Los excandidatos exhortaron a Sánchez y Fujimori a combatir la criminalidad y recuperar la institucionalidad. Exigieron la derogación de las leyes procrimen y pidieron el restablecimiento del estado de derecho en Perú. Adicionalmente, se subrayó la necesidad de asegurar derechos humanos y justicia para víctimas de violencia.
El décimo punto fue uno de los aspectos más resaltantes del acuerdo. En este se señala que los candidatos a la presidencia tienen la responsabilidad de respetar la voluntad popular con el objetivo de impulsar, junto con las nuevas autoridades electas, un proceso de recuperación de la legitimidad democrática.
Asimismo, propone reducir el mandato presidencial y parlamentario a dos años, reformar las leyes político-electorales, adelantar las elecciones presidenciales y congresales, y garantizar que en julio de 2028 se elijan nuevas autoridades sin cuestionamientos.
"Los excandidatos presidenciales, dirigentes políticos, gremiales, sindicales y sociales que suscribimos el presente Acuerdo Democrático por la Recuperación de Nuestra Patria invocamos a los dos candidatos presidenciales, Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino, que disputarán la segunda vuelta, así como a los partidos representados en el nuevo Congreso, a impulsar esta agenda mínima como eje de acción para la gobernabilidad que el país requiere y como agenda que nos integre en la defensa y recuperación de la dignidad nacional”, se lee en el comunicado.
Exigen a Fujimori y Sánchez combatir la criminalidad y recuperar la institucionalidad
En el primer punto, el Acuerdo Democrático por el Perú exhortó a Fujimori y Sánchez a enfrentar la criminalidad y la inseguridad ciudadana. Como parte de las medidas planteadas, se demandó la derogación inmediata de las denominadas “leyes procrimen” aprobadas por el actual Congreso con el respaldo de Fuerza Popular y sus aliados.
El documento también remarca la necesidad de combatir tanto la criminalidad callejera y gubernamental como las economías ilegales.
"El futuro del Perú está en riesgo. La institucionalización del crimen callejero y gubernamental sigue en aumento, al igual que la destrucción de la débil institucionalidad del Estado de derecho, el orden constitucional y la democracia", manifestaron.
El segundo punto del acuerdo plantea la recuperación de la institucionalidad del Estado de derecho y la democracia. Para ello, propone restablecer la separación y el equilibrio de poderes, garantizar el respeto a la autonomía de los organismos constitucionales y proteger los derechos humanos “sin discriminación hacia los más vulnerables, minorías culturales y otros sectores sociales”.
"La polarización política, social y cultural, que niega todo diálogo social y concertación nacional, augura un nuevo período gubernamental de agudización de nuestra crisis, que afectará la reactivación económica con diversificación productiva, el empleo con derechos y la lucha contra la desigualdad".
El tercer punto del acuerdo plantea la búsqueda de justicia para las familias de las personas fallecidas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. La demanda también alcanza a otras víctimas de asesinatos y vulneraciones de derechos humanos.
“Ni impunidad ni perdón para los responsables de esos delitos ni de los delitos de lesa humanidad”, señala el documento.
Otros pedidos a Sánchez y Fujimori
En el cuarto punto, el acuerdo plantea priorizar la reactivación económica con el objetivo de impulsar el crecimiento y diversificar la producción. Asimismo, propone combatir la informalidad y las economías ilegales, además de promover el empleo con derechos como una herramienta efectiva para reducir la pobreza y la desigualdad.
El quinto tema del acuerdo plantea una reforma integral de las políticas de educación y salud, con el objetivo de que ambos sectores brinden servicios oportunos y de calidad a la ciudadanía. “Educación y salud son derechos humanos prioritarios, más que negocios mercantiles”, señala el documento.
El sexto punto del acuerdo apuesta por la necesidad de reformar el Estado, fortalecer la descentralización y mejorar la gestión en todos los niveles de gobierno del país.
Para ello, propone impulsar de manera simultánea una lucha integral contra la corrupción pública y privada, tanto nacional como transnacional, la cual —según señala el documento— “se apropia ilegalmente de los recursos del Estado y destruye los servicios públicos de los peruanos”.
El séptimo punto del acuerdo propone definir una política nacional de protección del medio ambiente y de aprovechamiento de los recursos naturales, respetando los contratos vigentes con las empresas operadoras.
En el octavo punto, el acuerdo exhorta a defender la soberanía nacional sin injerencia de otros países. Se propone que el Perú desarrolle sus políticas nacionales con independencia y soberanía, en beneficio nacional y en relación con todos los países del mundo.
En el noveno punto, se plantea establecer un proceso de diálogo social y concertación nacional con los partidos políticos vigentes, además de movimientos regionales, gremios y organizaciones de la sociedad civil, así como con los poderes del Estado y organismos constitucionales.
Excandidatos presidenciales formaron parte del Acuerdo Democrático por el Perú
El Frente Social por el Perú contó con la participación de los excandidatos presidenciales Mesías Guevara, Marisol Pérez Tello, Herbert Caller, Johnny Lescano, Lucio Castro y Enrique Valderrama, entre otros.
El primero en tomar la palabra fue Herbert Caller, representante del Partido Patriótico del Perú. Durante su intervención, sostuvo que respetar los resultados electorales “es la forma real de poder materializar el futuro democrático” del país. “Estamos en esta triste situación de escoger entre el sida y el cáncer”, afirmó.
Por su parte, Valderrama (APRA) sostuvo que el décimo punto del acuerdo, referido al respeto de los resultados electorales, “debe ir más allá” y planteó impulsar una reforma constitucional para unificar los organismos electorales.
En tanto, Pérez Tello (Primero la Gente) reiteró que votará viciado porque considera que ni Roberto Sánchez ni Keiko Fujimori la representan. No obstante, destacó la necesidad de promover el diálogo y reconocer las diferencias entre los ciudadanos.
“Nuestro país es ingobernable si seguimos viéndolo desde derechas e izquierdas. No podemos gobernar desde Lima o desde las capitales de región”, manifestó.
En esa misma línea, cuestionó a Fujimori y Sánchez por no impulsar la derogación de las denominadas leyes procrimen. Según indicó, ambos cuentan con representación y votos en el Congreso para hacerlo.
Finalmente, Guevara (Partido Morado) afirmó que el fujimorismo no debe retornar al poder. Adelantó que no votará por la candidata de Fuerza Popular, aunque dejó abierta la posibilidad de respaldar a Roberto Sánchez “siempre y cuando se comprometa a un mandato de gobernabilidad”.
“No me veo con la conciencia limpia y con la condición moral de estar en un eventual gobierno de la señora Fujimori después de haber contribuido con un voto viciado”, sostuvo. Sin embargo, el exaspirante al sillón presidencial se opuso al adelanto de elecciones.(La República).