido por quienes defienden una posición privatista a ultranza es que el Estado es un pésimo administrador de empresas trayendo a colación algunos casos presentados años atrás, pero “fabricados” adrede por malos gobernantes lo cual jamás se puede considerar como una constante en el tiempo. Esto, sin embargo, no debía ser una justificación para la concesión indiscriminada de las empresas públicas neurálgicas tal como se ha venido haciendo durante el gobierno aprista uno de los últimos flagrantes casos de lesionamiento de nuestra soberanía nacional ha sido la concesión del puerto de Mollendo, Paita, muelle norte del Callao y, algo más cercano, nuestro puerto de Salaverry.
Frente a esta manera de tratar nuestras empresas públicas el Presidente Ollanta Humala durante su discurso en la asunción del cargo presidencial ha anunciado un cambio: “Planteamos una economía nacional de mercado. Recuperaremos el rol empresarial y promotor del Estado”, ha sostenido. Consecuente con ello ha anunciado la potenciación de empresas públicas como ENAPU, SIMA, Electro Perú y Petro Perú, que adrede habían sido llevadas casi a la quiebra por Alan García. Asimismo, se promoverá la industria petroquímica, la marina mercante, se creará una línea aérea de bandera, entre otras obras. El nuevo rol del Estado en la conducción de la economía nacional implica, también, su incursión mixta con el empresariado privado, amén de su rol subsidiario tal como lo estipula la Carta Magna (art. 60, 2-párrafo).
Si junto a estos anuncios agregamos una línea de capacidad gerencial y una honestidad a toda prueba se daría forma a un paquete de gestión empresarial del Estado orientado al objetivo de servir a los intereses nacionales sin exclusiones, pero en convivencia con el empresariado privado y sin predominancia de ningún tipo, esto es, sin estatismos, ni privatizaciones a ultranza. De esta manera, el “cuco” de un Estado incapaz y corrupto que han venido manejando gobiernos corruptos en complicidad con grupos de poder económico interesados quedará atrás y un futuro promisor con un Perú para todos, será una feliz realidad.
“El fortalecimiento de las empresas estatales resulta una necesidad moderna sobre todo para asegurar el ahorro interno”, sostiene el investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Dr. Jorge Manco Zanconetti, opinión que es compartida por muchos economistas y que es implementada en Brasil y Chile, por ejemplo. A lo que acotamos nosotros: Un Estado eficiente y honesto administrador de empresas públicas y promotor de la producción nacional no tiene por que generar temores; un Estado promotor de las inversiones privadas, tampoco.