El abogado penal recomendó que las altas autoridades de la ONPE, incluyendo a su jefe, Piero Corvetto, opten por un esquema de "transparencia total" y cooperación con la justicia para esclarecer las fallas de control interno que suscitaron problemas en la jornada electoral del domingo 12 de abril.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha presentado este lunes ante la Fiscalía una denuncia penal contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y tres funcionarios de la misma institución, por los problemas reportados el domingo 12 de abril que causaron demoras en la instalación de mesas de votación en varios distritos de Lima.
En una entrevista con RPP, el abogado penalista Carlos Caro explicó que la denuncia abarca tres delitos específicos tipificados tanto en el Código Penal como en la Ley Orgánica de Elecciones: omisión de funciones, atentado contra el derecho de sufragio y obstrucción del proceso electoral.
"Estamos ante delitos netamente dolosos y creo que esa va a ser la gran discusión de fondo. Negligencia grave hay por todos lados. La pregunta es si hay suficiente material probatorio para dar el salto hacia la parte del delito, porque no hay delitos negligentes, culposos o por imprudencia en el ámbito electoral", dijo.
Caro señaló que el contrato que realizó la ONPE con la Servicios Generales Gálaga para el traslado del material electoral en las elecciones generales 2026 por más de 6,3 millones de soles "viola los patrones más elementales de la debida diligencia".
Explicó que la empresa "no cuenta con una flota de vehículos" y que "ya había sido multada en un proceso de menor importancia en el 2023". Al respecto, RPP detectó que Servicios Generales Gálaga registra varios contratos con la ONPE suscritos en 2020, 2021, 2022 y 2023.
De estos, la concesionaria fue penalizada económicamente por la misma entidad hasta en 3 ocasiones, todas durante la gestión de Piero Corvetto como jefe de dicha entidad electoral.
Este hecho podría dar material para investigar los presuntos delitos de colusión desleal o negociación incompatible, "que son los que se dan justamente en el ámbito de la contratación pública con el proveedor", detalló el abogado.
Sin embargo, Caro sostuvo que los imputados podrían basar su defensa en una supuesta "negligencia", la cual conlleva "a responsabilidades civiles, administrativas y políticas, pero no a responsabilidades penales".
Finalmente, el experto legal recomendó que las altas autoridades de la ONPE, incluyendo a su jefe, Piero Corvetto, opten por un esquema de "transparencia total" y cooperación con la justicia para esclarecer las fallas de control interno que permitieron este escenario.(RPP).